Sánchez acepta las condiciones del PNV para transferir el IMV antes de la reforma laboral

El Gobierno ha confirmado que la transferencia del ingreso mínimo vital (IMV) al País Vasco se realizará de forma íntegra y sin limitaciones temporales. Estas eran las principales condiciones que había exigido el ejecutivo de Iñigo Urkullu, molesto con la propuesta de transferencia de esta competencia remitida a finales de año por el Gobierno central. Desde el departamento de José Luis Escrivá, el que tiene las competencias sobre el ingreso mínimo vital, se había intentado minimizar el choque durante los últimos días aduciendo que se trataba de una "discusión técnica" y que no había diferencias políticas sustanciales.

La aceptación de las condiciones establecidas por los nacionalistas vascos se produce en plenas negociaciones para la reforma laboral. El PNV se mantiene en el no, al igual que otros socios del Gobierno como ERC o EH Bildu, haciendo peligrar la aprobación del decreto, que se votará el próximo jueves en el Congreso. Los nacionalistas vascos exigen que se garantiza la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales. El Ejecutivo quiere evitar cambios en el acuerdo con los agentes sociales ante la amenaza de la patronal de descolgarse si se modifica el texto y busca seducir al PNV con otros gestos.

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Tanto los socialistas como la vicepresidenta segunda están apurando las negociaciones con el PNV para intentar salvar el decreto, que tendría serias dificultades de salir adelante sin el concurso de los nacionalistas vascos. Se precisa al menos una abstención, puesto que no están confirmados los apoyos de todos minoritarios que se necesitarían sumar a los nueve diputados de Ciudadanos para tener mayoría. El PDeCAT, por ejemplo, advertía este jueves que su voto no está decidido y, dependerá en buena medida, de la decisión del PNV al compartir unas posiciones muy similares en cuenta a la reforma laboral. Los naranjas se han ofrecido, siempre y cuando salgan de la ecuación los soberanistas. Como con los primeros presupuestos, la suma de los primeros es incompatible con la de los segundos, al rechazarse mutuamente.

La voluntad de traspasar esta competencia de forma "íntegra" y "sin limitaciones temporales" fue trasladada este viernes por la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, antes de reunirse con el lehendakari, Iñigo Urkullu, en el palacio Ajuria Enea de Vitoria. En declaraciones recogidas por Europa Press, Rodríguez ha anunciado que el Gobierno tiene elaborado un nuevo documento sobre el traspaso de esta competencia incluyendo los términos que reivindicaba el gobierno vasco.

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Los nacionalistas vascos ha reclamado también acelerar otras transferencias pendientes de concretar por el Gobierno central. Meteorología, gestión del litoral, Fondo de Protección a la Cinematografía y servicios privados de seguridad son algunas de las que han priorizado. El Gobierno materializó el pasado mes de mayo la transferencia de Prisiones al País Vasco, lo que también fue un guiño a EH Bildu, y cerró el año culminando la de Tráfico a Navarra, también pactada con el PNV.

A la lista de transferencias al País Vasco se suman otras aprobadas en materia de transportes por carretera, puertos, asignación del ISSN y del antiguo edificio del Distrito Marítimo del puerto de Ondarroa. En el primer año de legislatura, ya se avanzaron traspasos sobre ejecución de la legislación laboral, productos farmacéuticos y seguro escolar. A todo ello se suma la concertación de los impuestos sobre transacciones financieras y de servicios digitales —tasa Google—, así como del régimen especial del IVA del comercio electrónico.

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La relación entre el Gobierno y el PNV ha estado marcada por los altibajos, con los presupuestos como punto de inflexión. El Ejecutivo pactó las cuentas previamente con EH Bildu y ERC, lo que convirtió a los seis diputados 'jeltzales' en prescindibles, lo que provocó que estos amenazaran con dificultar la tramitación en el Senado. Finalmente, los nacionalistas vascos arrancaron un acuerdo para que el Estado cediese al Gobierno de Iñigo Urkullu las obras para la construcción de los accesos del TAV a Bilbao y Vitoria y del soterramiento de las estaciones.

El Gobierno se afana en mantener a los nacionalistas vascos como principales aliados en el Congreso y su voluntad sigue siendo “continuar con el trabajo de los equipos técnicos de ambas administraciones para culminar los traspasos de funciones y servicios pendientes”. Unas concesiones que podrían allanar el camino para aprobar la reforma laboral con el apoyo del PNV. El muro de rechazo levantado por ERC, junto a EH Bildu, CUP y BNG hace imprescindible el apoyo de los nacionalistas vascos para salvar el decreto, lo que también le daría una mayor legitimidad.