Semana negra para el Tribunal Constitucional: "Esto es una tragedia"

Malestar sin precedentes con la forma en la que los dos principales partidos del arco parlamentario han ejecutado en la última semana la elección de los cuatro nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. Desde la selección de los candidatos, con una capacidad técnica que cuestionan tanto varios magistrados del TC como del Supremo, hasta la "perversión" del sistema "perpetrada" por el PSOE y el PP a la hora de imponer a sus diputados la obligación de avalar con su voto un acuerdo cerrado por dos de sus representantes, numerosas fuentes consultadas por El Confidencial muestran su rechazo al acuerdo de renovación del órgano de garantías y avisan del progresivo deterioro de la institución. "Esto es una tragedia", asegura una de las fuentes consultadas.

El desacuerdo con la escenificación del compromiso alcanzado por las dos fuerzas políticas —que fue sometido este jueves a la votación de los plenos del Congreso y del propio Constitucional— se incrementó en la recta final. La disciplina impuesta a los parlamentarios ha terminado por desbordar la paciencia del mundo judicial que ve en el pacto la sublimación de un intercambio partidista "impúdico" en el que han saltado por los aires las últimas prevenciones que quedaban aún en pie. Los magistrados que han integrado a lo largo de los últimos años la institución no dan crédito. "Lo sucedido estos días es una aberración constitucional", indica, por ejemplo, el magistrado emérito del TC Manuel Aragón.

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Otro destacado miembro del Constitucional, que pide no ser identificado, asegura que lo vivido en estos días abre "una herida de muerte" en la institución e incide en que desvirtúa "el sistema que la carta magna quiso para la elección". Recuerda la diferencia abismal que existe entre la composición de los primeros tribunales y esta. "Entonces, tuvieron una altura de miras que ahora se ha perdido. De una mayoría de académicos se ha pasado a una de jueces, propinando, además, "una bofetada al Supremo", del que no proceden ninguno de los nuevos miembros.

Lo que debería ser la elección de los mejores ha derivado en la selección de los más convenientes para quienes lideran el acuerdo desde el terreno político. La forma pública de airear que se selecciona a aquellos cercanos ideológicamente y no a quienes, por su trayectoria y méritos, sean aceptables y aceptados por todos se ha mostrado ahora "en todo su esplendor como un verdadero escándalo" y puede fomentar "el descrédito de una institución fundamental para la democracia", agrega Aragón.

"Hay que guardar las formas y en este caso no se han guardado", indica al respecto uno de los magistrados consultados

"Hay que guardar las formas y en este caso no se han guardado", indica al respecto otro de los magistrados consultados, vinculado con la Sala de Contencioso del Tribunal Supremo. "Es tremendo que esto se haya convertido en un 'diunvirato' y que comience a asumirse con resignación como algo natural. Una decisión de dos señores que se reúnen en un cuarto y a la que el grupo parlamentario se somete casi sin chistar. Lo pervierte todo: el sistema democrático y el constitucional. Solo parece haber un poder como sucedía años atrás", resume conclusión uno de los jueces consultados.

El vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional Ramón Rodríguez Arribas explica este sentimiento general, patente entre los jueces y juristas tanto conservadores como progresistas. "Creo que esto ha escenificado con evidencia cegadora que esta elección, mal llamada parlamentaria, es falsa", indica en declaraciones a El Confidencial. Sucede que en este caso ninguno de los dos partidos se ha preocupado por las apariencias o, simplemente, no les ha importado guardarlas. Irónicamente, esto sucede cuando tanto socialistas como populares se disputan la bandera de la "despolitización" de la Justicia, reflexiona otro exmagistrado del órgano constitucional. "Parlamentaria no es partidista", concluye Arribas.

Premiar los "servicios prestados"

“La sensación de que asistimos a un reparto de cromos ha existido siempre. Sin embargo, tras esta última renovación, lo que se evidencia es que el proceso de degradación de las instituciones ha tocado fondo. Ya no se esconden ni disimulan”, observa con pesar Elisa de la Nuez, presidenta de la Fundación Hay Derecho, que indica dos problemas. El primero, un procedimiento que concede amplio margen de discrecionalidad a los partidos. El segundo, la falta de escrúpulos de las formaciones, cada vez más inclinadas a premiar la afinidad y los “servicios prestados”, relegando a un plano muy secundario la cualificación técnica. “Con Enrique Arnaldo se ha designado a una persona, ya no evidentemente cercana al PP, sino, además, con determinados problemas que ya conocían. Y los del otro lado, por mucho que se rasguen las vestiduras, aceptan el sistema”. El resultado, en opinión de De la Nuez, la deslegitimación de la institución y sus decisiones.

