"Un país de pandereta": el episodio del Congreso ahonda en la crisis institucional

En apenas un minuto el Congreso de los Diputados vivió la siguiente escena: Meritxell Batet dio por derogada la reforma laboral por dos diputados de UPN que no dijeron la verdad, PP y Vox lo celebraron ostensiblemente, Gobierno y oposición se preguntaron el porqué, la presidenta corrigió la suma, dio 32 segundos más tarde el decreto por aprobado y se organizó entonces una profunda crisis con palabras gruesas como "pucherazo" o "cacicada". La tarde más berlanguiana que se recuerda en la Cámara baja deja una evidente debilitación de las instituciones. Una crisis política y social evidente porque, además, llueve sobre mojado y tanto Gobierno como oposición han contribuido a ello.

El Gobierno tiene convalidada la reforma laboral gracias al voto telemático de Alberto Casero. Una victoria para la coalición que, sin embargo, deja heridas cuya cicatrización no va a ser sencilla ni cercana. La polarización que cada semana se vive en el hemiciclo, con o sin convocatorias electorales a la vista, lleva tiempo alejando a la ciudadanía de las instituciones, de forma que lo ocurrido este jueves en el Congreso ahonda en esa crisis de representación que afecta a los tres poderes del Estado. Presidencia está trabajando en una batería de leyes sobre "regeneración democrática", pero la degeneración es de tal calibre que la solución se antoja complicada.

El problema va mucho más allá del episodio concreto vivido el jueves. "Se está produciendo una importante crisis institucional que se pone de manifiesto principalmente en la quiebra del Estado de Derecho y en la falta de confianza de los ciudadanos en esas mismas instituciones. Nos están dejando un país de pandereta", asegura en conversación con El Confidencial, un alto funcionario de la administración del Estado. Esta quiebra es también evidente para Miguel Pasquau, catedrático de Derecho Civil y magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. "De tanto retorcerse los procedimientos que les son sustanciales, las instituciones se están quedando en un tablero de juego caprichoso donde se plasman decisiones que responden a otros 'juegos', y en el que solo cuenta el resultado", avisa.

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Para el jurista, escenas como la representada con ocasión de la votación en el Congreso, "producen desconfianza y desazón". "Cuando las instituciones se adentran en el barroquismo (los rizos, la táctica, la instrumentalización, la búsqueda de consecuencias indirectas, o la priorización de la apariencia sobre la realidad) y abandonan las líneas nítidas que deberían definirlas y que les dan sentido, se están regalando argumentos a quienes hacen política con el discurso de la antipolítica", avisa Pasquau.

Los políticos y juristas consultados reparten culpas para todos: Gobierno y oposición. Pedro Sánchez y su Gobierno tienen buena parte de culpa en que la crisis institucional tenga difícil solución. Gobernar por decreto no es, precisamente, una ayuda. Y el Ejecutivo socialista en solitario, primero, y más tarde en coalición con Unidas Podemos está abonado a legislar desde el poder ejecutivo. Pese a que Moncloa presuma de "diálogo" y "cogobernanza", Sánchez es el presidente que más reales decretos-ley ha aprobado. En apenas tres años y medio de mandato ya ha superado los números de media de cualquier Ejecutivo en democracia. Y eso que recurrir a esta figura, censurada por el Tribunal Constitucional por el abuso que supone, debería ser una excepción reservada para casos de urgente necesidad. Pero Sánchez recurre a ella con asiduidad, como ha quedado demostrado con la reforma laboral. De hecho, los socios habituales del Gobierno, con ERC y EH Bildu, a la cabeza, reprocharon al Ejecutivo que este recurso hurta al Parlamento su capacidad de legislar. Alcanzar un acuerdo con los agentes sociales es lo ideal pero donde se debaten y deciden las leyes es en las Cortes Generales, denunciaron. Que se legisle desde Moncloa es un torpedo a la separación de poderes.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, Carlos Flores Juberías, asegura que tanto para el Ejecutivo como para el PP está "alarmantemente ausente en nuestro actual escenario político" la clara distribución de los roles de 'gobierno' y de 'oposición'. Desaparece, además, peligrosamente la lealtad recíproca —complementaria de la también imprescindible lealtad institucional— entre quienes se hallan en una y otra posición. "Episodios como el de esta semana nos colocan más en el escenario de la Italia de la 'partitocrazia' que en los de la Gran Bretaña que inventó el parlamentarismo. Y no es buen síntoma", indica.

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Lo segundo, evidenciado en el día a día de nuestra vida política, ha quedado si cabe más patente todavía a raíz del chusco episodio del pasado jueves en el Congreso de los Diputados, cuando el Gobierno logró sacar adelante uno de sus proyectos insignia merced al error —o la distorsión— del voto de un diputado popular, y ello tras negarse en redondo a remediar el mismo antes de llevar a cabo el escrutinio de la votación. En una democracia seria, las votaciones clave no se convocan cuando los diputados de la oposición están mirando a otra parte, ni se ganan aprovechando que uno de ellos se quedó encerrado en el baño.

Para el alto funcionario consultado, este abuso desmesurado del real decreto ley, legislación prevista para casos de extraordinaria y urgente necesidad, "supone un absoluto desprecio por parte del Gobierno al Congreso de los Diputados, poder en el que reside la soberanía popular. La función legislativa le corresponde al Congreso, y es a este al que le corresponde la aprobación de las leyes. El Gobierno se ha arrogado esta función, que constitucionalmente no le corresponde, y ha abusado de la situación de emergencia derivada de la crisis sanitaria provocada por el covid".

