El fichaje frustrado de Garzón por Acento tensa las costuras del 'lobby' de los 'lobbies'

El fichaje frustrado de Alberto Garzón por la consultora Acento, anunciado el pasado martes, ha agitado internamente la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), donde uno es miembro tanto a título particular, como en representación de las consultoras para las que trabaja. La mayoría son firmas dedicadas a las relaciones institucionales y los asuntos públicos. Lo que comunmente se conoce como lobbies.

Poco después de que el pasado miércoles este diario adelantara que Acento, la firma de asuntos públicos liderada por Pepe Blanco, ministro de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero, había acordado el fichaje del ministro de Consumo de Pedro Sánchez, se abrió un debate interno en el seno de la asociación de lobistas que se prolongó durante horas. Diversas fuentes consultadas por El Confidencial y conocedoras de las conversaciones de los chats internos, confirman que varios miembros pusieron encima de la mesa que dicha contratación vulneraba el código de conducta que firman todos los asociados.

Concretamente, fuentes de la junta de APRI advirtieron de que el fichaje de Garzón violaba el principio de incompatibilidad y desconexión. "Respetar la legislación aplicable a las incompatibilidades. Los parlamentarios y cargos públicos no podrán asociarse a APRI en los 3 años posteriores a su último mandato en las instituciones europeas y del Estado, tanto a nivel nacional como autonómico, salvo en caso de reincorporación a la profesión de asuntos públicos ejercida previamente", señala el punto 7 de la autorregulacón que se dan los profesionales de las relaciones públicas.

Con este argumento, hubo incluso quien pidió dentro de APRI que la asociación tomara posición y expulsara a Acento de la asociación, algo que finalmente no se produjo por la renuncia de Garzón, que justificó su marcha atrás para evitar perjudicar a la izquierda en la había trabajado y por la incomprensión de este espacio político. Varios miembros de partidos a la izquierda del PSOE criticaron públicamente la decisión del exministro, que calificó estas posturas de "inquisitoriales". Garzón tiene derecho a una pensión pública por los dos años posteriores al cese como ministro que ya ha solicitado.

Fuentes internas de APRI señalan que se contactó con los responsables de Acento para conocer cuales eran las intenciones de la firma respecto a la asociación, ya que el fichaje de Garzón vulneraba el código de conducta. Ante este panorama, fueron los propios directivos de Acento quienes dijeron que abandonarían este grupo. Las fuentes consultadas señalan que Apri entendía que, de haberse materializado el fichaje de Garzón, hubiera sido imposible la continuidad de Acento, por incumplir dicho código de conducta.

En Acento ya tenían asumido que con la llegada de Garzón a su consultora, abandonarían la asociación hasta que se volviera a una situación de compatibilidad, señalan fuentes de la firma. No obstante, ven exagerado el debate planteado respecto del movimiento anunciado el martes. En este sentido, destacan que hay al menos cuatro o cinco firmas de asuntos públicos que han incumplido o están incumpliendo el código de buenas prácticas, sin que esto haya provocado expulsión alguna ni debate en la junta. Además, ven el código aprobado excesivo, ya que contempla un periodo de incompatibilidad de tres años, por encima de la legislación, que obliga a dos años de espera para saltar de la política a la consultoría.

"Las fuentes consultadas señalan que el malestar expresado por algunos lobistas miembros de APRI y otras consultoras viene de lejos"

Las fuentes consultadas señalan que el malestar expresado por algunos lobistas miembros de APRI y otras consultoras viene de lejos, y este sólo ha sido un episodio más que ha agitado la asociación. Concretamente, señalan que ya en 2021 se vetó de facto la entrada de Acento. El motivo de este bloqueo fue el mismo que ahora planteaban para Garzón: la falta de un periodo de cuarentena entre las responsabilidades en el poder público y la llegada a las compañías de relaciones institucionales.

La justificación del veto entonces fue que ni José Blanco, ni Antonio Hernando, entonces miembro de Acento y hoy asesor de Moncloa, habían pasado la cuarentena suficiente, ya que ambos habían tenido responsabilidades en altos cargos públicos hasta 2019. Hay incluso quien señala ahora que había un fuerte choque entre la anterior directiva de Apri y Acento, que había llegado a ampliar el periodo de enfriamiento de dos a tres años de forma retroactiva, algo que entienden podía ser cuestionable.

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La asociación señala que "el Código de Conducta de APRI se aprobó en 2011 y es similar al que firman los lobistas inscritos en el Registro de Transparencia de Bruselas, gestionado conjuntamente por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. En el 2021, diez años después de la aprobación del primer Código de Conducta de APRI, desarrollamos una revisión comparativa con otros Códigos de Conducta nacionales y europeos, y como resultado hemos configurado un código de profesión que recoge cómo entendemos y queremos que sea nuestra profesión".

Las fuentes consultadas señalan que incluso la propia consultoría de Blanco y otras como Llorente y Cuenca (LLYC), cuya división de Public Affairs estaba entonces dirigida por Joan Navarro, quisieron constituir una agrupación de defensa del sector al margen de APRI, algo que finalmente no salió adelante. Acento es miembro también de European Public Affairs Consultancies Association, el Public Affairs Council y el Foro por la Transparencia.

