Los OK de Moncloa a ex altos cargos para pasar al sector privado: Airbus, oenegés y la consultora de Pepe Blanco

Crece la lista de altos cargos públicos que recalan en el sector privado antes de los dos años que exige esperar la ley de incompatibilidades. El Gobierno ha revelado las últimas autorizaciones expedidas a responsables de la Administración para poder trabajar en compañías como el gigante de la aeronáutica Airbus, las clínicas privadas Quirónsalud o la consultora de asuntos públicos Acento, fundada por el exministro socialista y exvicesecretario general del PSOE José Blanco.

El último permiso otorgado por la Oficina de Conflictos de Interés, adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha sido para Ignacio Bengoechea, segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio. Este militar y alto mando adscrito al Ministerio de Defensa ha obtenido el plácet para trabajar en Airbus, Ela Aviation, un fabricante de aviones ligeros español, y Acento, la firma de public affairs que montaron Pepe Blanco y Antonio Hernando, quien abandonó el proyecto en 2021 para irse a la Moncloa como director adjunto del Gabinete de Pedro Sánchez.

Otro de los últimos permisos revelados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez fue para José Luis Gómara, que fue responsable en el área jurídica de la CNMV hasta el año pasado. Este abogado del Estado también tuvo responsabilidades en el Tesoro público, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, antes de ser nombrado director de asesoría jurídica de la red de clínicas Quirón, multinacional del gigante alemán Fresenius.

Otro de los que han logrado autorización nada más dejar su responsabilidad ha sido Alberto Martínez Lacambra. El mismo día en que abandonó su puesto de director general de Red.es, firma dependiente del departamento entonces liderado por Nadia Calviño, obtuvo el salvoconducto para iniciar su actividad en la vida privada. El pasado 29 de agosto, decía adiós a Red.es desde el foro de digitalización organizado por Ametic, asegurando que seguiría vinculado al mundo tecnológico.

Ese mismo día, la Oficina de Conflictos de Interés daba a Lacambra la concesión para incorporarse a Sorigué, empresa dedicada a la tecnología e ingeniería en el sector del agua. Se trata de un sector que conoce: antes de llegar a la empresa pública en 2021 fue CEO de Aguas de Barcelona (Agbar). También obtuvo el pasado agosto permiso para entrar en Visoren, firma del mundo inmobiliario. Además, logró autorización para trabajar en la Agencia Notarial de Certificación y en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Otra que también ha pedido incorporarse al mundo académico con el plácet del Gobierno ha sido Pilar Canedo, exconsejera de la CNMC. Canedo ha obtenido permiso para participar en la Universidad de Deusto, en la Universidad Carlos III y para ser senior expert en la OCDE. Por su parte, Amanda Meyer, exjefa de gabinete de la exministra de Igualdad Irene Montero, ha recalado en el despacho de abogados Almaida. Y Carmen Gayo, responsable de la Moncloa como directora de la Oficina del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza, se ha marchado a la ONG Acción Contra el Hambre.

Según revela la documentación oficial publicada por el Ejecutivo, desde 2014, la Oficina de Conflictos de Interés ha dado 480 autorizaciones para ejercer en el sector privado sin esperar los dos años que exige la ley de incompatibilidades. En 2023, se han otorgado 36 permisos hasta el tercer trimestre.