Polémica por los datos 'inflados' de la medida estrella de Escrivá a cinco semanas del 23-J

No es habitual que una institución oficial independiente desmienta públicamente al Gobierno. Tampoco es habitual que el Gobierno desmienta, a su vez, a la institución independiente, entrando al choque sin ningún tipo de pudor. Y mucho menos que ese desmentido se produzca en tiempo real, mientras la presidenta de la institución independiente responde preguntas de los periodistas en lo que, en teoría, iba a ser una aburrida rueda de prensa. Las tres cosas han ocurrido este jueves, a solo cinco semanas de las elecciones generales del 23 de julio. Y tienen como protagonistas al Ministerio de Seguridad Social, dirigido por José Luis Escrivá, por un lado, y a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), por el otro. El casus belli es el número de perceptores del ingreso mínimo vital (IMV), la prestación estrella del Gobierno para ayudar a las familias vulnerables.

Para entender esta historia, hay que saber que Escrivá fue el antecesor de Cristina Herrero al frente de la AIReF, y desde que se sienta en el Consejo de Ministros no ha dudado en entrar al cuerpo a cuerpo con los economistas que no le daban la razón. Muchos eran excompañeros suyos, como los miembros del servicio de estudios de BBVA, que dirigió entre 2004 y 2010. Con la Autoridad Fiscal, una institución de gran prestigio creada en 2013 para fiscalizar las cuentas públicas y que el propio Escrivá dirigió entre 2014 y 2020, siempre ha sido mucho más prudente. Hasta ayer.

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Es cierto que esta vez la polémica no irrumpió con uno de sus célebres tuits, pero desde el departamento que dirige se preocuparon en hacer llegar a los periodistas una durísima reacción a la opinión del organismo de Herrero sobre el IMV que cogió a todos por sorpresa en el modesto auditorio donde se presentaba el informe. El ministerio acusaba a la AIReF de arrojar "datos que adolecen de escasa calidad (...) y falta de fundamentación, lo que pone en entredicho sus conclusiones". Y las mismas fuentes oficiales añadían: "La opinión publicada hoy se ha elaborado sin interlocución con el área del ministerio que dirige esta política [la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social]. Tampoco se desprende del informe que se haya contactado con los agentes colaboradores de la secretaría en el desarrollo e implementación de esta política: organizaciones del tercer sector, ayuntamientos, comunidades autónomas".

El problema para el Ejecutivo es que esas conclusiones contra las que cargaba resultan demoledoras: el IMV solo lo estarían recibiendo 284.000 hogares, un 35% de los que tienen derecho a él. Y peor aún: ponen en duda los datos de Seguridad Social, que en su último informe mensual presume de que el número de beneficiarios alcanza los 628.000. ¿Quién dice la verdad?

Preguntada, de primeras, por la discrepancia en las cifras, Herrero mostró una actitud elegante, y recordó que no es que el Gobierno quiera engañar a la población, sino que ambas instituciones usan dos formas de contabilizar distintas, igualmente legítimas: la AIReF da la fotografía a 31 de diciembre de 2022 y el Ejecutivo, el número total de beneficiarios a lo largo de los tres años de la medida, que se cumplían precisamente el 15 de junio.

Eso fue antes del desmentido del Gobierno, que alumbró un escenario insólito para un acto de la Autoridad Fiscal. Herrero tenía que defender la credibilidad de su institución ante las gravísimas sospechas que estaba vertiendo el Ejecutivo. Y así procedió: sin hacer sangre, pero con una gran contundencia. La presidenta de la AIReF aseguró que los técnicos del organismo se reunieron dos veces con los del ministerio para la elaboración del informe, que les remitieron el texto 15 días antes de su publicación —la ley obliga a que sean 10 para las llamadas opiniones, el formato que en este caso ha utilizado la Autoridad Fiscal— y que incluso se habían incluido varias aportaciones cualitativas de Seguridad Social. Eso sí, no se cambiaron los datos del estudio: "Son inapelables".

Herrero caricaturizó los datos del Gobierno: "Es como si en las pensiones sumásemos el número de pensionistas a lo largo de la historia"

Este periódico ha contrastado los argumentos de ambas partes para que el lector juzgue quién tiene razón.

¿284.000 o 628.000?

La primera de las discrepancias versa sobre si el número de perceptores que ofrece el Gobierno está inflado o no. La elección metodológica de ambas instituciones resulta fundamental para entenderlo. La AIReF hace la lectura más intuitiva: coge la lista de beneficiarios a 31 de diciembre y saca la cifra de 284.000 familias. Seguridad Social, en cambio, cuenta todos los hogares que han ido entrando y saliendo de esa lista a lo largo de los últimos tres años. De ahí la gran sorpresa que ha causado la disparidad entre ambas cifras: el Gobierno lleva muchos meses dando un dato que duplica con creces el guarismo que los ciudadanos conocieron este jueves gracias a la Autoridad Fiscal. "Es como si en pensiones sumásemos el número de pensionistas a lo largo de la historia", ha llegado a caricaturizar Herrero.

Fuentes del Ejecutivo, sin embargo, aclaran que todas las comunidades autónomas, a excepción de dos, contabilizan los datos de sus rentas mínimas de inserción social de forma acumulativa durante el año, como aparece en el Informe de rentas mínimas del Ministerio de Derechos Sociales: "Nuestros datos son coherentes y comparables con los de prestaciones del mismo tipo".

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Se trata, dicen, de la mejor opción para conocer el alcance de "una prestación viva" que beneficia intermitentemente a muchas familias en función de cómo evolucione su situación de vulnerabilidad. Las condiciones que se tienen en cuenta para otorgarlo (renta, número de hijos, periodo de convivencia con una pareja, etc.) resultan, por definición, cambiantes. "No hay un tiempo mínimo ni máximo que un hogar pueda percibir el IMV, lo que no tiene nada que ver con una pensión, de la que se entra en un momento dado y no se sale hasta normalmente el fallecimiento", matizan, en una velada alusión a las palabras de Herrero.

Seguridad Social ha ido más allá que las regiones, al hacer el cómputo acumulado durante los tres años que lleva en vigor la medida. Las mismas fuentes argumentan que esta fórmula permite recoger mejor la evolución de un subsidio que todavía está en fase de despliegue y se ha ido ajustando a lo largo del tiempo con nuevas figuras, como los incentivos al empleo. El objetivo es saber si la Administración ha podido localizar a todos los potenciales beneficiarios, independientemente de si en ese preciso instante están recibiendo o no la prestación. Conviene recordar que el despliegue del IMV ha sido progresivo y no exento de problemas, debido al desconocimiento de la población y los cuellos de botella burocráticos. La propia AIReF constata en su opinión que 469.000 familias que tendrían derecho a la prestación ni siquiera la han pedido.

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Se crea o no la versión del Ejecutivo, el problema es que siempre ha jugado a la ambigüedad. Hasta ahora, cuando se ha destapado la liebre. Decenas de medios de comunicación —entre ellos, El Confidencial— han recogido en sus artículos de los últimos meses que la cifra que ofrecía el Gobierno se refería al número de personas que estaban recibiendo el IMV en ese momento, sin que nadie del ministerio lo matizase. Tampoco Escrivá, que no duda en desmentir todo tipo de cuestiones a través de sus redes sociales —desde los informes del economista Ángel de la Fuente sobre la reforma de las pensiones hasta las probadas evidencias del colapso en el sistema de cita previa de la Seguridad Social—, pero se ha mantenido callado durante todos estos meses. La cuenta del ministro, por cierto, no ha tenido actividad durante este jueves.

La última nota de prensa de su departamento sobre el número de perceptores del IMV —puede consultarla aquí— recoge las siguientes frases, que habrían sido malinterpretadas por la generalidad de los periodistas económicos del país: "Los beneficiarios del ingreso mínimo vital superan ya los 1,8 millones" (titular). "El número de hogares perceptores alcanza los 627.957 y en dos de cada tres prestaciones el titular es una mujer" (subtítulo). "El ingreso mínimo vital (IMV) ha alcanzado a 627.957 hogares en los que viven 1.807.734 personas, según la estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) hasta finales de mayo" (entradilla). Ese ha sido el material que la ciudadanía ha tenido a su disposición hasta este jueves para saber cómo evoluciona la implantación de la medida.

