El PSOE estudia multar a Elorza y exculpa a Ábalos por romper la disciplina de voto por error

El PSOE ha anunciado que estudia sancionar al diputado vasco Odón Elorza por romper la disciplina de partido en la votación de los nombramientos del Tribunal Constitucional. Sin embargo, Elorza no ha sido el único socialista que se ha saltado la línea impuesta por el partido al rechazar el acuerdo alcanzado con el PP para la renovación parcial del alto tribunal. El exministro José Luis Ábalos ha votado en blanco y Mariano Sánchez, diputado por Badajoz, nulo. Ambos lo atribuyen a un error. Una explicación que respaldan fuentes cercanas a la dirección del grupo, avanzando que no se emprenderán medidas disciplinarias contra ellos al tratarse de "equivocaciones".

En el caso de Ábalos, el diputado habría enviado el voto telemático sin haber rellenado previamente la papeleta con los cuatro nombres pactados, según estas mismas fuentes. Sánchez, por su parte, habría escrito mal el apellido de uno de los cuatro magistrados propuestos, por lo que se contabilizó como nulo. El voto en contra de Elorza se considera completamente distinto porque el diputado manifestó públicamente su negativa a apoyar a Enrique Arnaldo, el magistrado propuesto por el PP que ha sido cuestionado tanto por su estrecha vinculación con los populares como por haber cometido diferentes irregularidades. Desde las filas de Unidas Podemos, formación que ha apoyado el acuerdo para la renovación, diversos diputados se han sumado al rechazo de Elorza. No solo en público, sino también a la hora de rellenar la papeleta. Tanto es así que Arnaldo solo recibió 232 sufragios de los 243 que sumaban PSOE, PP y Unidas Podemos.

La dirección tomará una decisión sobre las actuaciones que emprenderá contra Elorza en los próximos días. Previsiblemente, en una reunión la semana que viene, según apuntan fuentes del partido. El reglamento del grupo parlamentario socialista incluye para estos casos sanciones de 600 euros, como la que ya recibió Elorza junto a otros 14 diputados díscolos que votaron en contra de la investidura de Mariano Rajoy en 2016 entonando el 'no es no'. Una multa por "la emisión del voto contrario a la orientación acordada por el Grupo, cuando esta se haya realizado de forma voluntaria y haya sido manifestada explícitamente, sin perjuicio del mecanismo disciplinario previsto en los Estatutos Federales del PSOE".

Los estatutos a los que hace referencia el reglamento recogen en el artículo correspondiente a la disciplina parlamentaria que "si no la respetasen, el Grupo Parlamentario y la Comisión Ejecutiva Federal podrán denunciar su conducta al Comité Federal. Si la actuación originada por esa persona del Grupo se estimase grave por el Comité Federal, este tendría facultades para proceder a darle de baja en el Grupo Parlamentario, procediendo a incoar el correspondiente expediente, que será tramitado por la Comisión Federal de Ética y Garantías para que dicte las resoluciones a adoptar". Un extremo al que nunca se ha llegado y que ahora tampoco se contempla al remitir a la dirección del grupo y no a la ejecutiva del partido la decisión que finalmente se adoptará.

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Elorza fue el primero en alzar la voz contra el nombramiento de Arnaldo, al cuestionar su perfil por las diferentes infracciones que habría cometido, como relevó este diario. En su intervención en la Comisión de Nombramientos de la Cámara Baja, ya fue especialmente crítico. Tras tomar la decisión de votar en contra, lo justificó "en defensa del prestigio y la dignidad de las instituciones del TC y Congreso". Una posición que adoptó "tras una reunión con la dirección del grupo socialista" en la que trasladó sus intenciones.

A pesar del carácter secreto de estas votaciones, desde el grupo socialista solicitaron a sus diputados que les remitiesen el certificado del voto. El objetivo era controlar el proceso ante el creciente riesgo de que se produjesen fugas debido al cuestionamiento interno sobre la elección de Arnaldo. No fue así en el caso de Unidas Podemos, a pesar de que varios diputados también criticaron en público el precio por asumir el acuerdo y defendieron en privado su voto "en conciencia". Y es que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un objetivo de primer orden para el Gobierno. De ahí que se haya querido asumir el coste político de avalar el polémico nombramiento del magistrado. La actualización parcial del alto tribunal se concibe como la estación de paso para desbloquear las negociaciones para el órgano de gobierno de los jueces.

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En el Ejecutivo, salieron al paso de la polémica reconociendo que no les gustaba el perfil de Arnaldo, pero sin hacerse cargo de su elección al tratarse de un candidato propuesto por el PP. Todo ello a pesar de que los cuatro nuevos magistrados del TC (Ramón Sáez, Concepción Espejel e Inmaculada Montalbán, además de Arnaldo) fueron consensuados por socialistas y populares.

El portavoz de Unidas Podemos encargado de defender la posición de su grupo, Antón Gómez Reino, se justificó con que "nuestro voto nunca es a favor de Enrique Arnaldo o Concepción Espejel", los dos nombres propuestos por los populares, sino "para acabar con el secuestro a que el PP ha sometido a los órganos constitucionales y defender nuestra democracia de aquellos que solo la quieren desestabilizar". En esta línea, concluyó: "No podíamos permitir que el PP siguiese con el secuestro" de estas instituciones.