Pero el malestar con Acento entre algunos miembros de APRI consultados por El Confidencial se mantiene vigente, a pesar de la renuncia de Garzón. Otra cosa que ha molestado es que se anuncie su fichaje sin que siquiera haya dado su visto bueno oficial la oficina de conflictos de interés. "Tendrían un ok informal, si no, no lo hubieran anunciado", asegura otra consultora del sector. Además, habría el convencimiento por parte de la compañía de que el organismo dependiente del Ministerio de Digitalización y Función Pública tendría que dar el plácet por cumplirse la normativa aprobada en 2015. Los más críticos señalan que la forma de entender su actividad, basada fundamentalmente en la agenda y los contactos, no es compatible con su visión de la profesión.

90 clientes en cuatro años

Otras fuentes, también adscritas a APRI y pertenecientes a la junta directiva, restan importancia y explican que todos los modelos de negocio son respetables. En este sentido, creen que es el mercado quien debe decidir si le interesa o no contratar sus servicios. Por ahí también encuentra parte de las tiranteces entre colegas. Acento, en cuatro años, se ha convertido en la primera consultora de Asuntos Públicos por facturación, alcanzando una cifra de más de seis millones de ingresos en 2022, lo que le supuso un beneficio de 1,5 millones. Está a la par con la división de Asuntos Públicos de Llyc y por delante de Vinces. Creen estas fuentes que puede haber una cierta animadversión porque les pueda estar quitando negocio. Acento ha hecho en cuatro años 90 clientes, una cartera que otros han tardado más de una década en conseguir.

La firma publica en su web los expolíticos de diversos grupos que están en sus órganos. El presidente es Alfonso Alonso, exalcalde del PP de Vitoria y exministro en la era Rajoy. En sus filas también está la socialista Elena Valenciano, nombrada por el Gobierno de Sánchez miembro del Consejo de Estado, que ahora ha designado como presidenta a la exvicepresidenta, Carmen Calvo. El propio Pepe Blanco compatibiliza este trabajo con ser consejero independiente en Enagás, el gestor del sistema gasista que cotiza en el Ibex-35. También son advisors de Acento, el exministro Valeriano Gómez, Esteban González Guitart (hijo del miembro de la ejecutiva de Feijóo en el PP, Esteban González Pons), Rubén Moreno (exsecretario de Estado del PP) o José María Lasalle (exsecretario de Estado con el PP).

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Entre sus clientes están, Huawei, LaLiga o Marruecos, según publica Cinco Días. En el pasado, los medios de comunicación también han hecho referencia al trabajo que han hecho sobre una enmienda que afectaba directamente al negocio de Aena. En Acento trabajó por un breve periodo de tiempo Albert Soler, el exdirector del Consejo Superior de Deportes (CSD) que tuvo responsabilidades en el FC Barcelona. Su salida se produjo después de que este se viera salpicado por el caso Negreira, aunque la Audiencia Nacional finalmente decidió no investigarle. Más recientemente, se anunció el visto bueno de la oficina de Moncloa de Ignacio Bengoechea, segundo jefe del Estado Mayor del Aire y del Espacio.

Consultadas por El Confidencial, fuentes de Acento responden a las críticas asegurando que ellos han hecho un esfuerzo por de transparencia, a diferencia de otras firmas que también trabajan con políticos pero con prácticas más opacas. No figuran en sus webs públicas, pero sí participan en sus consejos asesores y otros órganos.

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Acento no es la única empresa de lobby que busca ampliar plantilla entre los políticos que dejan sus responsabilidades. El propio Garzón reconoció en su comunicado de renuncia que había tenido ofertas de otras firmas. Además, desde el ámbito lobista piden que se mire también a las empresas, quienes también fichan a políticos al dejar sus cargos para los puestos de relaciones institucionales. Lo que tradicionalmente se ha conocido como puertas giratorias.

Para evitar polémicas con los fichajes, el sector del lobby pide una regulación clara y transparente que evite este tipo de conflictos y rencillas. De hecho, hay quien argumenta que la ley de lobbies, que no salió adelante por la convocatoria de elecciones del 23 de julio, contenía una referencia a un periodo de dos años de enfriamientos para ejercer la labor de asuntos públicos si antes se habían ocupado cargos de alta responsabilidad en la Administración Pública. La duda es si Garzón, conocedor de todas las deliberaciones del consejo de ministros en los últimos años, se hubiera quedado bloqueado, porque el anteproyecto especifica que sólo aplicaría si se va a dedicar a actividades relacionadas con sus competencias.

No todas están en APRI

No todas las firmas de Asuntos Públicos pertenecen a APRI. Algunas también en auge, como BeBartlet (participada por Llyc), tampoco pertenecen a la asociación, entre otras cosas porque también cuentan con expolíticos en sus filas. Nacho Corredor, su socio fundador, ya defendió tras el frustrado fichaje de Garzón que los políticos tienen derecho a poder aportar desde otros ámbitos de la sociedad una vez termine su vida institucional.

"Los políticos no tienen derecho a trabajar tras años dedicando su vida a lo común y acumular multitud experiencia(s) en gestión de crisis, negociación o estrategia. Reducir sus capacidades a la agenda es absurdo. Si no hay día después, ¿quien querrá entrar?", respondía Corredor a la renuncia de Garzón.

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Lo cierto es que los caminos de ida y vuelta entre empresas y la Administración siguen sin estar bien resueltos. Un exdiputado cuenta a este medio cómo veía que las cifras de los borradores legislativos se modificaban un día antes de ser aprobados, bajo el convencimiento de que había empresas reguladas que accedían a estos textos y hacían sus recomendaciones con ayuda de terceros.

Otros, sin embargo, señalan que la labor del lobby permite alinear los intereses de sus clientes con los de la sociedad y permite mejorar las normativas para que todos salgan ganando. El debate sobre el lobby bueno y el lobby malo, seguirá encima de la mesa.