Un desafío doble: el problema de los interinos y la modernización de la Administración

Tiene poco de sorprendente que entre los objetivos definidos por el Gobierno en el plan 'España Puede' para la recuperación de la economía nacional se enumere la modernización de la Administración pública. En los muy distintos niveles de la Administración abundan las evidencias de organismos y procedimientos que han ido quedando desfasados, incapaces de dar respuestas efectivas a los desafíos del siglo XXI.

Se trata en cualquier caso de uno de esos grandes objetivos, que implican tantas áreas, tantas estructuras y tantos procesos tan sumamente arraigados que su éxito se antoja sumamente complejo. En las administraciones, con frecuencia, abundan las inercias y escasean los incentivos para el cambio, lo que es perceptible a muy distintos niveles.

No se trata, por tanto, de una tarea que se pueda reducir a la mera digitalización de procesos y servicios, sino que requiere también —de forma casi más determinante— una correcta gestión de los recursos humanos, que permita elevar la productividad de los distintos servicios públicos. Se trata esta de un área donde los expertos han planteado con frecuencia medidas de indudable audacia, que comprenderían cuestiones como el refuerzo de la meritocracia en la selección del personal, medidas para fomentar una mayor estabilidad en los puestos directivos y hasta fórmulas para restringir la 'funcionarización' a determinados puestos de mando (los que podrían verse más sometidos a la discrecionalidad de las decisiones políticas) para permitir un mayor margen de selección del personal, basado en el desempeño.

Opinión

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A cada una de estas propuestas se le pueden poner más o menos peros, sin embargo, la realidad es que cualquier intento de avanzar en este tipo de planteamientos rupturistas se enfrenta a restricciones que van más allá de la conveniencia o no de la medida, que se refieren a las "herencias" y disfunciones del sistema actual. Y una de las más evidentes es la referida al problema de los interinos, al que se busca arreglo actualmente.

Con más de 900.000 trabajadores de la Administración en situación de interinos y una serie de decisiones judiciales apuntando en el sentido de una mayor protección de estos trabajadores cuando alcancen un mínimo de tres años en su puesto, la resolución de esta cuestión se convierte al mismo tiempo en un problema de justicia y económico, ya que la salida de estos trabajadores, indemnización mediante, supondría una carga muy pesada para las arcas públicas. Puede entenderse así que desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que dirige Miquel Iceta, se valoren medidas como la elaboración de concursos-oposiciones 'ad hoc', para encontrar acomodo como funcionarios a una amplia proporción de estos interinos.

La resolución del problema de los interinos es una cuestión de justicia y económica

El arreglo no resulta sencillo y requerirá, como sugiere Ruth Almaraz, profesora de OBS Business School, un ajuste legal muy bien perfilado. "Para que haya más seguridad jurídica, se deberá establecer una ley nacional concreta que se aplique en todas las comunidades autónomas por igual, y que esté completamente cerrada con una normativa específica para que después los tribunales no tengan posibilidad de aplicar criterios distintos en casos similares", apunta.

Pero si buscar una solución al lío de los interinos ya es, 'per se', un problema complejo, la situación torna mucho más complicada si se trata de integrar en el marco de un plan de modernización de la Administración. Entre las grandes líneas planteadas en 'España Puede' para la modernización de la Administración se cita "la reducción de la temporalidad de los empleados públicos".

El objetivo parece deseable, pero difícilmente servirá para sí mismo para dar forma a una Administración más moderna y adaptada a los desafíos actuales. Compatibilizar el remedio de esta situación con un arreglo más integral de la Administración requerirá el planteamiento de soluciones imaginativas.