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Un último apunte: a diferencia del Gobierno, la AIReF no ha tenido en cuenta los datos de Navarra y el País Vasco, a las que se les traspasó la gestión del subsidio en marzo del año pasado. La propia Herrero se ha quejado de la falta de información que aportan ambas autonomías, un hándicap que impide el recuento correcto en todo el territorio nacional.

El dato fantasma

Sin embargo, de nada sirve conocer un número absoluto sin ponerlo en contexto. 284.000 pueden ser muchos y 628.000 pueden ser pocos. Todo depende de con qué se compare. Y así llega la segunda gran discrepancia entre el Ejecutivo y la AIReF: ¿cuántos son los beneficiarios potenciales del IMV?

La respuesta a esta pregunta determina la tasa de cobertura, es decir, el porcentaje de familias que reciben el subsidio en relación con las que tendrían derecho a hacerlo. Y, por tanto, determina el éxito de la medida. De ahí que la batalla del Gobierno para desacreditar los datos de la Autoridad Fiscal se haya centrado en la forma en que el organismo ha calculado la cifra, que refleja el objetivo que todo gestor debería conseguir para estar satisfecho.

El Ejecutivo está admitiendo, de alguna manera, que se equivocó cuando puso la vara de medir en 850.000 beneficiarios potenciales

Desde un primer momento, Seguridad Social habló de 850.000 familias, que es la cifra con la que todos los medios han comparado los datos mensuales que ofrecía el ministerio. Basta hacer una simple regla de tres para calcular que, si se da por bueno el dato de beneficiarios del Ejecutivo (628.000), la tasa de cobertura se sitúa en el 73,9%. Sin embargo, fuentes del departamento de Escrivá aseguran que entre esas 850.000 se estaban contabilizando casos de familias que no pueden recibir el IMV, aunque cumplan los requisitos de renta. Los datos de la Agencia Tributaria, explican, no deberían ser los únicos a la hora de tener en cuenta el público potencial, ya que existen otras condiciones no económicas (residencia, composición y antigüedad de la unidad de convivencia) que suponen el 40% de las denegaciones de la ayuda.

El Ejecutivo está admitiendo, de alguna manera, que se equivocó cuando estableció su propia vara de medir, y acusa a la AIReF de sobreestimar la suya por haberla establecido sin tener en cuenta todos estos factores que los propios técnicos de Seguridad Social habían ignorado hasta ahora. De hecho, lo siguen haciendo, ya que el Gobierno ha evitado publicar la cifra de potenciales beneficarios ante la dificultad para afinar el cálculo. Es el dato fantasma que falta para garantizar una correcta rendición de cuentas a cinco semanas de las elecciones: cuanto más alto sea, menor será la tasa de cobertura, y viceversa.

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Un buen ejemplo de esto es lo que ha pasado en la opinión de la AIReF de este año. Aunque el número de familias agraciadas con el subsidio no varió (248.000), sí lo hizo el éxito de la medida, que cayó cinco puntos, desde el 40% hasta el 35%. Esto es debido a que la Autoridad Fiscal ha incrementado los hogares pontenciales de 700.000 a 800.000. Herrero justificó esta modificación por los cambios en la renta del país y de las familias, así como por algunos ajustes en los empadronamientos o la composición de los hogares.

Lo curioso, en todo caso, es que el objetivo que ha marcado la AIReF en sus dos opiniones sobre el IMV es más modesto que el que estableció el Gobierno en 2020, cuando aprobó la medida. Esta paradoja se podría explicar porque, a diferencia del organismo independiente, la Seguridad Social sí incluye en el cálculo a los posibles beneficiarios en Navarra y el País Vasco. "Los perceptores potenciales tienen especial incertidumbre puesto que, al no tener datos de las haciendas forales, la estimación se hace con otras fuentes", señalan desde el ministerio.

Queda poco más de un mes para las elecciones del 23 de julio y cualquier dato, por técnico que parezca, puede cambiar un titular. Lo sabe el Gobierno, pero la AIReF maneja otros tiempos. El mandato de Cristina Herrero caduca el 3 de marzo de 2026.