Escrivá se vio con dos 'big four' para arreglar el acceso al IMV antes del varapalo de la AIReF

El Gobierno reconoce que el ingreso mínimo vital (IMV), el programa de ayuda que ofrece una renta básica a colectivos en situación de vulnerabilidad, no está llegando a toda la gente que lo necesita: "La adhesión es inferior a la esperada". Para abordar esta problemática, responsables del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se reunieron con KPMG, PwC y AFI el pasado martes 13 de junio, según confirman a este diario fuentes próximas a los encuentros.

El objetivo de estos contactos era conocer las propuestas de las dos big four y la consultora económica fundada por Emilio Ontiveros para la elaboración —con carácter de urgencia— de informes que contengan "recomendaciones específicas para mejorar la tasa de acceso a la prestación, así como para incrementar la efectividad del IMV a través de las políticas de inclusión", entre otras tareas. El departamento liderado por José Luis Escrivá busca la evaluación de las diferentes acciones impulsadas por la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social (SGOPIPS) para abordar la problemática de no solicitud (non take up) en el IMV, según consta en documentación oficial.

Dichas reuniones entre responsables públicos y asesores privados, que se celebraron en la sede del ministerio durante la mañana del 13 de junio, llegaron solo dos días antes de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) desvelara que, en realidad, las cifras conocidas de esta renta de inserción social son muy inferiores a las que el Gobierno había dado a entender hasta ahora.

La AIReF reduce tanto la tasa de cobertura (pasa del 40% al 35%) como el número de beneficiarios: llega a 284.000 hogares, según sus cálculos, frente a los 627.000 que hasta ahora venía difundiendo el Gobierno, que siempre ha omitido que esa cifra es el histórico acumulado de perceptores, no el número de beneficiarios presentes o saldo vivo. Estos datos, aportados por la institución presidida por Cristina Herrero —que ya conocía el propio Ejecutivo hace 15 días—, provocaron la semana pasada, a poco más de un mes de las elecciones generales del 23-J, una airada respuesta del departamento que lidera el ministro que fuera responsable de la propia Autoridad Fiscal durante seis años, desde su creación hasta su llegada al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

Más allá de la polémica, y tras admitir el fracaso de adhesión de este programa de ayuda, el Gobierno venía planteando acciones desde semanas antes para la mejora del acceso al ingreso mínimo vital, que está lejos de las 850.000 familias a las que potencialmente podía llegar cuando se desplegó esta política pública en la primavera de 2020, tras el estallido de la pandemia del covid-19. Un programa de ayuda a vulnerables que, pese a proceder del departamento de Escrivá, fue capitalizado políticamente por el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, que aseguró que hubiera sido imposible su puesta en marcha sin la presión del ala morada del Ejecutivo.

El Gobierno culpa del bajo nivel de adhesión al IMV al "alto nivel de economía sumergida existente en la economía", entre otras razones

En un documento fechado a mediados de abril, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reconocía, respecto del ingreso mínimo vital, que sufre "una adhesión al programa (unos 530.000 hogares en menos de dos años) inferior a la esperada, de acuerdo con las estadísticas de pobreza".

El Gobierno esgrime diversas causas de la falta de perceptores, incluso la de que parte de los potenciales beneficiarios en realidad no lo serían por estar defraudando a Hacienda y la Seguridad Social. "Pueden formularse distintas hipótesis explicativas de esta situación, como son la falta de información, la desafección hacia los organismos oficiales, la existencia de requerimientos específicos de acceso que suponen barreras significativas o simplemente el alto nivel de economía sumergida existente en la economía", argumenta el ramo del Gobierno que dirige Escrivá.

Por todo lo anterior, el departamento de Escrivá busca que una de las consultoras convocadas —aunque el proceso administrativo ha recibido ya un recurso de Oliver Wyman— preste "trabajos técnicos de apoyo a la SGOPIPS para la elaboración de una serie de informes, 34 informes acerca de los proyectos individuales, un informe global expresivo del conjunto de la actuación y un informe relativo a las distintas actuaciones impulsadas por la SGOPIPS relacionadas con la tasa y la problemática de no solicitud (non take up) del IMV". Esos 34 informes sobre proyectos piloto innovadores para la inclusión social incluirán "recomendaciones para mejorar la tasa de acceso al IMV, así como para incrementar la efectividad del IMV a través de las políticas de inclusión".

El ministerio, además, necesita que estos trabajos se desarrollen con cierta premura y quiere que el 1 de septiembre esté ya listo el informe relativo a la tasa de no solicitud del IMV. El motivo de la urgencia es que la implantación del IMV para reducir la desigualdad de la renta y las tasas de pobreza está recogido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (componente 23, inversión 7).

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"La publicación de esta evaluación, que incluirá recomendaciones específicas para mejorar la tasa de acceso a la prestación y mejorar la eficacia de las políticas de inclusión social, contribuirá al cumplimiento del hito 351 del PRTR previsto para el primer trimestre de 2024", detalla el Gobierno.

Los programas de apoyo a la inclusión ya han supuesto un desembolso de casi 110 millones de euros para subvenciones gestionadas por este ministerio en 2021 y otros 102 millones de euros regulados en el Real Decreto 378/2022, que han servido para financiar los 34 programas piloto de inclusión que ahora deben ser evaluados por un agente externo como las big four. Al adjudicatario se le encomienda, además, la tarea de buscar respuestas y recomendaciones al escaso nivel de adhesión a esta política pública llamada a ser una de las insignias de este Gobierno dentro de la legislatura que ahora termina con una inesperada sorpresa negativa desvelada por la AIReF.