Hernando hizo 'lobby' por una empresa que ha abierto un agujero de 1.500 millones a Aena

El nuevo fichaje de Pedro Sánchez para la Moncloa, Antonio Hernando, trabajó para una empresa que ha conseguido abrir, tras una compleja negociación, un agujero millonario a Aena. El motivo de la discordia está en una enmienda que aprobó el 23 de septiembre el Congreso y que obliga a la gestora aeroportuaria a rebajar por ley los alquileres que cobra a tiendas y restaurantes. Hernando estuvo ligado hasta el pasado viernes a Acento Public Affairs, la consultora que fundó hace un año con el ex vicesecretario general del PSOE José Blanco, y junto al exministro de Sanidad con Rajoy y expresidente del PP vasco Alfonso Alonso. La exfirma del nuevo colaborador del presidente del Gobierno —ha vendido todas sus acciones— tiene un cliente afectado por la situación en los aeropuertos y quiso conocer qué posición iba a adoptar el PSOE y si la iniciativa tenía visos de salir adelante.

Ha sido un varapalo para Aena que va a suponer dejar de ingresar 1.500 millones de euros en el periodo 2020-2025, según los cálculos internos de la compañía. Todo comenzó en el Senado, con la citada enmienda que presentó Nueva Canarias al proyecto de Ley de Ordenación del Transporte Terrestre. En ella, la formación planteaba incorporar una disposición para que el gestor aeroportuario fuera forzado a rebajar los contratos de arrendamiento en las áreas comerciales, para actividades de restauración o de comercio minorista, y ajustarlos a la caída de la actividad provocada por el covid. La enmienda no gustaba en el Gobierno, pero, tras poner a casi toda la oposición de acuerdo, superó el trámite en la Cámara Alta, primero, y más tarde en el Congreso gracias a los apoyos de la oposición: PP, Vox, ERC, Ciudadanos, PNV, Junts, PDeCAT y Nueva Canarias votaron a favor. PSOE y Unidas Podemos tuvieron que abstenerse.

Al Ejecutivo le supuso una derrota importante y el equipo de Lucena reaccionó inmediatamente a través de un contundente comunicado a la CNMV: "Aena está analizando las implicaciones jurídicas de esta normativa y ejercerá todas las acciones que correspondan en defensa del interés social de la compañía".

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El Gobierno detectó hace unas semanas que Antonio Hernando había "preguntado" por esta enmienda al grupo parlamentario socialista, según informan fuentes del Ejecutivo y confirman en su entorno. El nuevo alto cargo de Moncloa trabajaba aún en Acento y transmitió a su cliente, que estaba moviendo hilos para que la iniciativa triunfara por el ahorro que va a suponer para los arrendatarios de los locales aeroportuarios, que iba a interesarse por la situación. Llamó, por tanto, a un senador y conoció que el PSOE tenía previsto no votar a favor de la enmienda. Transmitió esa información a su cliente. Hernando niega que tuviera intención de “torcer voluntades” ni en el Senado ni en el Congreso. Desde Acento aseguran, por su parte, que han firmado "contratos de confidencialidad" con sus clientes y que no pueden desvelar ningún detalle al respecto.

El nuevo director adjunto del gabinete se reunió meses antes, y en varias ocasiones, con Maurici Lucena y altos cargos de Aena

No es el único movimiento que hizo Hernando antes de volver a la actividad pública. El nuevo director adjunto del gabinete se reunió meses antes, y en varias ocasiones, con Maurici Lucena y altos cargos de Aena para intentar que la empresa renegociara los alquileres de sus locales. Hernando admite que en estos encuentros actuó en todo momento en nombre de su cliente, una gran firma interesada en que no tuviera que pagar más por los locales que arrenda. No hubo acuerdo y se activó entonces la vía parlamentaria.

En el Gobierno, existe cierto malestar con todo lo sucedido. "No nos gusta perder votaciones y que Aena vaya a dejar de ingresar 1.500 millones", asegura un portavoz del Ejecutivo, en referencia al impacto de la medida y a que la oposición se pusiese de acuerdo para introducir dicha disposición en la ley.

Aena se revolvió contra la decisión

La norma aprobada en las Cortes Generales dispone que la renta mínima anual garantizada en dichos contratos correspondiente al periodo entre el 15 de marzo y el 20 de junio de 2020, ambos incluidos, quedará suprimida y no será exigible su pago por Aena. Igualmente, recoge que, a partir del 21 de junio de 2020, la renta mínima anual garantizada fijada en los contratos quedará reducida en proporción directa al menor volumen de pasajeros en el aeropuerto donde se ubique el local respecto al volumen de pasajeros que existió en ese mismo aeropuerto en 2019. Esta reducción será aplicable en 2020, así como en todos los años posteriores hasta que el volumen anual de pasajeros del aeropuerto sea igual al de 2019.

El varapalo llegó, además, tras ese proceso de negociación infructuoso entre Aena y los arrendatarios en el que estuvo implicado Antonio Hernando. Quien inclinó la balanza fue, en último término, el PNV, que en el Senado no apoyó la enmienda y que en el Congreso sí lo hizo, recordando que faltó interlocución entre el sector privado y el gestor aeroportuario.