El Gobierno prepara oposiciones a medida para hacer fijos a cientos de miles de interinos
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Negociaciones para la estabilización

El Gobierno prepara oposiciones a medida para hacer fijos a cientos de miles de interinos

La negociación de Función Pública con los sindicatos avanza a buen ritmo. El objetivo de ambas partes es garantizar que en el proceso de estabilización tengan prioridad los interinos que estén en fraude de ley

placeholder Foto: El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta.(EFE)
El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta.(EFE)

España arrastra desde hace más de una década el problema de los interinos en fraude de ley, que ha crecido hasta convertirse en una bola de medio millón de trabajadores (esta es una cifra aproximada, porque no hay un registro público de cuántos trabajadores de las administraciones públicas están en esta situación). La Justicia europea ha sacado los colores a España en varias ocasiones por el abuso de la temporalidad, con trabajadores que llevan más de dos décadas concatenando contratos temporales, algo que estaría prohibido en el sector privado.

El Gobierno está negociando con los sindicatos (CCOO, UGT y CSIF) cómo solucionar este problema, que tiene dos caras. La primera es la propia estabilización de las plazas estructurales de todas las administraciones a través de oposiciones. La segunda, gestionar qué pasa con los trabajadores que llevan años contratados en situación irregular y a los que, por ley, no les corresponde indemnización por despido.

Foto: Domingo Sánchez Ruiz delante del Hospital Ramón y Cajal. (Enrique Villarino)

La decisión que ha tomado el Gobierno es idear unos concursos-oposición que sean un ‘traje a medida’ para que los interinos puedan quedarse en su puesto de trabajo con una plaza fija. Las negociaciones con los sindicatos avanzan a buen ritmo y ambas partes coinciden en que la prioridad es “que se quede en sus puestos la mayor parte de interinos posible”, señalan fuentes sindicales, porque consideran que "si llevan años trabajando, han demostrado su mérito y capacidad". No serán todos, ya que los sindicatos exigen que un porcentaje de las plazas se reserve para procesos de movilidad geográfica y promoción, además de las que salgan a oposición normal.

Los interinos han reclamado durante todos estos años que les concedieran la fijeza (fórmula contractual del indefinido no fijo), convirtiendo sus contratos en indefinidos, pero esta vía no es transitable, ya que no garantiza que se cumplen los principios de igualdad, mérito y capacidad, que son requisitos imprescindibles para acceder a la función pública. Tampoco la Justicia europea ha concedido esta demanda a los interinos, de modo que esta solución no es viable. Para sortear este problema, el Gobierno está negociando con los agentes sociales utilizar de forma masiva la vía del concurso-oposición que sea como un ‘traje a medida’ para que los interinos se queden con sus plazas como funcionarios.

En concreto, lo que está negociando el Ministerio de Función Pública con los sindicatos es que la parte del concurso sea la que más puntos otorgue, de modo que toda la experiencia acumulada no se pueda superar con las preguntas teóricas del examen. En algunos casos, el ministro Miquel Iceta quiere ir más lejos, planteando la eliminación de la parte de la oposición y limitando el proceso selectivo solo al concurso, esto es, a los méritos de cada aspirante.

“Los procesos de estabilización se van a hacer a través de unos concursos-oposición especiales en los que va a contar la experiencia en ese puesto de trabajo concreto”, ha señalado Iceta en el Congreso. De esta forma, se simularía un proceso de acceso a la función pública que realmente está ya decidido desde antes de comenzar. Los sindicatos piden algunas cuestiones adicionales para garantizar que los interinos consigan quedarse en su puesto de trabajo. CSIF, por ejemplo, pide que la parte de la oposición no sea eliminatoria (que puedan seguir concursando aquellos que suspendan la parte teórica) o que las preguntas se centren en la parte práctica del trabajo. CCOO, por su parte, pide que los méritos que se valoren sean exclusivamente la experiencia en el puesto de trabajo, sin que pueda sustituirse con puntos obtenidos con formación o con otros empleos.

