Escrivá recurre a las 'Big Four' para reformar el sistema de subsidios y cumplir con Bruselas

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha solicitado ayuda urgente a las grandes consultoras para "reordenar y simplificar el sistema de prestaciones no contributivas de la Administración General del Estado". El departamento liderado por José Luis Escrivá recurre a las 'Big Four' al "no disponer de medios propios" para dar asistencia técnica de apoyo a la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social.

El Gobierno justifica esta contratación en la "necesidad inaplazable, habida cuenta de la necesidad de contar con los resultados de los proyectos establecidos para el desarrollo de la política de inclusión y de la necesidad de contar con el hito establecido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Componente 22, Reforma 5".

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El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está valorando las propuestas lanzadas por Deloitte, KPMG, PwC, McKinsey y Accenture para externalizar la tarea de análisis con que reformular los subsidios no contributivos y hacerlos más eficientes (identificar duplicidades y solapes para aplicar sinergias, etc.), tal y como busca la Unión Europea.

El Ejecutivo, que tendrá que poner para esta tarea ingente cantidad de datos de la Administración en manos de las consultoras, está tratando de sacar adelante las reformas comprometidas con Bruselas para recibir cuanto antes los fondos Next Generation EU, que en el caso de España ascienden a 140.000 millones de euros. Estas ayudas están condicionadas a una serie de reformas, como es este caso, que afecta a las prestaciones no contributivas (maternidad/paternidad, incapacidad, viudez, discapacidad, migración, vejez, etc.). El Gobierno esperaba una recuperación pospandemia vigorosa apoyado en la llegada del maná europeo. Sin embargo, los fondos se están retrasando más de lo previsto y las previsiones de crecimiento del PIB cada vez son más endebles.

En este caso, el objetivo de Escrivá es hacer un análisis en profundidad la situación de estas prestaciones en la actualidad para poder abordar cambios que mejoren la eficacia de dichas prestaciones, encaminadas a la inclusión social. "Para ello, será necesario realizar una identificación y cuantificación del conjunto de prestaciones y subsidios públicos que inciden en la inclusión, así como el análisis de posibles solapes, duplicidades y carencias, con el fin de poder implementar un marco único simplificado e integrado de prestaciones en torno al ingreso mínimo vital", detalla el departamento gubernamental en la documentación oficial que manejan las consultoras, donde asegura que quiere un "análisis de las posibles sinergias" y que todas las prestaciones económicas no contributivas se enmarquen en la filosofía del ingreso mínimo vital, una suerte de renta básica para hogares en situación de vulnerabilidad que se puso en marcha durante la pandemia.

El Ejecutivo busca ahora que las prestaciones no contributivas se inspiren en el ingreso mínimo vital pese a que su eficacia está siendo significativamente inferior de lo que anunció el Gobierno con su puesta en marcha. De las 800.000 familias a las que preveía dar cobertura el Gobierno, solo se están beneficiando 377.000. Apenas se han consumido la mitad de los fondos consignados a este fin en los presupuestos generales del Estado (1.402 millones de euros frente a los 2.128 asignados). En este contexto, el diario 'El País' pide revisar sus criterios ante su deficiente implementación, para lo que el Gobierno habilita ahora a las ONG, conocedoras de la problemática de las familias en situación de pobreza.

Escrivá valora las propuestas de Deloitte, KPMG, PwC, McKinsey y Accenture para identificar duplicidades y aplicar sinergias en los subsidios

En el caso del resto de subsidios no contributivos, el ministerio explica que "será imprescindible analizar las fuentes y programas de financiación pública que las entidades del Tercer Sector de Acción Social y el sector privado reciben para el desarrollo de sus actuaciones en el ámbito de la inclusión", y añade: "Este proyecto persigue evidenciar qué soluciones se le ofrecen al ciudadano ante una situación de necesidad, y en qué ocasiones se solapan o interfieren en su empleabilidad. Con este conocimiento [que espera le reporten las 'Big Four'], el objetivo último es la toma de decisiones sobre la base de evidencias proporcionadas por los datos, para el diseño y mejora de los mecanismos de protección en el área de prestaciones no contributivas".

Para este fin, Escrivá pide cuatro análisis diferenciados por los que ofrece casi 4,4 millones de euros. El trabajo se deberá completar en ocho meses. El primer informe está centrado en dicha reordenación y simplificación de los subsidios, un segundo proyecto es para la elaboración de un mapa de las políticas de inclusión existentes en España, un tercer análisis tiene el objetivo de valorar el impacto y el cuarto bloque busca una comparativa con la situación de inclusión a nivel internacional, viendo los casos de Alemania, Francia, Reino Unido, Austria, Holanda y Portugal.

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Esta no es la primera vez que externaliza a una gran consultora tareas estratégicas para el funcionamiento del Estado. En 2020, el departamento que dirige José Luis Escrivá fichó a Accenture para detectar falsos autónomos y empresas ficticias, lo que provocó un fuerte malestar por parte del colectivo de inspectores de Trabajo.

El Ministerio de Seguridad Social recurre a las 'Big Four' para redefinir el esquema de subsidios no contributivos, propuesta comprometida con Bruselas para la obtención de fondos, después de una semana de polémica tras conocerse el último documento firmado entre las autoridades comunitarias y el Gobierno español. En el mismo, se dice que se extenderá el periodo tenido en cuenta de contribuciones a la Seguridad Social para el cálculo del montante de la jubilación. La merma de las prestaciones por jubilación que implicaría una medida así ha sido desmentida por el propio Escrivá, pese a la literalidad del documento denominado 'Operational Arrangements between the Commission and Spain pursuant to Regulation', presentado la pasada semana.