Caso Arnaldo: Once diputados de PSOE y Podemos rompen la disciplina de partido

El Congreso ha sacado adelante este jueves la renovación del Tribunal Constitucional pactada entre el Gobierno y los populares, pero con una amplia fisura interna en los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos. Un total de once diputados se han desmarcado de la línea impuesta por la dirección de los grupos que sostienen al Ejecutivo de coalición rechazando la polémica elección como magistrado de Enrique Arnaldo. De los 243 votos que suman PSOE, PP y Unidas Podemos en el Congreso, para los que eran suficientes 210, Arnaldo ha obtenido 232. Se supera así la votación, aunque consumándose una rebelión interna anunciada durante las últimas horas y que no han podido aplacar ni desde el PSOE ni desde Unidas Podemos.

En las filas socialistas hizo público su rechazo Edón Elorza, mientras que en el grupo parlamentario de Unidas Podemos este diario ha confirmado el rechazo de la vicepresidenta tercera en la Mesa del Congreso, Gloria Elizo. Finalmente se sumaron nueve parlamentarios más a su posición crítica. Al tratarse de un voto secreto, no se puede descartar que algunos de estos votos de rechazo no provengan de las filas populares, intencionados o por error en la votación, si bien ningún diputado de esta formación había cuestionado la idoneidad de los candidatos. Tanto desde la dirección del PSOE como desde la de Unidas Podemos abonan la hipótesis de que no todos los diputados populares habrían apoyado los nombramientos.

La otra candidata propuesta por el PP, Concepción Espejel, ha obtenido una mayor contestación que el de los otros dos nombres propuestos por los socialistas: Ramón Sáez Valcárcel e Inmaculada Montalbán Huertas. De los 240 de estos últimos, Espejel obtuvo 237. El acuerdo para la renovación entre PP y PSOE, apoyado por Unidas Podemos, suponía que los nombramientos contasen con un total de 243 votos a favor -descontada la ausencia de un diputado de Podemos tras no sustituirse todavía el escaño del inhabilitado Alberto Rodríguez-. De los 350 diputados representados en la Cámara, solo han participado en la votación 249. Otros ocho votos han sido en blanco, uno de ellos reconocido por José Luis Ábalos, que lo ha atribuido a un error, y uno nulo, también de un diputado socialista al escribir mal el apellido. La baja participación en la votación visibiliza también el rechazo al proceso por parte de los grupos minoritarios. Formaciones como ERC, PNV, EH Bildu, CUP o BNG ni siquiera han participado.

Ocho votos han sido en blanco. Uno de ellos de José Luis Ábalos, atribuido a un error, y otro nulo, también de un diputado socialista

La diputada de Unidas Podemos que rompió con la disciplina de voto de su grupo parlamentario en la elección de Arnaldo como magistrado del Constitucional, a propuesta del PP, trasladaba a este diario que lo había hecho para votar "en conciencia". Fuentes de la dirección, por su parte, avanzaban a El Confidencial que este sería el único voto en contra que tenían contabilizado, después de que en las últimas horas mostrasen públicamente su rechazo a la elección de Arnaldo dos representantes de la formación morada. Sin embargo, la mayor parte de los diputados díscolos provendrían previsiblemente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, ya que los socialistas reclamaron a sus diputados el certificado de su voto, a pesar de que se trataba de una votación secreta, para supervisar el proceso. Una medida de control que no siguieron los morados, por lo que el principal foco de las fugas provendría de sus filas, aun sin poder identificar a los diputados díscolos.

El diputado del PSOE, Odón Elorza, fue el primero en alzar la voz contra este nombramiento, al cuestionar su perfil por las diferentes infracciones que habría cometido, como relevó este diario. En su caso sí que ha dado explicaciones en público sobre su rechazo a la elección de Arnaldo. Lo ha hecho, según su justificación, "en defensa del prestigio y la dignidad de las instituciones del TC y Congreso". A través de un tuit ha confirmado que "tras una reunión con la dirección del Grupo Socialista en la que he explicado mi posición de cara a la votación, he efectuado con responsabilidad el voto telemático en el que no he apoyado al sr. Arnaldo". Elorza efectuó su voto pocos minutos antes de las 13:00 horas, el plazo máximo estipulado para hacerlo telemáticamente.

