El Gobierno repesca las leyes de Garzón para reducir el consumo de azúcares, grasas y sal

El Gobierno de España pretende aprobar dos reales decretos relacionados con la alimentación saludable de los niños antes de que termine 2024. Son leyes que ya se avanzaron durante la pasada legislatura, bajo la tutela del exministro Alberto Garzón, pero que no llegaron a ver la luz ante el adelanto de las elecciones presidenciales que Pedro Sánchez convocó para el 23 de julio del año pasado.

El primero de estos reales decretos trata de regular "la publicidad de alimentos y bebidas con alto contenido en grasas, azúcares y sal dirigida a público infantil", según el Plan Anual Normativo 2024, al que ha tenido El Confidencial. Su objetivo es establecer unas normas concretas para los anuncios de estos productos y "contribuir así a la reducción de las tasas de obesidad infantil".

Aprobar esta ley fue uno de los deberes que Alberto Garzón dejó a su sustituto en un hilo que escribió en X (antes Twitter) cuando dejó la cartera de Consumo, que en esta legislatura ha quedado diluida en un ministerio más amplio, con competencia también en Derechos Sociales y Agenda 2030. Su responsable es Pablo Bustinduy, que forma parte de la cuota de Sumar y ha recogido el guante que le lanzó su antecesor.

Aprovechará todo el trabajo realizado con anterioridad, que culminó con la publicación de un borrador de la regulación sobre la publicidad de alimentos y bebidas dirigida al público infantil. Ese documento se publicó en marzo de 2022, cuando todavía faltaba un año para que se diluyesen las cortes. Sin embargo, su tramitación se estancó por las desavenencias con el Ministerio de Agricultura, que era coproponente de la ley, y ni siquiera se incluyó en el Plan Anual Normativo de 2023.

A nivel autonómico, algunas comunidades también han planteado medidas en este sentido. El País Vasco es quien más lejos ha llegado con la aprobación en febrero de la ley de Infancia y Adolescencia, que incluye el veto a los anuncios que inciten a ingerir comida rápida o bebidas energéticas. Galicia quiso ir un paso más allá y planteó también prohibir el consumo de esos alimentos ultraprocesados, pero no llegó a ratificar el proyecto.

La otra propuesta legislativa que el ministro Bustinduy se ha propuesto sacar adelante se centra en "el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros educativos". Concretamente, se enfocará en modificar dos artículos (40 y 41) de la actual ley de seguridad alimentaria y nutrición, aprobada en 2011, con el objetivo de "establecer criterios de calidad nutricional y de sostenibilidad de los menús".

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En este caso, el trabajo no está tan avanzado. Lo máximo que se pudo hacer durante la pasada legislatura fue presentar el proyecto y abrir el periodo de audiencia e información pública. Este trámite se realizó en septiembre de 2022 a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), organismo adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

AESAN, de hecho, participa en la elaboración de ambas normativas. Esta institución confirma que continúan "avanzando con la tramitación de estos importantes proyectos", con el objetivo de proteger "la salud de los niños y niñas de nuestro país mediante el desarrollo de medidas dirigidas a promover una adecuada alimentación".

Un estudio elaborado precisamente por AESAN, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III, determina que un tercio de los niños que viven en España supera el peso recomendado para su edad y uno de cada diez tiene obesidad. Estos factores "aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas que antes eran casi exclusivas de los adultos, además de asociarse a mayor probabilidad de tener exceso de peso en la edad adulta", apunta el propio informe.

Un tercio de los niños que viven en España supera el peso recomendado para su edad y uno de cada diez tiene obesidad

Con esta agenda legislativa, el ministro Bustinduy se ha propuesto atenuar un problema que varias organizaciones califican "de salud pública de primera magnitud".

Sigue así las directrices marcadas por su antecesor, aunque Garzón le instó también a avanzar en otras normas que él no pudo culminar, como aumentar la eficacia del arbitraje de consumo o crear nuevas leyes para regular los servicios de atención a la clientela.