El 44% de los hogares con IMV recibe menos de 400€: "He vendido hasta los muebles"

Ruth Casanova lleva dos años sin ningún ingreso estable. Cuando empezó la pandemia, el bar en el que era camarera sin contrato echó el cierre y no ha vuelto a encontrar trabajo pese sus 20 años de experiencia en la hostelería. Tiene un hijo a su cargo por el que —a veces— el padre le paga 100 euros de manutención. Y no le llega: “Estoy sin pagar comunidad, vivienda, ni facturas. Me han amenazado con echarme de mi casa y ya he vendido hasta mis muebles, el sofá, algún armario... No sé qué más hacer, es desesperante”.

En febrero le concedieron el ingreso mínimo vital, seis meses después de solicitarlo, pero cuando vio la resolución no entendía nada. “Decía que me correspondían 62,64 euros, pero no podía ser, no me salían las cuentas”, explica. Ni sumando la manutención y el subsidio extraordinario de desempleo, por el que percibió 319 euros durante seis meses en 2019, le daba una cantidad tan baja. Aunque la cuantía mínima garantizada por el ingreso mínimo vital es de 469,93 euros mensuales para una persona sola (5.538 anuales), esta cantidad puede reducirse si se han percibido otras ayudas o ingresos en el año anterior, aunque ya no se reciban.

Pero en su caso ni aun así cuadraba, por lo que a los pocos días de recibir la carta, en marzo, fue a la oficina de la Seguridad Social de San Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife). Tras revisar sus datos, las funcionarias le dieron la razón. “Llevo desde entonces esperando que lo modifiquen”, cuenta Casanova.

"A veces pedimos para comer por Facebook, a gente que ni conocemos"

Siete meses más esperando una respuesta del ministerio mientras hace malabares para que ella y su hijo puedan echar algo al plato cada día: “A veces pedimos para comer por Facebook, a gente que ni conocemos, porque mi familia tampoco puede ayudarnos mucho y los vales de comida solo los dan cada dos o tres meses”. Vive en una casa de alquiler social por la que debe pagar 100 euros al mes, pero como no llega, cada mes la cantidad es mayor por la deuda que va acumulando. “Necesito alguna solución. No sé ya ni por dónde tirar, a dónde acudir...”, explica.

Ruth es una de las 30.350 personas que reciben menos de 100 euros al mes por el ingreso mínimo vital. Aunque la media de esta prestación es de 436 euros, el 43,77% de los 344.650 hogares que la tienen aprobada percibe menos de 400 euros. Un 67% si se toman como límite los 500 euros, según datos facilitados a este diario a través de una petición de transparencia.

“Hay muchos casos que parecen una broma macabra. Tras muchos meses de espera, reciben la carta de aprobación con solo 10 euros, 50 euros, 100…”, explica Joaquín García, presidente de la Asociación Víctimas del Paro (AVP), que lleva tiempo pidiendo que solo se tengan en cuenta los últimos tres meses y no todo el ejercicio anterior, ya que a menudo no refleja la situación actual, especialmente la sobrevenida tras la crisis del covid.

Además, según denuncian afectados y asociaciones, la ayuda que no iba a 'dejar a nadie atrás' tiene a menudo requisitos tan encorsetados que, junto a los dilatados tiempos de tramitación, dificultan el acceso real al IMV.

“Convivo con mi hijo, que tiene una discapacidad del 65%, pero como tiene 35 años nos consideran dos adultos en un mismo hogar, así que solo me han concedido 17 euros”, explica Lucía, de Alcalá de Henares (Madrid). Al considerarles una unidad de convivencia con dos adultos, les correspondería un IMV de 600 euros mensuales, pero como percibe una pensión de 583 euros para cuidar de su hijo, solo le conceden los 17 euros que restan. De esos ingresos, 400 euros se van solo en la hipoteca. “En realidad, es como si fuese una familia monoparental, porque mi hijo depende de mí, pero en Madrid esto no está regulado y dicen que no me pueden dar más”. La primera vez que lo solicitó se lo denegaron automáticamente por haber cobrado la renta activa de inserción (RAI) en 2019.

