Yolanda Díaz pide a EY un plan antifraude para evitar la corrupción con los fondos europeos

El 'compliance' aterriza en la gestión de los fondos europeos. El maná comunitario supone para la Administración Pública distribuir ayudas y subvenciones en cuestión de meses de un volumen comparable a lo que se gestiona en 20 años. Por ello, el Gobierno está tratando de reforzar los controles para evitar irregularidades en el manejo del dinero público.

España ya ha recibido 10.000 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation EU y espera absorber un total de más de 70.000 millones de euros a fondo perdido, a los que se podrían sumar otros 70.000 millones en forma de préstamos blandos en los próximos años.

En este contexto, la Subsecretaría de Trabajo y Economía Social, órgano dependiente del Ministerio de Trabajo, ha contratado a Ernst & Young (EY) para recibir "servicio de apoyo, soporte técnico y funcional para el desarrollo del Plan Antifraude exigido por la Orden HFP/1030/2021 por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", según consta en documentación oficial.

De esta forma, el departamento liderado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se apoya en una de las cuatro grandes consultoras multinacionales conocidas como 'Big Four' para levantar el andamiaje que permita al ministerio detectar cualquier irregularidad o malversación con los fondos públicos.

La Orden HFP/1030/2021, aprobada a finales del pasado mes de septiembre, pide, entre otras cosas, "un refuerzo en los mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés".

En este sentido, el mecanismo encargado a EY debe evitar, detectar y corregir cuestiones como, por ejemplo, "la utilización o a la presentación de declaraciones o de documentos falsos, inexactos o incompletos, que tengan por efecto la percepción o la retención indebida de fondos". También busca que no se produzca "el desvío de esos mismos fondos con otros fines distintos de aquellos para los que fueron concedidos en un principio".

La Orden HFP/1030/2021 pide "un refuerzo en prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés"

El Gobierno especifica respecto del fraude que "constituye una infracción penal cuando se cometa intencionadamente" y hace una serie de recomendaciones con base en los protocolos de actuación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Controlar que la ingente cantidad de fondos que van a llegar a España en los próximos meses no acabe en destino irregular es uno de los mayores retos de la gestión de los mismos, dada la celeridad y el apremio de su puesta en marcha para así contribuir a la recuperación económica, gran parte de la cual depende precisamente de la ejecución de estos fondos. Trabajo, por ejemplo, ya ha empezado a levantar programas con fondos europeos Next Generation EU para la formación y el empleo de jóvenes. El desafío es evitar que dichos fondos acaben, dentro de meses o años, en investigaciones policiales y judiciales por su carácter irregular.

España arrastra el estigma de la corrupción vinculada al dinero público, del que se han servido diversas administraciones a lo largo de todo el territorio y bajo el mandato de gobiernos tanto del PP como del PSOE, principales partidos que han ocupado las instituciones.

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Juan Cruz Peña

Casos como Gürtel, Púnica, los ERE de Andalucía o el caso del fraude con los cursos de formación, muchos de los cuales aún colean en los tribunales, atestiguan que en España se han producido demasiados casos relacionados con un mal uso del dinero público en los últimos años. Una práctica que ahora el 'compliance' aplicado a los fondos europeos tratará de evitar.

Yolanda Díaz no es la única dirigente del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos que ha recurrido a las 'Big Four'. Su homólogo en la Seguridad Social, José Luis Escrivá, también ha contratado a PwC o KPMG para reformar el sistema de subsidios y cumplir así con uno de los requisitos solicitados por Bruselas para el desembolso de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transofrmación y Resiliencia.