Dueño de un Ferrari y con ayuda pública: follón en Italia por el ingreso mínimo vital

Delincuentes, evasores fiscales, dueños de varios pisos, progenitores de familia numerosa que en realidad no tienen hijos y hasta el dueño de un Ferrari. Estos son algunos de los casos más sangrantes de italianos cobrando el ingreso mínimo vital —conocido como 'reditto di cittadinzanza' (ingreso de ciudadanía)— destinado a las familias de menos recursos y que ha descubierto la policía en las últimas semanas. Lo que empezó como una investigación llamativa ha acabado revelando una cadena de estafas de norte a sur del país que cada día suma nuevos capítulos en los medios.

Las condiciones para obtener este subsidio son, en algunos puntos, aún más restrictivas que en España. La ayuda está destinada a desempleados italianos o extranjeros residentes con más de 10 años en el país —los dos últimos, de forma continua— con unos ingresos inferiores a 9.360 euros al año, un patrimonio inmobiliario inferior a los 30.000 euros y un patrimonio financiero no superior a 6.000 euros. La ayuda se da por un periodo máximo de 18 meses y se puede renovar por otros 18. Los que reúnen esos requisitos cobran, dependiendo del número de personas que componen el núcleo familiar, entre 6.000 y 13.200 euros al año. En España, se puede pedir con un solo año de residencia, ingresos inferiores a 2.500 euros al año, un patrimonio inmobiliario de hasta 100.000 euros y financiero de 16.600 euros.

El presupuesto que se emplea en pagar el 'reditto' es variable. Cuando se inició el programa, hace tres años, el Estado gastaba 433 millones de euros al mes. En 2020, primer año de pandemia, esa cifra subió a 595 millones de euros; mientras que este 2021, la media es de 722 millones mensuales para un total anual cercano a los 9.000 millones, según explica el periódico 'La Repubblica'.

Por eso, hay imágenes que han generado una enorme agitación en el país, quizá por ser demasiado explícitas. Quizás el caso más emblemático has sido el de un hombre de 70 años de Avellino, región de Campania —en el suroeste del país—, al que los 'carabinieri' descubrieron cobrando el subsidio pese a tener un Ferrari F119 y varios terrenos e inmuebles. ¿Cómo consiguió que le autorizaran la ayuda? Según los investigadores, el hombre se empadronó en un nuevo domicilio, lejos de su acaudalada mansión familiar, para declarar que vivía en una humilde casa solo. Y el Ferrari lo puso a nombre de su hijo.

¿Retirar o modificar el subsidio?

No es un escándalo aislado... Otro caso que ha levantado ampollas es el de una banda de italianos y rumanos que han obtenido 20 millones de euros en los últimos años —entre paga de ciudadanía y de emergencia— para 9.000 rumanos que en realidad nunca han puesto un pie en Italia. La lista de ejemplos se alarga e incluye jefes mafiosos, delincuentes comunes, falsos inválidos, personas con barcos, coches, garajes, escuelas de baile… La policía ya ha descubierto al menos a 5.000 personas cobrando ilegalmente estas ayudas.

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La controversia ha llegado a un punto que amenaza con mover los cimientos del Gobierno de coalición de Mario Draghi y vuelve a poner sobre la mesa preguntas incómodas sobre esta polémica medida: ¿fue populista llevarla a cabo o es populista criticarla más que a otras medidas sociales? ¿Unos miles de ejemplos de engaños y malas prácticas son suficientes para tirar abajo medidas sociales que sostienen a familias sin recursos? Si se investiga el cobro de pensiones, paro, becas o ayudas a empresas, ¿se encontrarían porcentajes similares de prácticas fraudulentas?

Desde el inicio, la paga de ciudadanía (PC) ha sido un enorme motivo de controversia social y política en Italia. Para algunos, la que fue medida estrella del populista Movimiento 5 Estrellas y que le sirvió entre otras cosas para ganar las elecciones de 2018, era una medida necesaria en un país donde muchas familias pasaban más dificultades de lo que se supondría en una nación que es parte del G-7. Para otros, era una medida populista más de un país que lleva décadas despilfarrando dinero y que en 2019 tenía una preocupante deuda pública del 139% del PIB, la segunda más alta de Europa tras Grecia.

Ante la avalancha de noticias de engaños masivos que saltaban a los medios, la hoguera se ha desatado y la alta política italiana, incluidos partidos como la conservadora Lega, que aceptó la medida cuando cogobernaba con el M5S, se encuentra dividida en qué hacer con una medida que coloca en un brete al Gobierno Draghi. El hoy partido mayoritario del Parlamento, el M5S, ya ha dicho que tocar la PC es una línea roja. “¿Abolir la paga? Deberán pasar por encima de mi cadáver”, ha afirmado el actual líder del M5S y ex primer ministro, Giuseppe Conte.

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Al otro lado, sorprende hoy la postura del líder de la Lega, Matteo Salvini, que ha declarado que “la paga de ciudadanía es un desincentivo al trabajo y un incentivo a los deshonestos y los evasores fiscales”. Sorprende, porque la medida se aprobó siendo él vicepresidente de aquel Gobierno.

