El Constitucional se pronunciará sobre la reforma que limita las funciones del CGPJ
También admite los recursos de Vox y los populares contra el decreto ley de los 'riders', pero rechaza la recusación solicitada por Roger Torrent contra los miembros del TSJC
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fe32%2F4ef%2F1f9%2Fe324ef1f96b62d9dfd998c8b59d1830c.jpg)
El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre la reciente reforma legislativa del Gobierno que impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobar nombramientos cuando está en funciones, una situación en la que se encuentra desde diciembre de 2018. Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, el Pleno del Tribunal ha admitido por unanimidad los recursos de inconstitucionalidad de Vox y PP contra esta ley orgánica del pasado marzo y ha designado como ponentes a los magistrados María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol.
Además, en este primer Pleno tras el verano, también ha admitido a trámite el recurso del PP contra la Ley de Eutanasia, cuya ponencia queda en manos del magistrado Cándido Conde-Pumpido, y los recursos de Vox y los populares contra el decreto ley de los 'riders'. Por el contrario, ha inadmitido por unanimidad la recusación de la totalidad del tribunal formulada por Josep Costa en el recurso de amparo presentado contra el auto del TSJ de Cataluña que admitió la querella por desobediencia.
La reforma del CGPJ
La reforma del CGPJ, impulsada por el PSOE y Podemos, bloquea sus propuestas de nombramiento para los presidentes del Supremo, de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional, así como de los presidentes de Sala y magistrados del Supremo y miembros del Constitucional. El cambio se propuso el pasado diciembre y entró en vigor en marzo entre las críticas del PP y Vox, que recurrieron ante el Tribunal Constitucional.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fef5%2Fef6%2Ff62%2Fef5ef6f624e9a698e856c63c811a8e01.jpg)
En el acto de apertura del año judicial, el propio presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, destacó que en el alto tribunal son 11 las vacantes sin cubrir de un total de 79, por lo que la reforma implica "agravar" el problema y les "coloca en una muy difícil situación".
"Atendida la trascendencia que esta reforma tiene para el órgano al que la Constitución encomienda la garantía de la independencia judicial, durante la tramitación parlamentaria se solicitó por el consejo poder emitir su opinión —como resulta obligado en todos los proyectos de ley que afectan a su organización y funcionamiento— y se interesó también que se recabara informe de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, la llamada Comisión de Venecia, así como que se oyera a todos los agentes afectados, muy especialmente a las asociaciones judiciales, siendo todas estas peticiones desatendidas", recordó durante su discurso.
La ley de eutanasia
En cuanto a la Ley Orgánica para la regulación de la Eutanasia, el Congreso aprobó la misma el pasado marzo. La normativa establece que esta práctica se podrá llevar a cabo a pacientes que los soliciten y que se encuentren en un contexto de "padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable". Para acogerse a la misma se debe tener nacionalidad española, residencia legal o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a 12 meses, así como tener mayoría de edad y "ser capaz y consciente en el momento de la solicitud".
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F360%2F4fa%2Fb83%2F3604fab83aa271357eefee3d1835857b.jpg)
El recurso del PP contra esta ley argumenta que supone una vulneración del derecho a la vida recogido en el artículo 15 de la Constitución y en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. "El régimen establecido incumple los deberes positivo y negativo del Estado de proteger la vida y, en particular, de establecer un régimen jurídico que garantice que la decisión ha sido tomada libremente y con plena comprensión de lo que conlleva”, sostiene. Vox también recurrió la ley en junio y pidió al Constitucional que suspendiera su entrada en vigor, pero esta segunda solicitud fue rechazada.
Decreto ley de los 'riders'
En cuanto al decreto ley de los 'riders', el Consejo de Ministros lo aprobó en mayo y establece la condición de asalariados para los repartidores autónomos de plataformas digitales, los llamados 'riders'. La norma modificaba así el Estatuto de los Trabajadores y determinaba la presunción de laboralidad de las actividades de reparto o distribución de cualquier tipo de producto o mercancía a través de la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo a través de una plataforma digital.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F718%2F11c%2Fcd3%2F71811ccd327d69044b9538e9998b013a.jpg)
El recurso del PP contra este cambio pone el foco en la fórmula que se ha utilizado para sacarlo adelante, el decreto ley, pues considera que el Gobierno ha abusado de su poder para evadir el control del Congreso ante una situación en la que no existía "urgente necesidad". El pasado mayo, el Constitucional ya censuró al Gobierno por el abuso de esta figura legislativa. En concreto, por cómo había aprovechado un decreto ley sobre el covid-19 para incluir una disposición final con la que se blindaba a Iglesias en el CNI.
El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre la reciente reforma legislativa del Gobierno que impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobar nombramientos cuando está en funciones, una situación en la que se encuentra desde diciembre de 2018. Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, el Pleno del Tribunal ha admitido por unanimidad los recursos de inconstitucionalidad de Vox y PP contra esta ley orgánica del pasado marzo y ha designado como ponentes a los magistrados María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol.