El Gobierno incumple su propio decreto: libra a las eléctricas de subastar su energía barata

El Gobierno ha incumplido su propio Real Decreto-ley 17/2021. El Consejo de Ministros aprobó el 14 de septiembre una norma por la que las grandes eléctricas tendrían que ofertar electricidad en una subasta a precios asequibles para los grandes consumidores industriales y para otras comercializadoras independientes, ambos muy castigados por la crisis energética. Sin embargo, ya en 2022, fuera del plazo establecido a tal fin, dicha norma no se ha llevado a término.

"El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobará un calendario para estas subastas, y la primera tendrá lugar antes de que acabe el año; Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP ofertarán 15.830 GWh, equivalentes al 6,3% de la demanda eléctrica nacional en 2020", señala la referencia del Consejo de Ministros del 14 de septiembre. El decreto establecía concretamente que antes del 31 de diciembre debería celebrarse la primera subasta. Iberdrola aportaría 7.323,63 GWh, Endesa dispondría 6.737,26 GWh, Naturgy aportaría 1.405,48 GWh y EDP subastaría 363,72 GWh.

Fue una de las medidas estrella que presentó la vicepresidenta Teresa Ribera para tratar de abaratar el precio de la luz, junto con la rebaja fiscal y de costes fijos y el hachazo a las eléctricas que posteriormente fue minimizado. El propio real decreto, posteriormente convalidado en el Congreso de los Diputados por la mayoría de la cámara, dedicaba un título completo —el segundo— a este fin: "Fomento de la contratación a plazo mediante mecanismos de mercado para la asignación de energía inframarginal gestionable y no emisora". Es decir, forzar una subasta de energía nuclear, hidráulica y otras renovables, cuyos costes son inferiores a los que marca el mercado marginalista, en nivel récord desde el verano.

"Esta regulación contribuirá a mejorar la liquidez y la competencia en los mercados a plazo, facilitando la realización de coberturas tanto a participantes actuales como a nuevos entrantes. La actual coyuntura de precios elevados en el mercado mayorista y sus efectos sobre los consumidores domésticos/comerciales e industriales en el actual contexto de recuperación económica tras la reciente pandemia justifican la extraordinaria y urgente necesidad y su adopción mediante real decreto-ley", señala la regulación aún vigente.

A este fin, se decía que habría de aprobar un calendario de subastas. Sin embargo, y pese a que se advierte de que es una medida que debía entrar en vigor antes del 31 de diciembre por su extrema urgencia, el Gobierno no ha activado este mecanismo.

Pese a las advertencias que lleva meses haciendo la industria sobre su dificultad de contratar energía barata y poder producir, finalmente el Gobierno no ha dispuesto este mecanismo. Fuentes del sector se preguntan si el Ejecutivo ha desistido de esta medida por falta de encaje legal o económico o es que no ha sido capaz de llevarla a cabo en tiempo y forma por la elevada carga de trabajo. Preguntadas por esta cuestión, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han declinado hacer comentarios.

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Esta cuestión ha sido desde su elaboración motivo de preocupación por parte de las eléctricas, que rechazan la misma. Algunas de ellas aseguran que ya tienen comprometida la venta de toda su producción y esta subasta les podría generar problemas con sus clientes.

Fuentes del sector destacan que el Gobierno puede haber dado marcha atrás con respecto a esta medida después de las duras advertencias hechas por Bruselas tanto a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, como a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, sobre los decretos aprobados en materia de energía.

Mientras tanto, la industria sigue quejándose de los elevados precios que soporta y que están obligando a hacer paros en la producción. Los productores electrointensivos señalan que las ofertas a precios asequibles de las eléctricas no acaban de llegar. Firmas como Fertiberia, Ferroatlántica, Sidenor o Megasa han tenido que parar durante el otoño a causa de los elevados costes energéticos. Por su parte, la subasta también estaba destinada a los consumidores residenciales. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitió que nueve millones de usuarios, más de tres de cada 10 contratos, pagarán el recibo más caro de la historia en 2021.