Miguel Presno, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, muestra también su preocupación por el hecho de que lo determinante para la designación sea el alineamiento con una de las dos grandes formaciones. "No encuentro escandaloso que exista pluralidad de ideologías en el seno de las instituciones. Lo realmente importante es que la ideología no sea lo decisivo para elección, sino que se prime el contar con un perfil técnico adecuado", explica.

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La crítica alcanza al propio TC, a los magistrados que compartirán actividad con los nuevos elegidos. Hasta tal punto es profunda que uno de ellos votó en contra de la verificación de los requisitos de los candidatos, convirtiendo un trámite formal en una muestra más de rechazo. Las dudas de los que avalaron la elección miran a los posibles recursos frente a los tribunales europeos que ya han dado múltiples avisos sobre otros estados como Polonia y que cuestionarán la validez de decisiones adoptadas si existe la sospecha de que se han teledirigido desde la política.

Y, en este caso, esa sospecha es casi una certeza para muchos. Uno de los magistrados consultados, ya jubilado, se refiere al perfil escogido por los partidos en su reparto dos a dos. "Tengo serias dudas por dos cuestiones: nivel de formación jurídica e independencia. Existe en este caso una excesiva vinculación política, parece que han buscado, con excepciones, a personas que accedan a cumplir instrucciones y eso es preocupante", indica. Por primera vez desde la elección del actual dirigente del PP, Enrique López, ninguno de los elegidos procede del Supremo y ninguno pertenece a la primera categoría. Pese a ello, revisarán las decisiones de magistrados de escalafón superior. La desigualdad ha supuesto un plus de malestar.

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En la misma línea, ya desde fuera de la judicatura, Joaquín Huelin, exmagistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y actualmente socio de Fiscal de Cuatrecasas, señala su sorpresa por la ausencia de miembros del TS entre los candidatos a renovar el Tribunal Constitucional. "Me ha llamado muchísimo la atención que no se haya incluido ninguno", asegura en conversación con este diario, remarcando que la calidad técnica de los juristas a quienes los partidos políticos proponen para el organismo es una forma de medir el "mimo" con el que las formaciones tratan a un eslabón clave en nuestro engranaje jurídico-institucional."El Constitucional debe ser cuidado y mimado por el resto de poderes del estado, y en los últimos años tengo la sensación de que no lo está siendo mucho", observa.

Malestar también en la política

La mala sensación no es exclusiva de la judicatura y se extiende a la mayor parte del arco parlamentario con excepción de los tres partidos que participaron de forma activa en el pacto. Se acaba antes de enumerar aquellos grupos que dijeron sí a los que prefirieron no avalar "el reparto del pastel". El bipartidismo y su nueva muleta morada se quedaron prácticamente solos. PP, PSOE y Podemos impusieron a los suyos el voto y, a pesar de las prevenciones y avisos, no lograron la adhesión de todos los suyos. 11 se desmarcaron.

Desde Cs, una de las voces más críticas de la semana ha sido la del vicesecretario, el abogado del Estado Edmundo Bal, que anunció este mismo viernes una iniciativa "para evitar que vuelvan a repartirse el Estado". Plantean una Ley Integral de Regeneración Democrática que propone un concurso público en el que prime el mérito y no la afinidad política. Lo cierto es que el sistema, similar al de Estados Unidos, levanta una cierta envidia. Varios de los juristas consultados lo mencionan como ejemplo. En EEUU, los miembros de la Corte Suprema son elegidos de forma directa por el presidente, pero superan a continuación en el Senado una revisión completa de su idoneidad que puede alargarse durante meses. En el mismo trámite se tradujo en el caso español a una horas de la mañana de un miércoles cualquiera en el que las críticas verbales no se tradujeron en la retirada del apoyo.

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En este sentido, Presno recuerda el episodio vivido en 2005 en Estados Unidos, cuando Harriet Miers, asesora legal del presidente George W. Bush, retiró su candidatura al Tribunal Supremo del país por la fuerte oposición que su figura generó entre los senadores republicanos. Entre los correligionarios de Bush no solo se cuestionaba su perfil ideológico (la derecha más dura la consideraba algo tibia), sino también y especialmente la ausencia de la experiencia y la cualificación necesaria para acceder a un puesto vitalicio en la cúspide del sistema judicial norteamericano. Algunos de los principales portavoces conservadores pidieron expresamente el voto contra Miers, lo que forzó a la abogada a presentar una carta de renuncia al puesto.