También la líder del extremista Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha atacado este subsidio, al que ha calificado de “metástasis”. Y tampoco se ha quedado fuera de las críticas el ideológicamente ya incalificable ex primer ministro Matteo Renzi, que cuando ocupó el cargo representaba a la izquierda del Partido Democrático (PD), que ha dicho que “empezaremos a promover un referéndum sobre la paga de ciudadanía. No es justo que la gente reciba un subsidio sin hacer nada”.

Por su parte, el hoy sucesor de Renzi al frente del Partido Democrático, Enricco Letta, ha dicho que “la paga de ciudadanía se debe modificar, no abolir”, apoyando las palabras del actual primer ministro, Mario Draghi, que aseguró que “la paga se queda, pero habrá más controles”.

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No le queda otra a Draghi que salvar la cara a su principal valedor, el M5S, y a la vez apaciguar a otros de los partidos que lo apoyan anunciando que el 'reditto di cittadinanza' se mantiene pero cambia, lo que abre un espectro amplio de interpretaciones prácticas que sirven a todos para decir que se hace lo que ellos proponen.

La dura crisis que se avecina…

El ministro del Trabajo, Andrea Orlando, de un PD que en 2019 votó en contra de esta ayuda y ha dado un volantazo ideológico como el de la Lega pero en sentido contrario, ha opinado que “hay un prejuicio sobre la paga de ciudadanía porque se piensa que la pobreza es una culpa”. Además, ha asegurado que solo hay que cambiar alguna cosa sin rebajar las ayudas “porque los próximos meses serán difíciles”.

Ahí está una clave de lo que está en juego. La reciente crisis económica de la década pasada dejó una enorme herida abierta en la sociedad italiana que vio de golpe cómo muchos recortes empeoraban sus vidas. Por un lado, el Estado estaba al borde de la quiebra total y sin esos recortes no había ayudas de Europa. Y por otro, miles de familias se quedaron sin empleo, vieron rebajados sus salarios y sufrieron recortes en las ayudas y servicios que recibían. ¿Está Italia ante un escenario parecido hoy?

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“Lo que viene va a ser mucho peor económicamente. En el barrio, hay muchas familias que viven del 'reditto di cittadinanza'. Hay mucho miedo a que venga un periodo de austeridad que se lleve por delante a todos”, explica Carlos Jaramillo, miembro del grupo de ayuda social GAM, del centro Okupa de Roma de Forte Prenestino. Ese centro, del que hemos publicado un reciente reportaje, es un buen ejemplo de la crisis económica que ya se vive por el covid.

“De mis amigos no trabaja ya ninguno y el que lo hace, lo hace en negro. A muchos les llega con 600 euros al mes para sus gastos y prefieren no hacer nada y estar de fiesta. El otro día uno me decía que no merece la pena trabajar de camarero por 800 euros al mes por la diferencia que hay con el 'reditto”, asegura Antonella, una fisioterapeuta de la provincia de Cilento, Campania, que vive en Roma.

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Hay muchas realidades dentro de la paga de ciudadanía. Hay personas en situación de emergencia que sin ella no cubren sus necesidades básicas, caraduras que se aprovechan del sistema con engaños y personas que acusan a la medida de generar una cierta desmotivación al trabajo y una cultura del subsidio. Otros responden que lo que desmotiva para trabajar son los bajos sueldos y malas condiciones que ofrecen las empresas.

No lo cobran vagabundos

De los datos que van saliendo parece claro que hay que corregir graves errores. Uno de ellos viene de un estudio de Caritas que asegura que el 57% de las personas que viven en la calle no cobra el 'reditto'. Las razones de eso, según los responsables del informe, son que “muchos de los vagabundos son extranjeros que no llevan 10 años residiendo en Italia y que muchos de los que sí pueden recibirlo desconocen que existe esta ayuda”.

Si se atiende a la distribución geográfica de la ayuda, hay una clara mayoría de personas que la reciben en el sur. En concreto, la región de Campania tiene un 9,1% de su población que recibe la ayuda y Sicilia un 8,4%. El 'reditto', en todos los baremos que se manejen, es un buen espejo en el que contemplar la enorme diferencia económica que hay entre el norte y sur de Italia. En Trentino Alto Adige, lo cobra el 0,8% de la población, y en Véneto, el 1,4%.

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En términos globales, según un reciente informe del Instituto Nacional de la Seguridad Social, entre abril de 2019 y octubre de 2020 hubo 2,56 millones de demandas de ayuda, de las que se aceptaron 1,54, lo que supone un 60%. En total, se beneficiaron de la paga de ciudadanía 832.000 núcleos familiares, para un total de 2,1 millones de personas. A esa cifra hay que añadir otras 157.000 personas que reciben la llamada pensión de ciudadanía (la misma paga, pero para personas mayores de 67 años).

Ante este panorama, el Gobierno ha decidido que un comité científico estudie el actual subsidio y proponga mejoras. A la espera de la discusión política, seguro que se introducirán cambios. Parece que se endurecerán los controles de acceso al subsidio y las condiciones para mantenerlo. Pero también se discuten cambios para hacerlo más universal y que los extranjeros con solo cinco años de residencia puedan recibirlo o aumentar el 'reditto' a las familias numerosas, que ahora podrían pasar a cobrar hasta 1.540 euros al mes frente a los 1.330 euros actuales.