El ingreso mínimo vital llega únicamente al 22% de hogares en riesgo de pobreza

El ingreso mínimo vital (IMV) ha comenzado a reducir la tasa de pobreza en España, pero lo hace de una forma muy modesta dados los "problemas de implementación" con los que se está topando. Así lo ha advertido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en el primer informe de estudio de esta ayuda pública. La institución ha elaborado un profundo análisis del primer año y medio de vida de la prestación (hasta el 31 de diciembre de 2021) constatando estos problemas de despliegue y de diseño que están dificultando la lucha contra la pobreza.

El número de hogares beneficiarios de la ayuda a esa fecha era de 284.000, lo que supone apenas un 22% de los hogares en riesgo de pobreza que existían en España en ese momento. Se trata de una cifra reducida que responde a dos causas: los problemas de despliegue para que llegue la ayuda a todos los beneficiarios potenciales y los umbrales fijados de renta y patrimonio que dejan fuera a hogares que están también en una situación precaria. "A diciembre de 2021, la capacidad del IMV para reducir la tasa de pobreza es limitada, aunque sí tiene efectos en otros indicadores, como la cobertura de los hogares en situación de pobreza y su intensidad", señala la AIReF en su informe.

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La AIReF cuantifica en apenas 0,4 puntos porcentuales la reducción de la tasa de pobreza en España con el IMV. El motivo principal es que el montante de la ayuda es insuficiente para sacar a los hogares de la tasa de pobreza relativa del 40% de la mediana. "La renta que garantiza no supera el umbral de la pobreza para casi ninguna tipología de hogar", explica la institución. Sin embargo, el establecimiento de una renta mínima muy elevada podría generar desincentivos al empleo. Lo que sí consigue el IMV es reducir significativamente la intensidad de la pobreza en casi todo el territorio nacional y homogeneizarlo (hasta ahora todo estaba en mano de las rentas mínimas de cada comunidad autónoma).

El presupuesto destinado al IMV en 2021 fue de 1.600 millones de euros, cifra que es apenas un 26% de la que sería necesaria para acabar con la pobreza en España. Según los cálculos de la AIReF, el problema de la pobreza se solucionaría con 6.000 millones de euros, una cifra que es menos de la mitad de la revalorización prevista de las pensiones para el año 2022. Es importante tener en cuenta que, en 2022, la Seguridad Social ha potenciado esta prestación con una cuantía adicional para los hogares con hijos a cargo y está realizando campañas de información y publicidad para conseguir que más hogares soliciten la ayuda.

Pero el ingreso mínimo está sufriendo importantes problemas de despliegue que minan su potencial. El más importante es que más de la mitad de los potenciales beneficiarios no la había solicitado un año y medio después de su aprobación. En concreto, de los 400.000 hogares que podrían recibir la prestación, el 57% no la ha reclamado, lo que impide que el dinero pueda llegar a muchos hogares en una situación muy delicada. En el caso de las familias con hijos, este porcentaje se reduce drásticamente hasta situarse en el entorno del 40%, ya que el IMV se entregó de oficio a los hogares que contaban con una prestación por hijo a cargo. Sin embargo, entre los hogares compuestos solo por adultos, el porcentaje de quienes no han solicitado la prestación se sitúa cerca del 70%. Esto es, la gran mayoría de los potenciales beneficiarios.

Por comunidades autónomas, los peores datos se concentran en Cataluña, Baleares, Galicia y Castilla-La Mancha, todas ellas con un porcentaje de no solicitantes superior al 60%. Las mejores son Cantabria, Andalucía y Asturias y, aun así, superan el 50% (en concreto, alcanzan el 52%).

La AIReF ha detectado que la mayor parte de los hogares que no solicitan la prestación tienen algún tipo de renta. Esto hace que puedan pensar que no tienen derecho a cobrar la prestación o que, si tienen acceso, el porcentaje de complemento que recibirán es limitado (la ayuda por hogar es decreciente en función de sus ingresos). Así, un hogar que no tiene ingresos tiene casi un 50% más de probabilidades de solicitar el IMV que otro que tenga una renta cerca del umbral máximo y que apenas percibiría un complemento del 5% de sus ingresos. Esto explica que, de los potenciales beneficiarios que tienen rentas del trabajo, el 91% no hayan solicitado la ayuda y, en el caso de los parados con prestación, sean el 53%.

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Este problema de despliegue de la ayuda ('non take-up') resta un gran potencial a la medida y es una de las principales recomendaciones de la AIReF al Gobierno para su mejora a futuro. Si se desplegase íntegramente el ingreso mínimo y se sumase a las rentas mínimas de las comunidades autónomas, quedarían cubiertos seis de cada 10 hogares en riesgo de pobreza a nivel nacional. Llegando incluso a superar el 80% en Baleares y Asturias, dos regiones que tienen un sistema de renta mínima muy potente. En otras CCAA, por el contrario, sus ayudas regionales casi coinciden con el diseño del IMV, por lo que tienen un gran solapamiento y el potencial de lucha contra la pobreza sería muy reducido. Es el caso, por ejemplo, de Galicia, La Rioja o Madrid, donde, en el mejor de los casos, las ayudas llegarían a menos del 50% de los hogares en riesgo de pobreza.

Otro de los problemas de la medida es que los umbrales fijados por el Gobierno dejan fuera de la ayuda a 540.000 hogares en riesgo de pobreza. De estos, casi el 80% incumplen el criterio de renta, el de patrimonio o ambos.

Muchos de estos hogares que están en una situación precaria han solicitado la ayuda y ha sido denegada. A 31 de diciembre, casi un millón de solicitudes habían sido denegadas, esto es, más del 70% del total de peticiones. Apenas el 27% de los solicitantes llegan a percibir la prestación, lo que también supone un desincentivo para otros hogares. Si bien es cierto que este porcentaje se ha reducido, hasta el entorno del 60%, todavía es muy elevado.

Estos factores hacen que el potencial de reducción de la pobreza del IMV sea, todavía, reducido. La ampliación de las prestaciones para hogares con hijos en 2022 debería compensar una parte de los problemas detectados por la AIReF a finales de 2021, pero no todos. La Autoridad recuerda que este tipo de prestaciones destinadas a hogares con criterios de renta y patrimonio se enfrentan siempre a grandes problemas de implementación. Entre las medidas que recomienda para superar estos problemas se encuentra la simplificación de los trámites burocráticos, mejorar las campañas de información a hogares con rentas bajas o mejorar el cruce de información con las CCAA. En el caso del criterio de patrimonio, la AIReF recomienda que no se contabilice del mismo modo el patrimonio que se pueda convertir en líquido fácilmente con el inmovilizado, ya que este último no puede ser utilizado por las familias para sufragar sus problemas de ingresos.

A medio plazo, la AIReF recomienda estudiar un sistema integrado de todas las ayudas públicas que permita simplificar su solicitud, reducir la burocracia y, en definitiva, multiplicar el potencial de alcance de las mismas. De hecho, si las distintas administraciones integran los datos administrativos de los que disponen, podrían iniciar la tramitación de la ayuda de oficio. De esta manera, el ciudadano solo tendría que corroborar esas cifras. Sería algo similar al borrador del IRPF que reciben cada año los trabajadores en el que ya están incorporados la mayor parte de los ingresos y gastos deducibles de los hogares. "Se podría integrar el IMV (y otras prestaciones que persiguen los mismos objetivos) en el IRPF como un impuesto negativo y extenderlo a toda la población, armonizando los importes con el Mínimo Personal y Familiar", señala la AIReF. El sistema podría inspirarse en el EICT de EEUU (impuesto negativo en el IRPF) o en el Universal Credit, del Reino Unido (prestación única que agrupa a todas las ayudas públicas).

La Autoridad Fiscal seguirá analizando esta prestación en los próximos años para observar cómo reduce la pobreza y cómo afecta a los incentivos al empleo. Ya que uno de los riesgos de este tipo de prestación es que generen lo que se conoce como trampas de la pobreza. Esto es, ciudadanos que se acostumbran a vivir con una ayuda pública y salen del mercado laboral. Es importante analizar los desincentivos al empleo y diseñar incentivos para evitar que se produzca esta situación.