Feijóo exigirá a Sánchez una cláusula anti Delgado para pactar el desbloqueo del CGPJ

El único punto de encuentro en la reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa fue retomar las conversaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Está previsto que en los próximos días se produzcan los primeros contactos. Ambos se emplazaron para después de Semana Santa. Por parte del PP, será Esteban González Pons, desde su vicesecretaría institucional, el que liderará las negociaciones. Queda por determinar si al frente del área judicial seguirá el consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López. Está previsto que mañana en el comité ejecutivo se designen los secretarios de área. Salvo sorpresas, López continuará en el cargo. No solo conoce a la perfección el mundo judicial, sino que ha participado activamente en los documentos que se han intercambiado PP y PSOE durante los últimos meses en su intento de llegar a un desbloqueo del órgano de los jueces que nunca se produjo.

Con la llegada de Feijóo se abre una nueva etapa también sobre las exigencias para cerrar un acuerdo con los socialistas. Más allá de los nombres que ya han sido testados por parte de los dos equipos, y del cambio en la ley para que sean los jueces los que elijan a los vocales del CGPJ a futuro, para el gallego es determinante que se transmita a los ciudadanos una imagen de que si hay pacto es para “regenerar”, aseguran desde la planta noble de Génova. Con este planteamiento, el PP pedirá una reforma en la ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para evitar que se repitan “escándalos” como el nombramiento de Dolores Delgado, que pasó directamente de ser titular de Justicia a ostentar el puesto de fiscal general del Estado.

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Esta propuesta ya se planteó en la etapa de Pablo Casado, pero se fue diluyendo. Ahora se solicitará que expresamente en el apartado que habla de la designación del fiscal general se añada que "no podrá proponerse a nadie que haya tenido un cargo en el poder ejecutivo o legislativo". Es decir, ni miembros del Ejecutivo ni diputados o senadores. Actualmente, el Gobierno propone un candidato que debe validar el Consejo General del Poder Judicial y que nombra el Rey. No existe ninguna incompatibilidad más allá de que sea elegido entre juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión. Por eso y pese al revuelo que supuso la designación de Delgado, recibió el aval del pleno del CGPJ por 12 votos a favor frente a siete en contra.

Los recursos presentados ante el Supremo por el propio PP y por Vox tampoco prosperaron. La Sala de lo Contencioso-Administrativo decidió inadmitirlos al entender que había una falta de legitimidad de ambas formaciones. En un voto particular que firmó Antonio Jesús Fonseca-Herrero, este magistrado discrepante subrayaba que la sección debió analizar la cuestión de fondo y resolverla "acordando la nulidad del nombramiento impugnado por no concurrir en la persona nombrada para el cargo de fiscal general del Estado la imprescindible condición de idoneidad".

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En el ánimo de Feijóo está no prolongar el bloqueo del CGPJ, dado que está suponiendo un atasco en otros organismos como el Tribunal Supremo al no poder cubrirse las vacantes, pero tampoco caerá en “la trampa” de darle a Sánchez el único pacto que le interesa. El líder del PP quiere que se redacte una "propuesta ambiciosa" de renovación en la que se perciba la voluntad de despolitizar la Justicia, señalan en su equipo. Aquí se abordarían desde cambios en la elección a aspectos como el del fiscal general. Fuentes populares señalan que en los tiempos también pesa que al presidente le urge renovar ya el Consejo, dado que en junio toca designar a cuatro miembros del Tribunal Constitucional, dos a propuesta de la Moncloa y dos a propuesta del CGPJ. Si para entonces se han cambiado las mayorías en el máximo órgano de los jueces, podría contar con magistrados más afines en el alto tribunal. Es precisamente este 'politiqueo' el que intentará, al menos en apariencia, evitar Feijóo. El PP sabe que una imagen de pasteleo con el PSOE para repartirse los jueces es artillería pesada para Vox.

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González Pons será el interlocutor con el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, quien llegó a establecer una estrecha relación con Teodoro García Egea, con el que llegó a cerrar los relevos en el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. El CGPJ se atascó primero por los nombres —el PP vetó a los propuestos por Podemos, Ricardo de Prada y Victoria Rosell—, luego por el cambio en la norma para designar los vocales y una y otra vez por la falta de oportunidad política. Los populares siempre temieron un desgaste en las encuestas. La designación de Enrique Arnaldo a propuesta del PP supuso un importante desgaste para ambos partidos por su conocida amistad con Pablo Casado. Desde ese momento, se frenaron las negociaciones. Ahora se retoman con “buena voluntad” por parte de los populares, pero con el aviso de que esto no se cerrará "mañana".

Las últimas polémicas

En el último mes, la presencia de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General no ha estado exenta de polémica. En su reciente enfrentamiento con la Fiscalía Europea durante el tira y afloja por las diligencias sobre el contrato de la Comunidad de Madrid del que se benefició el hermano de Isabel Díaz Ayuso, un grupo de fiscales de Sala le exigió por escrito que se abstuviera de tomar parte en esa investigación.

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Los seis miembros del Ministerio Público le recordaron que un cargo político no puede intervenir en asuntos en los que estén implicados otros cargos políticos. En concreto, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que deberán abstenerse, y en su caso podrán ser recusados, de intervenir en cualesquiera asuntos en los que sean parte, partidos o agrupaciones políticas, o aquellos de sus integrantes que ostenten o hayan ostentado cargo público.

Pese a ello, como publicó este diario, Delgado también intervino en la investigación de Anticorrupción sobre los contratos del Ayuntamiento de Madrid con los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina para adquirir material sanitario. Tuvo conocimiento del avance de las pesquisas y en noviembre de 2021 firmó un decreto por el que daba orden de prorrogar los trabajos para hacer todas las diligencias necesarias.

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Además, el TS acaba de cuestionar su política de nombramientos. Los magistrados estimaron los recursos presentados por la Asociación de Fiscales y por el fiscal José Miguel de la Rosa Cortina contra el Real Decreto 212/2021, de 30 de marzo, por el que se nombró a Eduardo Esteban Rincón fiscal de Sala de Menores de la Fiscalía General del Estado. La sala anuló dicho nombramiento por falta de motivación, y acordó que se retrotraigan las actuaciones para que se motive en forma.

Pese a ello, el Gobierno recurrió recientemente a una puerta trasera para garantizar su ascenso en la escala fiscal una vez cese en el cargo. En una enmienda presentada por el Grupo Socialista en el Congreso a la ley concursal, se blinda su promoción y se amplía además el trámite para que el presidente del Gobierno sea informado de investigaciones en curso "siempre que no haya obstáculo legal", es decir, cuando no sean reservadas o secretas. En uno de los párrafos de la propuesta del partido del Ejecutivo para modificar aspectos del Estatuto Fiscal —introducida por sorpresa en la tramitación parlamentaria de la ley concursal— se introduce otra variación que permitiría a la responsable del Ministerio Público dirigirse por iniciativa propia a Pedro Sánchez para comunicarle aquellos asuntos de especial trascendencia en los que intervenga y que "por su naturaleza y relevancia deba conocer".