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Desde el entorno de Elorza habían denunciado que el voto "no es secreto", ya que desde la dirección del grupo socialista han incrementado el control para evitar fugas, exigiendo a sus diputados que envíen el certificado de su voto. Una decisión que Unidas Podemos no ha adoptado, aunque sí ha tratado de evitar votos en contra de la elección manteniendo contactos con todos los diputados. El resultado final de la votación se conocerá esta tarde tras el debate en el pleno del Congreso. No hubo votos presenciales, como decidió la Mesa del Congreso para evitar censos duplicados.

La dirección del grupo socialista ha avanzado en referencia a la ruptura de la disciplina de voto por parte de Elorza que "estudiará en los próximos días el caso y tomará una decisión al respecto". El artículo 67 de los estatutos del partido ratificado en su 40º Congreso Federal recoge en su punto segundo que "la disciplina parlamentaria se basará en el respeto a los acuerdos debatidos y adoptados por mayoría en el seno del Grupo Parlamentario". En su tercer punto, este artículo apunta que "el Grupo Parlamentario y la Comisión Ejecutiva Federal podrán denunciar su conducta al Comité Federal. Si la actuación originada por esa persona del Grupo se estimase grave por el Comité Federal, éste tendría facultades para proceder a darle de baja en el Grupo Parlamentario, procediendo a incoar el correspondiente expediente, que será tramitado por la Comisión Federal de Ética y Garantías para que dicte las resoluciones a adoptar".

Entre las faltas consideradas graves se incluye "hacer públicos, por cualquier medio de difusión, opiniones, ideas o comentarios opuestos a la línea política del Partido". En caso de considerarse una falta leve, en el que podría encajar "la pérdida de compostura y respeto que, sin perjuicio de la libertad de crítica, se debe guardar entre personas afiliadas en cualquier acto del Partido", se ejecutaría "apercibimiento y/o suspensión de militancia hasta dos meses". En los criterios para la graduación de las sanciones, glosados en el artículo 88 de los estatutos destacan: "la existencia de intencionalidad"; "los perjuicios causados a los intereses y la imagen del Partido" y "la reincidencia".

La dirección del PSOE "estudiará en los próximos días el caso y tomará una decisión al respecto"

Arnaldo uno de los cuatro magistrados pactados entre socialistas y populares, y su perfil ha sido cuestionado internamente tanto en las filas del PSOE como de Unidas Podemos, y abiertamente rechazado por los socios parlamentarios del Ejecutivo. Además de sus vinculaciones directas con la formación conservadora, Arnaldo ha compatibilizado su trabajo en dos universidades cuando la ley lo prohíbe expresamente. Las direcciones de los grupos parlamentarios que sostienen el Gobierno de coalición habían tocado a rebato entre los suyos para que se impusiese la disciplina de voto. El Congreso también ha dado luz verde a la renovación del Defensor del Pueblo, órgano al frente del que se situará Ángel Gabilondo, y del Tribunal de Cuentas.

Estación de paso para renovar el CGPJ

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un objetivo de primer orden para el Gobierno. Tanto es así que para llevarla a término está dispuesto a asumir el coste político de avalar el polémico nombramiento de Enrique Arnaldo. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salía al paso de la polémica este miércoles desde la tribuna del Congreso al reconocer que no le "gustan" algunos candidatos propuestos por el PP. Sin embargo, defendía la necesidad de "salvar el acuerdo para renovar los órganos constitucionales". La actualización parcial del alto tribunal, así como del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, se concibe como la estación de paso para desbloquear las negociaciones para el CGPJ.

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Desde el grupo socialista, son optimistas ante la posibilidad de que puedan desencallar el proceso en las próximas semanas, antes de final de año, aunque los populares mantienen la exigencia de reformar la ley para que sean los jueces quienes elijan a sus colegas en lugar de que lo haga el Congreso con una mayoría de tres quintos como hasta ahora. El Gobierno parte de la premisa de que primero se proceda a la renovación del órgano, según la legislación vigente, mientras se buscan "vías de encuentro" con la formación conservadora para asegurar una mayor independencia judicial. Fuentes del PP conocedoras de las negociaciones remarcan que no ha habido avances durante los últimos días, aunque las conversaciones no se han interrumpido para intentar actualizar la composición de un órgano que se acerca ya a los tres años con el mandato caducado.

En el PSOE se abren a buscar fórmulas intermedias, pero siempre una vez se haya firmado la renovación, aunque estas mismas fuentes se limitan a avanzar que existirían "diferentes opciones", evitando concretarlas en aras de preservar la discreción de las negociaciones. Las conversaciones están siendo capitaneadas por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, junto a los portavoces parlamentarios de ambos partidos, Héctor Gómez y Cuca Gamarra, respectivamente.