El Gobierno alerta de cierres y problemas en la Seguridad Social por el desplome de personal

El Gobierno está lanzando advertencias sobre los problemas que se están generando y que se agudizarán en la Seguridad Social con la fuerte reducción de personal que está sufriendo. Esto afecta de manera directa a toda la ciudadanía, ya que se trata del organismo encargado de dar servicios básicos como el control de las cotizaciones de los afiliados a la Seguridad Social, las pensiones y otras prestaciones sociales como las bajas por incapacidad, viudedad, orfandad o el ingreso mínimo vital, cuyo alcance aún está muy lejos de las previsiones que hizo el propio Gobierno cuando implantó esta ayuda en 2020.

Los problemas con la prestación de sus servicios y las quejas de los ciudadanos han motivado que algunos parlamentarios estén pidiendo cuentas al Ejecutivo por esta cuestión. Ante esta situación, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, competente en la materia, respondía hace pocos días que "el personal de la Seguridad Social ha experimentado una fuerte reducción en la última década, disponiendo actualmente de una plantilla de alrededor de 25.000 personas, lo que supone un 20% menos de la que tenía en 2011 (más de 31.000 efectivos)".

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J. G. J.

Por si esto fuera poco, el Gobierno añade que "un gran porcentaje de la plantilla se acerca a la edad de jubilación; la edad media de la plantilla en estos momentos es de 55 años. De hecho, un 58% tiene más de 55 años y un 10% de esta plantilla (es decir, unas 2.500 personas) se va a jubilar en los próximos tres años, por lo que si no se toman medidas, la pérdida será todavía mayor. Por el contrario, solamente un 5% de los efectivos son menores de 40 años".

Un 58% de efectivos de la SS tiene más de 55 años y un 10% de esta plantilla (unas 2.500 personas) se va a jubilar en los próximos tres años

Según el departamento dirigido por José Luis Escrivá, "se ha producido una importante pérdida de efectivos que obedece a la incidencia de dos factores: el impacto de las jubilaciones en una plantilla envejecida y la exigua tasa de reposición en los últimos años. Esta situación ha llevado a que una gran parte de las oficinas de la Seguridad Social tengan problemas para operar con normalidad o estén en peligro de cierre", concluye el Ejecutivo.

Con base en lo anterior, el Gobierno detalla: "Si nos centramos en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), donde la pérdida de personal ha sido una constante en los últimos años, de las casi 430 oficinas de que dispone, 137 se encuentran en riesgo de cierre (algo más del 32%). Es decir, estos centros cuentan con tres trabajadores o menos. Además, en los últimos meses, 25 oficinas han tenido que ser cerradas. De estas, la mayoría lo han hecho entre 2020 y 2021 debido principalmente a la pérdida constante de efectivos, fundamentalmente por la resolución de concurso de traslados y por jubilación, y a la imposibilidad de dotarlos de personal suficiente. Esto originó una situación insostenible para varios centros de Atención e Información (CAISS), que hacía imposible mantener una estructura estable de atención con garantías de calidad para los ciudadanos".

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Los problemas se extienden a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). "En cuanto a las oficinas de la TGSS, de las más de 470 oficinas, 138 (un 29% del total) disponen de seis trabajadores o menos, lo que supone que tienen dificultades para funcionar con normalidad. En los últimos cinco años, se han jubilado una media de 476 funcionarios cada año, mientras que la oferta de empleo público apenas ha permitido cubrir una pequeña parte de los puestos que quedaban vacantes y, en consecuencia, en el momento actual, se encuentran vacantes o sin ocupación efectiva más de 3.500 de los 12.974 puestos de trabajo de la TGSS, siendo las previsiones de jubilaciones en los próximos años similares o incluso más negativas que las actuales, puesto que más de 2.500 empleados públicos (aproximadamente el 25% de su plantilla) tienen más de 60 años", subraya el Ejecutivo.

De las casi 430 oficinas de que dispone la Seguridad Social, 137 están en riesgo de cierre

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asegura que "se estudia la posibilidad de soluciones temporales para intentar evitar mayor perjuicio a los ciudadanos". Para ello, explica que ha incluido 500 nuevas plazas en 2020, aunque considera que se trata de una cifra muy modesta para la fuerte pérdida de plantilla.

Según denuncia, "la solución estructural a este problema no depende de la Seguridad Social. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se está trabajando con mucho empeño en paliar esta situación, pero su capacidad de acción es limitada, toda vez que la convocatoria de la oferta de empleo público para dotar de más personal a estas entidades compete a otros ministerios". En este sentido, asevera que para dar cobertura a las vacantes se debe hacer "a través de las distintas ofertas de empleo público o por otros medios de provisión". Dicho de otro modo, Escrivá apunta al Ministerio de Hacienda y Función Pública, que dirige María Jesús Montero, como responsable de este problema de falta de personal.

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Dicha situación, descrita en dos respuestas parlamentarias al senador Carles Mulet (Compromís), se produce por la desatención en diversos centros de la Seguridad Social en Huesca y Zaragoza después de que los ciudadanos de la zona se hayan visto afectados por la falta de estos servicios. En Caspe (Zaragoza) se quedaron sin atención después de que la única oficina que había, dotada para dos empleados, cerrara porque solo dispone de uno y este se encontraba de baja. En Huesca, denuncia la falta de provisión de las 33 vacantes actuales. Sin embargo, no es el único parlamentario preocupado por esta cuestión.

"Se originó una situación insostenible, que hacía imposible mantener una atención con garantías de calidad para los ciudadanos", según la SS

También durante el mes de agosto, el senador del PSOE Miguel Ángel Heredia pedía un desglose de la reducción de plantilla por provincias y CCAA desde 2011 hasta 2021. En los datos proporcionados por el Gobierno, se puede observar que la mayor reducción de efectivos en España se ha producido en Madrid, que cuenta con 2.000 funcionarios menos en una década de los 6.000 que ha perdido la Seguridad Social en toda España. Esto significa que la región de la capital ha pasado de unos 5.500 trabajadores a 3.500 empleados, casi un 40% menos. Galicia ha perdido 1.300 efectivos en la década, un 50%. Además de las anteriores, las siguen de lejos Cataluña, que se ha dejado 800 trabajadores (-23%), o Andalucía, con una pérdida de unos 600 empleados (-13%).

Los problemas de plantilla envejecida y falta de efectivos en la Seguridad Social no son únicos en la Administración pública. Para ello, el Ejecutivo lanzó este verano la mayor oferta de empleo de la historia (más de 30.000) en total. El problema con la Seguridad Social ya fue advertido por Escrivá en el Senado a finales de 2020, por las quejas sobre la calidad de este servicio tras la pandemia, con lo que, medio año después, aún se mantiene esta situación. Diversos sindicatos también han lanzado la voz de alarma por esta cuestión.

Sea como fuere, desde el Ministerio de Seguridad Social advierten de que tendrán en cuenta la recomendación número 8 del Pacto de Toledo, que pide una gestión más eficaz y eficiente.