Escrivá ofrece ahora 10 euros a los interinos por cada expediente del IMV resuelto en horas extra

El Gobierno continúa tirando de horas extra para evitar el colapso de la Seguridad Social. Al menos mientras no se resuelve el problema de fondo: la falta de trabajadores, que se ha traducido en grandes dificultades para conseguir cita y numerosos retrasos en la tramitación de los expedientes durante los últimos meses. La última medida del Ejecutivo ha sido ofrecer 10 euros a los interinos que gestionan el ingreso mínimo vital (IMV) por cada caso resuelto. Esta tarea ya va por su quinto plan de intensificación, el eufemismo con el que se conoce el esfuerzo extra que se le pide a los empleados públicos a cambio de incentivos salariales.

Según ha podido saber El Confidencial, el ministerio dirigido por José Luis Escrivá ha remitido un correo a las direcciones provinciales en las que les pide que, antes de este viernes, 9 de junio, le envíen la lista de aquellos trabajadores que estarían dispuestos a hacer horas extra para sacar adelante las solicitudes del IMV. Las remuneraciones son las siguientes: siete euros por recopilar datos —lo que en la jerga administrativa se conoce como captura—, 10,5 euros por cada expediente tramitado —es decir, resuelto, enviado a fiscalización o archivado por caducidad— y otros siete euros por cada expediente en fase de requerimiento de documentación. Cada lunes, añade el ministerio, las direcciones generales deben enviarle un excel que acredite las tareas extraordinarias realizadas.

Se trata de un procedimiento idéntico al que se siguió hace solo unas semanas, cuando este periódico adelantó que el Gobierno premiaría con seis euros a los empleados del organismo por cada cita previa atendida fuera del horario laboral. Entonces, esa posibilidad colmó la paciencia de los sindicatos, que consideraron la decisión como una "chapuza" que el Ejecutivo emprendió unilateralmente y supuso, de facto, la ruptura de la negociación para reforzar la plantilla. Comisiones Obreras y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) registraron el preaviso de la que hubiera sido la primera huelga en la historia de la Seguridad Social, pero, finalmente, Escrivá logró un acuerdo con todas las centrales —incluida UGT, que no la había apoyado— para desconvocarla.

El ministro se comprometió a acelerar los trámites para la creación de una Agencia Estatal de la Seguridad Social, un proyecto ya contemplado en la primera parte de la reforma de las pensiones para unificar los diferentes organismos y dotarlos de una mayor autonomía, también presupuestaria. La ley debería haber estado lista en junio de 2022, pero ni siquiera verá la luz en esta legislatura, debido a la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el próximo 23 de julio.

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Sin embargo, la otra parte del acuerdo sí está en marcha, y pasa por la incorporación de 3.525 efectivos: 2.500 a través de una oferta pública de empleo y los 1.025 restantes para la gestión del IMV. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguran que, del primer grupo, ya se han incorporado 320: "La idea es que estén todos en las próximas semanas". Esto mejorará la atención al público, prometen, pese a las múltiples quejas que se han escuchado en los últimos meses.

Las mismas fuentes niegan que el sistema de cita previa esté colapsado —como denuncian los sindicatos y ha comprobado este estudio de Civio—, aseguran haber controlado el mercado negro —denunciado por organismos como el Consejo Económico y Social— y recuerdan que, entre enero y mayo, se han atendido 2,5 millones de solicitudes, un 10% más que en el mismo periodo del año anterior. De ellas, 1,8 tuvieron lugar presencialmente, un 32% más. Aunque no existen datos públicos sobre cuántos trabajadores se han apuntado a las listas para dar servicio a la ciudadanía en las horas extra, el incentivo ha podido contribuir en alguna medida a esta relativa mejoría.

Los sindicatos estiman que muy pocos trabajadores se acogerán a los incentivos

Pero el Gobierno lo tiene todavía más difícil con el IMV. Hasta ahora, su gestión recaía fundamentalmente en un millar de interinos, contratados en 2020 —cuando se lanzó la ayuda— para reforzar la plantilla durante un plazo de tres años que expira en septiembre. Gracias al pacto con los sindicatos, estas plazas se convertirán en estructurales. El problema es que, según fuentes sindicales, muchos de ellos ya están estudiando para el proceso selectivo que les garantice una plaza fija, y son precisamente a ellos a quienes se les pide ahora que hagan horas extra para sacar los expedientes adelante mientras no lleguen los refuerzos.

En definitiva: las centrales auguran una escasa respuesta que perpetúe los problemas en la tramitación del subsidio para las familias más necesitadas, especialmente de cara al verano, cuando mengua la plantilla debido a las vacaciones. Actualmente, el IMV llega a unos 630.000 hogares, frente a los 850.000 potenciales, según el propio ministerio. La tasa de cobertura se acerca al 75%, un dato que los expertos ven razonable, pero que el Gobierno quiere mejorar a través de campañas informativas e, incluso, un autobús que recorra España.

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La carga de trabajo no solo viene con las nuevas solicitudes, sino con las renovaciones, como reconoce el ministerio en el correo enviado a las delegaciones provinciales: "El IMV es una prestación compleja, que está viva y, por tanto, puede ser objeto de diversas variaciones, cuya percepción está sujeta a que continúen cumpliéndose los requisitos que dieron lugar a su concesión, entre otros el de vulnerabilidad económica que se verifica a través de los procesos de cruce de datos con la Agencia Tributaria. Todo ello da lugar a un volumen muy elevado de revisiones, tanto de reconocimiento de atrasos como de determinación de importes a reclamar".

También para recuperar cobros

El Ejecutivo presume de haber implantado nuevas herramientas informáticas para agilizar los procesos, pero no es suficiente. Por eso, en el quinto plan de intensificación también se incluyen incentivos por recuperar los cobros indebidos. Es decir, por conseguir que regresen a la Administración los desembolsos que esta realizó erróneamente a aquellas familias que ya no cumplían las condiciones. Según adelantó El Independiente, los funcionarios recibirán 10,5 euros por cada acuerdo de inicio tramitado y por cada resolución definitiva de deuda emitida.

Este plan sobre el IMV es complementario al de los seis euros por atender citas, ya que afecta a personal con tareas diferentes. El ministerio de Escrivá insiste en que constituye una práctica habitual, que se ha desarrollado siempre durante los periodos con mayor carga de trabajo, y recuerda que el problema de la falta de efectivos viene de atrás. En la última década, la Seguridad Social ha perdido un 23% de sus funcionarios, y cuatro de cada cinco tienen más de 50 años. El acuerdo alcanzado con los sindicatos ya contemplaba establecer incentivos para hacer frente a los picos de actividad. El problema es que esa empieza a ser la regla, y no la excepción, en un organismo que, durante los últimos años, ha ido acaparando más funciones mientras sus efectivos menguaban.