La paradoja es que lo que al socialista Odón Elorza le valió ser apartado como portavoz de su partido en el pleno en el que debían someterse a discusión las candidaturas, es para Presno el camino a seguir. La dirección del grupo socialista, descontenta con el agrio interrogatorio que el diputado había sometido a Enrique Arnaldo en la comisión de nombramientos, relegó a Elorza. Sin embargo, el catedrático sostiene que las comparecencias “deben ser un verdadero examen de idoneidad” y no un paseíllo para ratificar “lo que ya se ha decidido previamente”. “Eso prestigiaría a todas las instituciones”, concluye; no solo al TC, sino también a las cámaras que los designan.

La realidad del proceso de designación parece alejarse cada vez más del espíritu con el que se diseñó el sistema de elección

La realidad del proceso de designación, en cambio, parece alejarse cada vez más del espíritu con el que se diseñó el sistema de elección, que requiere a Congreso y Senado que elijan a los ocho (cuatro y cuatro) miembros del TC por una mayoría de tres quintos en cada caso. Los redactores de la Constitución buscaban configurar un procedimiento que empujara al consenso de las grandes fuerzas políticas. Lo que nos encontramos ahora, en cambio, es un sistema de cuotas que ni PP ni PSOE se esfuerzan en disimular. Así lo evidenció la portavoz del Ejecutivo Isabel Rodríguez tras el Consejo de Ministros del pasado 2 de noviembre al afirmar que “nosotros [los socialistas] nos hacemos cargo de nuestros nombramientos. Les pido que, por aquellos nombramientos que resulten más polémicos, pregunten a los grupos que los propusieron”. Más claro, agua.

Reforma del sistema de elección

Para estrechar el margen de discrecionalidad de los partidos políticos en la elección de los miembros del TC, De la Nuez y Presno plantean un sistema más abierto. La primera sugiere el establecimiento de unos requisitos mínimos de cualificación profesional y, a partir de ahí, que cualquiera pudiera presentarse candidato y someterse al examen de las cámaras. El segundo, en la misma línea, una fórmula en la que haya más nombres que puestos a cubrir, y se estructure una suerte de proceso selectivo en el que se evaluaran los méritos.

En todo caso, el catedrático de la Universidad de Oviedo señala que la propia institución también puede, en su funcionamiento interno, adoptar una serie de decisiones que mejorarían su prestigio y legitimación ante la ciudadanía y el resto de instituciones. Entre ellas, acelerar sus tiempos de resolución, evitar las filtraciones o abandonar ese sistema de comunicación por el cual un fallo se hace público dos o tres semanas antes de la sentencia. Además, propone, como sucede en los tribunales europeos o en el Supremo de EEUU, que determinados asuntos, especialmente aquellos que son más controvertidos, sean sometidos a una vista pública. “No se trata de difundir las deliberaciones, sino de celebrar una audiencia en la que los magistrados puedan plantear sus dudas a quienes han presentado el recurso o a las instituciones involucradas”. La propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) prevé, en su artículo 85.3, que el pleno o las salas “podrán acordar la celebración de vista oral”, un mecanismo, sin embargo, que apenas emplean. “Pero hacerlo daría más transparencia y legitimidad a la institución”, concluye Presno.

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Por si la sombra de la sospecha de ser un tribunal politizado no fuera suficiente carga para el TC, Joaquín Huelin añade otra actuación por parte de los políticos que correa la imagen de la institución. El exmagistrado recuerda lo sucedido con la plusvalía municipal. “El tribunal ya advirtió al legislador en 2017, cuando se dicta la primera sentencia, que debía arreglar esta cuestión. Le repitió su llamada de atención en 2019. Cuatro años y medio después, como las Cortes no han hecho nada, el tribunal se ve obligado a tomar una decisión que limita los derechos de los contribuyentes porque es consciente de la realidad financiera de la Administración”. Es decir, la dejación de funciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo obliga al TC a adoptar una postura jurídicamente muy controvertida, con plena conciencia de ello. “Y eso no debería ser así. No se puede poner a los magistrados en la tesitura de tener que ‘sacarle las castañas del fuego’ a otros poderes del Estado”, remata Huelin.

Además, el actual socio de Cuatrecasas anticipa que el daño puede no acabar aquí. En su opinión, la sentencia del TC sobre la plusvalía municipal presenta elementos suficientes para ser llevada ante Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) o al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), y existen argumentos jurídicos de peso para que alguno de los dos la revoque, lo que supondría un importante revés para su prestigio y credibilidad.