Moncloa aprieta al PP para renovar el CGPJ y frenar la erosión de la imagen de España

El golpe a la calidad democrática en España, motivado esencialmente por el bloqueo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha caído como una bomba en el Gobierno. Bajar a segunda división en el 'ranking' de 'The Economist' supone un daño reputacional para el país a nivel internacional, una zancadilla a la marca España, que Moncloa acusa y asume, pero que también buscará solventar a partir del domingo. Se avecinan movimientos al más alto nivel, explican a El Confidencial fuentes gubernamentales, para intentar llegar a un acuerdo con el PP y renovar de una vez por todas el órgano de gobierno de los jueces.

Pedro Sánchez tiene previsto dar un paso en los próximos días para intentar retomar unas negociaciones para remodelar un CGPJ que lleva en funciones más de tres años, aseguran estas fuentes. Desde el 4 de diciembre de 2018 tiene el mandato caducado por la incapacidad de Gobierno y oposición de ponerse de acuerdo con los nombres. Desde el mismo 14 de febrero, por tanto, se abre una "ventana de oportunidad" que Moncloa, en la persona del ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, va a explorar. Es "ahora o nunca", consideran.

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Tanto Gobierno como PP asumen que para intentar alcanzar un acuerdo para el CGPJ hace falta un escenario sin elecciones. En Moncloa, ven el "horizonte despejado" al menos por un corto espacio de tiempo. Consideran que, en cuestión de días, se podría llegar a un acuerdo si el PP se abre a esta posibilidad y que no habría que esperar demasiado. Las elecciones en Andalucía, si el presidente Juanma Moreno no adelanta los comicios, están previstas para finales de año. Habría, por tanto, tiempo, pero Presidencia quiere desbloquear la situación cuanto antes.

Fuentes de Moncloa indican que la iniciativa para retomar las negociaciones debería partir del PP, que "es quien bloquea" la negociación. Se repite, por tanto, el tradicional tira y afloja entre Gobierno y principal partido de la oposición que ya se produjo en anteriores ocasiones, pero que fue desbloqueado por una u otra parte bajo la consigna de la confidencialidad en las conversaciones. A partir del 14, y dependiendo del resultado electoral, la situación podría ablandar las posiciones actuales, como ya ocurrió hace un año.

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Bolaños y García Egea ya llegaron, en efecto, a un acuerdo exprés tras las elecciones en Cataluña, hace justo 12 meses. Entonces, apenas unos días después de unos comicios que ganó el PSC y en los que el PP se desplomó hasta los tres diputados, el entonces secretario general de Presidencia y el número dos de los populares acordaron renovar el consejo de administración de Radio Televisión Española (RTVE). Intentaron alcanzar un 'pacto de Estado' con el resto de instituciones, pero no fue posible. El pacto fue posible en un momento en que Pablo Casado anunció que el PP abandonaría la sede de la calle Génova, una decisión que un año después no se ha producido.

Meses más tarde, en octubre, Bolaños y García Egea cerraron un segundo acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo, entre otras instituciones. No sin polémica, eso sí, por el nombre del magistrado Enrique Arnaldo. Buscaron hacer lo propio con el CGPJ, pero tampoco fue posible. En las conversaciones, siempre ha surgido un problema que se repite: en nombre del juez José Ricardo de Prada, opción de Unidas Podemos en la negociación pero rechazada por el PP.

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La tercera intentona para desbloquear la negociación del CGPJ se produciría en un momento de especial tensión entre Gobierno y PP. Génova está poniendo el foco en el "pucherazo" en el Congreso con la votación de la reforma laboral, en un supuesto reparto discrecional de los fondos europeos, en que España es el país que más tardará en recuperarse de la crisis, según las previsiones de la Comisión Europea, en el uso electoralista de las instituciones, aunque la Junta Electoral Central ha tumbado la denuncia, o en el canal abierto por el Gobierno con los presos de ETA, desvelado por El Confidencial, exigiendo el cese de Fernando Grande-Marlaska, entre otros asuntos. El ambiente en este momento, cuando se están jugando el Gobierno en Castilla y León, es, por tanto, de máxima polarización, una situación que lleva a algún ministro del Gobierno a expresar en privado sus dudas sobre un acuerdo con el PP en lo que queda de legislatura.