Iceta está estudiando ir más lejos: “Incluso vamos a dar a las comunidades autónomas margen para que en vez de concurso-oposición sea solo concurso”. Esto es, el proceso no contaría con la parte de examen, sino que simplemente se tendrían en cuenta los méritos exigidos, en este caso, la experiencia en los puestos de trabajo que se van a cubrir.

Estas soluciones permitirían a un elevado porcentaje de los interinos conseguir su plaza fija. Para estos trabajadores, se trata de un gran avance, ya que cuando salieron las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los sindicatos preferían que las plazas saliesen a oposición para garantizar la igualdad de oportunidades de conseguir las plazas de funcionarios entre todos los candidatos. Sin embargo, la fuerza de presión de los interinos (hay más de 900.000 trabajadores en esta situación) y su movilización han torcido las voluntades de estas organizaciones y también del Gobierno.

En la mesa de negociación, el ministerio no ha querido comprometerse a porcentajes concretos de plazas que se cubrirán por cada vía, ya que teme un rechazo de las comunidades autónomas si perciben que el Estado invade sus competencias. Al fin y al cabo, son las regiones y las corporaciones locales quienes tienen una parte muy significativa de la temporalidad del sector público, por lo que tendrán que formar parte de la decisión sobre cómo cubrir sus plazas. Iceta está dialogando en paralelo con las regiones para conseguir un acuerdo que permita que todo el territorio utilice las mismas vías para estabilizar el empleo.

La indemnización

Si las comunidades aceptan la propuesta del ministerio de centrar los esfuerzos en que se queden los interinos en sus plazas, se evitarán el problema de las indemnizaciones. Aunque por ley no les correspondería ninguna indemnización por extinción del contrato, se producirían reclamaciones judiciales masivas contra las administraciones. Hay que recordar que estamos hablando de centenares de miles de empleos, y si finalmente los tribunales fijan indemnizaciones altas, el coste para las arcas públicas sería considerable.

El Ministerio de Función Pública ha propuesto a los sindicatos que los interinos que sean contratados a partir de la entrada en vigor del acuerdo tengan derecho a una indemnización de 33 días por año trabajado. Sin embargo, para los que ya están en el puesto, no hay propuesta. Los sindicatos exigen que sea la misma, de 33 días. “Esta indemnización debe extenderse a los actuales interinos en fraude de ley”, reclama CSIF.

Foto: Las salas solo convocan plenos para decidir cambios doctrinales relevantes. (EFE)

Aunque finalmente la indemnización pactada estuviera por debajo de los 33 días, sería un coste muy elevado para las administraciones. De ahí que se estén buscando alternativas para que estos trabajadores no sean despedidos. Además del diseño de concursos a su medida, el ministerio está negociando con los sindicatos una ‘cláusula social’ para que los interinos que tengan que dejar sus trabajos cuenten con prioridad en las bolsas de trabajo de la Administración pública, para cubrir otras vacantes.

El Ministerio de Función Pública retomará la negociación con los agentes sociales la próxima semana. Los sindicatos esperan que el Gobierno ponga sobre la mesa una nueva propuesta más concreta para avanzar rápidamente en las negociaciones. Todas las partes quieren acelerar la negociación para alcanzar un acuerdo antes del parón veraniego. “Hay que aprovechar la ventana de oportunidad que hay ahora”, señalan fuentes sindicales, “cerrar el pacto para dar ya una solución a estos miles de trabajadores”.

España arrastra desde hace más de una década el problema de los interinos en fraude de ley, que ha crecido hasta convertirse en una bola de medio millón de trabajadores (esta es una cifra aproximada, porque no hay un registro público de cuántos trabajadores de las administraciones públicas están en esta situación). La Justicia europea ha sacado los colores a España en varias ocasiones por el abuso de la temporalidad, con trabajadores que llevan más de dos décadas concatenando contratos temporales, algo que estaría prohibido en el sector privado.

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