“Yo empecé a cobrarla en febrero de este año, aunque la pedí en junio del anterior. Son 187 euros porque trabajé en 2019, y me parece ridículo, porque ahora mismo estoy a dos velas. ¡Qué tendrá que ver que trabajase hace ya dos años! Además, yo trabajo en el campo y no tengo derecho a paro”, explica Sara Veloso, que vive en un pueblo de Cuenca. “He intentado reclamar, pero llamas y llamas y nunca atiende nadie, así que me he dado por vencida”.

"He intentado reclamar, pero llamas y llamas y nunca atiende nadie"

A menudo los solicitantes ni siquiera saben por qué se les deniega o se les resuelve una determinada cantidad, porque en las resoluciones no vienen los criterios aplicados ni los cálculos realizados. Además, los errores son habituales y los plazos para resolverlos, también demasiado extensos para situaciones de emergencia social.

“No tiene ninguna lógica. Yo estoy cobrando 160 euros porque decían que cobré 8.000 euros el año pasado y no es verdad, fueron 5.000 euros de la RAI, que ya no recibo, y de una ayuda familiar porque tengo un hijo con discapacidad, aunque se va todo en terapia. Ahora me han contestado que tengo razón y que me deben 100 euros más al mes, pero sigue sin llegar al mínimo de 10.500 al año que se supone que nos corresponde según los baremos del ministerio”, cuenta Cristina, de Estepona, que lleva a sus dos hijos a comedores sociales para poder, al menos, darles un plato caliente. “Con los 20 o 30 euros que me saco limpiando de vez en cuando no nos llega. Yo quiero encontrar trabajo, no pedir ayudas, pero no hay”. Las mujeres representan el 68% de las peticiones para el IMV, y los hogares con menores, el 61,8%.

En continua modificación

Cuando se aprobó, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguró que el IMV llegaría a 850.000 familias en 2020. Luego, Escrivá lo rebajó a 550.000, cifra que tampoco se cumplió, y hace unos meses dijo que el primer objetivo se conseguiría a final de la legislatura. De momento, a 1 de octubre son casi 350.000 hogares con la prestación concedida y 888.000 a los que les ha sido denegada, la mayor parte (más del 60%) por superar los umbrales de renta y patrimonio establecidos en la normativa.

Desde que se introdujo, las grietas en el acceso a la ayuda han llevado a enmendar muchos de sus requisitos. Las últimas modificaciones son de este mismo lunes, cuando el Gobierno anunció que ya no se incluirán en el cómputo del IMV las prestaciones que reciben las personas por dependencia y las pensiones de alimentos. Además, estudiarán la convergencia del IMV con las prestaciones o subsidios por desempleo.

El Gobierno ha anunciado que no tendrá en cuenta ciertas prestaciones para obtener el IMV

Algunos solicitantes, como Laura, de Ourense, rechazaron la prestación del IMV precisamente por ser incompatible con otras ayudas. “Nos lo aprobaron en diciembre. Solo son 50 euros, así que a los dos días lo rechacé porque me compensaba más la prestación por hijo a cargo, pero todavía no lo han cambiado”, explica al teléfono. “Además, estamos a octubre y ni siquiera nos lo han actualizado en relación con los ingresos de 2020, que fueron menores que en 2019”.

El Gobierno también anunció que se podrán tener en cuenta los ingresos del año en curso de manera general. Hasta ahora, esto solo era posible en casos excepcionales: siempre que no recibiesen prestaciones y subsidios de desempleo y que durante el ejercicio anterior no se superase la mitad de los límites de patrimonio establecidos (el 50% de 16.614 euros para un adulto que vive solo). Según anunciaron, este umbral también será revisado para incluir los casos de pobreza sobrevenida.

Para la AVP, a pesar de las modificaciones anunciadas esta semana, aún quedan muchos cabos por atar para sacar a flote a las familias que se encuentran ahora mismo atrapadas en el laberinto del IMV, sobre todo por la demora en los plazos, un problema que el IMV arrastra desde el principio. “La actualización anual respecto a 2020 aún no se la han hecho a casi nadie, es un caos”, explica García, que pide un máximo de 30 días para nuevas solicitudes y 45 para las revisiones. Actualmente, en muchos casos los plazos de resolución llegan hasta los seis meses, por lo que las medidas anunciadas esta semana todavía tardarán en materializarse en el día a día de personas como Ruth, Cristina, Sara o Laura.