El nuevo encargo de Sánchez a Escrivá abre otra vía de negocio a Big Four y tecnológicas

Tecnológicas y Big Four se frotan las manos ante el nuevo encargo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ministro de Digitalización y ahora también encargado de administrar la Función Pública. El traslado de la responsabilidad sobre el cuerpo funcionarial y el resto de trabajadores públicos, antes en manos de Hacienda, se hace como "apuesta por una Administración moderna, más ágil, eficiente, que aproveche todas las oportunidades de la digitalización y la inteligencia artificial para mejorar la calidad de nuestros servicios públicos", señaló Sánchez el pasado viernes.

La tarea, tal y como la ha enfocado la Moncloa, abre una vía de negocio para las grandes consultoras y otras compañías tecnológicas. El reto es de una elevada magnitud. España se enfrenta al mayor número de jubilaciones de su historia. El baby boom encara su retiro durante esta década. Para 2025, más de 330.000 funcionarios alcanzarán la edad de jubilación y, de cara a 2030, se dejarán 900.000 plazas libres.

El retiro de trabajadores públicos ya es un problema con el que ha tenido que lidiar el ministro de Digitalización y Función Pública, José Luis Escrivá, en su anterior responsabilidad durante los últimos cinco años al frente de Seguridad Social. El responsable tuvo que ingeniárselas ante el aluvión de quejas de los ciudadanos que han tenido que hacer gestiones con el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

El propio Escrivá llevaba años advirtiendo de que las jubilaciones habían provocado un fuerte déficit de trabajadores en la Seguridad Social. El ministro tuvo que buscar soluciones más allá de reponer personal, tras reconocer que el servicio no estaba siendo lo suficientemente ágil. Este es solo un ejemplo dentro de la Administración pública. La mayoría de cuerpos temen que las jubilaciones puedan derivar en un empeoramiento de los servicios.

En este contexto, Sánchez ha pedido a Escrivá llevar a cabo una modernización de la Función Pública, aprovechando la digitalización y la inteligencia artificial. Y ese es un campo abonado para los especialistas.

Hace pocas semanas, aún con Escrivá al frente de Seguridad Social, el ministerio firmó un contrato con Deloitte e Indra "para la transformación digital de la gestión interna de la Subsecretaría del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones". Es decir, que para Escrivá no será nuevo trabajar con la obsolescencia tecnológica que sufren algunos departamentos de la Administración.

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Juan Cruz Peña

Escrivá es economista y auditor. Trabajó durante ocho años en el BBVA, con lo que conoce el funcionamiento del sector privado de primera mano. Dentro del Gobierno, es de los pocos que no está adscrito al Partido Socialista. Durante su mandato como ministro de Seguridad Social, ha confiado en diversas ocasiones en las Big Four y en las compañías tecnológicas para mejorar el departamento.

Recientemente, contrató a PwC para tratar de mejorar el acceso al ingreso mínimo vital, que entre sus principales fallos tiene que no llega a toda la población que prometía cuando se aprobó esta ayuda. Antes externalizó a Accenture la detección de falsos autónomos y fraudes con la creación de empresas ficticias. Antes llamó a Deloitte, KPMG, PwC, Accenture y McKinsey para reformar el sistema de subsidios y cumplir con Bruselas. También contó con los servicios de EY para la reforma de las pensiones, una de las cuestiones más sensibles que ha tenido que manejar el ministro. Son solo algunos ejemplos de externalización encargados por el departamento liderado por Escrivá hasta este año. Y, ahora, al frente de digitalización, contará además con el maná de los fondos europeos para tratar de modernizar toda la Administración.

Aplicar conceptos de digitalización e inteligencia artificial no siempre es fácil con los recursos internos. En muchas ocasiones, el Gobierno y sus ministros recurren al sector privado ante la falta de conocimiento y recursos propios dentro de la Administración para llevar a cabo determinadas tareas. En ese espacio es donde se abren oportunidades para tecnológicas y Big Four.

En muchas ocasiones, el Gobierno y sus ministros recurren al sector privado ante la falta de conocimiento y recursos internos

Todos estos contratos firmados con las tecnológicas y Big Four se dan pese a que Trabajo ha investigado a las grandes consultoras, tras ver indicios de que estas empresas no cumplen con el registro horario de los trabajadores. En el sector, estas empresas son conocidas por las jornadas maratonianas que hacen muchos de sus empleados. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, volvió a cargar contra estas empresas en su discurso, ante el Congreso de los Diputados, en la investidura de Pedro Sánchez. Pese a todo, la macroinspección de su departamento se saldó con una sanción leve. La líder de Sumar también ha externalizado con las Big Four algunos trabajos de su ministerio.