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El 'affaire' con las mascarillas también ha contribuido a erosionar la credibilidad de los poderes públicos. Sánchez tomó la polémica decisión de reforzar el uso de los protectores faciales en exteriores en vísperas de Nochebuena en contra del criterio de los expertos y aprovechó el decreto para introducir la 'paguilla' de los pensionistas. De esta forma los socios habituales del Gobierno no tuvieron más remedio que salvar el decreto el pasado martes en su convalidación. Apenas 48 horas más tarde la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunciaba que relajaría la obligatoriedad en el Consejo de Ministros del próximo martes. El anuncio coincidió con la crisis de la reforma laboral. "Trilerismo", se escucha en la oposición.

Que la oposición no colabora en la estabilidad y credibilidad institucional también esta claro. El presidente del PP ha llegado a afirmar que España "está quebrada" y, aunque no ha insistido en ese mensaje, supone un precedente delicado. La oposición es consciente de que la batalla política se va a decidir en el terreno económico y por eso ha puesto el foco sobre los fondos europeos y el reparto, denuncian desde Génova, desde los gobiernos autonómicos y desde los ayuntamientos populares, discrecional de los mismos. Casado dispone de un equipo específico centrado en la fiscalización del maná comunitario y no va a dudar en seguir el ejemplo de Isabel Díaz Ayuso de recurrir al Tribunal Supremo ante cualquier duda. Mientras tanto el Gobierno se niega en redondo a crear una agencia independiente para su gestión.

"La malversación de la democracia"

"No hay democracia sólida sin un esqueleto de instituciones limpias y claras que susciten la confianza de los ciudadanos. La autoridad en democracia la deberían tener las reglas, los derechos y las instituciones, y no los líderes; pero cuando se emplea más energía en la cáscara de los liderazgos que en la nuez de la decisión, se está rozando la malversación (de la democracia). ¿Cómo nos extrañaremos luego del éxito de los que prometen arreglarlo todo con su carisma?", asegura Pasquau.

En sede parlamentaria el nivel sigue bajando en un nuevo periodo de sesiones. Lo ocurrido este jueves en la votación de la reforma laboral es la punta del iceberg de una larga lista de episodios que alejan a la ciudadanía cada vez más y más de sus representantes. El mismo jueves, los dos diputados de UPN en el hemiciclo mantuvieron durante todo el día que iban a salvar el decreto del Gobierno y que, aunque iba a ser una decisión dolorosa, acatarían la disciplina de voto de su partido. Pero a la hora de la verdad apretaron el 'no'. Es una decisión legítima e, incluso, recurrente. Por ejemplo, Odón Elorza, del PSOE, votó en conciencia en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional en contra del criterio de su partido. Pero los navarros no fueron claros y eso es lo que ha llevado al Gobierno a hablar de "transfuguismo".

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Horas antes, en la sesión de control del miércoles, el PSOE empleó la misma para hacer campaña sobre Castilla y León. Es una maniobra que no es nueva pero que da escaso esplendor a la sede de la soberanía nacional. Los socialistas lanzaron hasta cuatro preguntas orales a cuatro ministros para que pudieran exponer las deficiencias de la gestión del PP que acude a las urnas en una semana. Y en el hemiciclo aún colea el episodio que rodeó a la retirada del escaño a Alberto Rodríguez, con Unidas Podemos arremetiendo con dureza contra la presidenta del Congreso y con el protagonista anunciando una querella contra ella que finalmente no presentó. Y con el choque que tuvo lugar entre el ejecutivo y, en este caso el judicial.

Declarar inconstitucionales dos estados de alarma tampoco ayuda a superar esta crisis institucional. Ni que el nombramiento de Pablo Iglesias en la Comisión Delegada del CNI fuera tumbado también por el TC. Ni mantener cerrado el control parlamentario en el Congreso durante varios meses durante el confinamiento. Ni las críticas desde el Gobierno al Instituto Nacional de Estadística (INE) por la fórmula empleada para medir el PIB. Ni el reciente choque con el CGPJ a cuenta de la Ley de Vivienda. La lista es alargada.

Los ataques al poder judicial

Para los juristas consultados, resultan especialmente graves "los constantes e indisimulados ataques al Poder judicial". Son varios los ejemplos que mencionan. "Los desprecios hacia la independencia judicial por parte de los miembros de una parte del Gobierno, sin que la otra parte (con la sola excepción de Margarita Robles) diga nada, son intolerables", recuerda uno de ellos. La elección politizada en puestos clave como el TC o las iniciativas con aroma de intervencionismo, como la proposición de ley presentada en su momento para reducir las mayorías precisas para el nombramiento de los cargos en el CGPJ, finalmente desechada por la intermediación de la UE. La concesión de los indultos a los condenados en el juicio del 'procés' como ejemplo de injerencia en la independencia del poder judicial por parte del Ejecutivo, menciona otra fuente que también se refiere al nombramiento como Fiscal General del Estado de Dolores Delgado como sinónimo del "asalto a la independencia del poder judicial y a una Fiscalía que es un órgano de relevancia constitucional".

"Todo esto se ve día a día, y se traduce en un despego cada vez mayor de los ciudadanos, entre los que me cuento, hacia sus instituciones porque no se puede confiar en ellas", concluye uno de los consultados.