De ministra a fiscal general: el caso Dolores Delgado no tiene precedentes desde 1986

"¿La Fiscalía, de quién depende?", preguntaba irónicamente Pedro Sánchez, autoseñalándose como cabeza invisible del Ministerio Público al ser designado siempre por el Ejecutivo. Ahora, ya sin miramientos y sin ironías, el socialista convierte a la exministra de Justicia Dolores Delgado en fiscal general del Estado, dejando atónitos a los fiscales, al dejar a un lado de forma definitiva la aparente imparcialidad que se presupone del cargo.

Aunque no formulada expresamente en ningún artículo de la Constitución de 1978, la división de poderes en la democracia española se deduce de la regulación que se hace de los mismos. Así, en el artículo 124, la figura del fiscal general del Estado se describe como un órgano "en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social".

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De esa independencia de los tribunales españoles se presupone una cierta imparcialidad aunque, al ser un cargo propuesto por el Gobierno en el Consejo de Ministros y nombrado por el Rey, siempre ha rondado la sombra de la duda de si reciben instrucciones y órdenes por parte del presidente del Ejecutivo. Una duda que, con el nombramiento de Dolores Delgado, la ya exministra del primer Gobierno de Sánchez, queda disipada, pues no hay un precedente igual en la política de este país.

Una vez finalizada la dictadura de Franco, la primera legislatura de Adolfo Suárez estuvo aún muy marcada por algunos pesos pesados de la Falange española. Es el caso de su primer fiscal general, Juan Manuel Fanjul Sedeño, que asumió el cargo el 13 de enero de 1978 hasta el 14 de noviembre de 1980. Este abogado y banquero llegó a ejercer como vicesecretario de la FET y de las JONS tras la Guerra Civil, para luego convertirse en procurador de las Cortes franquistas.

Tras comenzar la Transición, se afilió a la Unión de Centro Democrático (UCD) en las elecciones de 1977 y obtuvo su escaño por la circunscripción de Madrid. Fue el Gobierno de Suárez quien lo designó fiscal general, cargo que ejerció hasta la llegada de su sucesor: José María Gil-Albert, un abogado de profesión que perteneció también a la UCD.

Gil-Albert estuvo solo dos años en el cargo, ya que tras el ascenso de Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente, se disolvió el Ejecutivo en 1982 y se convocaron de nuevo elecciones en las que ganó el hasta entonces líder de la oposición, Felipe González.

Luis Antonio Burón Barba era magistrado del Tribunal Supremo cuando el socialista llamó a su puerta ofreciéndole el cargo de fiscal general del Estado. No obstante, debido a discrepancias internas, dimitió en 1986.

Una vez finalizada la dictadura de Franco, la primera legislatura de Adolfo Suárez estuvo aún muy marcada por algunos pesos pesados de la Falange

Fue entonces cuando González prefirió rebuscar en sus filas a alguien de confianza y convirtió a su hasta entonces ministro de la Presidencia, Javier Moscoso del Prado, en fiscal general. De la UCD en su juventud, Moscoso, seguidor de la línea de Fernández Ordóñez, se pasó al PSOE y fue elegido diputado por Madrid, escaño que renovó en 1986, cuando ascendió al Ministerio Público. Pasó de ser parte del Gobierno a jefe de un órgano relativamente independiente.

Tras esta polémica, le sucede el abogado y jurista Leopoldo Torres, que dentro del PSOE presidió el partido en Castilla-La Mancha y hasta 1989 fue vicepresidente primero del Congreso y de la Diputación Permanente. En 1990 pasa a ser fiscal general, hasta que dimitió dos años después.

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Del jurista Eligio Hernández, que antes de obtener el cargo del Ministerio Público era vocal del Consejo General del Poder Judicial y diputado de las Cortes de Canarias, González nombró a Carlos Granados, que siempre defendió crear una policía judicial que dependiera solo de los jueces.

Con José María Aznar ya en el poder, fue el turno de Juan Ortiz Úrculo, que solo ocupó el cargo durante ocho meses tras presentar su dimisión y volver como fiscal al Tribunal Constitucional.

En 1997, Jesús Cardenal, vinculado al Opus Dei, pasó de ser fiscal de la Audiencia de Bilbao a titular del Ministerio Público, cargo que dejó en 2004 y volvió al ejercicio libre de la abogacía.

El jurista coruñés Cándido Conde-Pumpido fue el fundador y portavoz de Jueces para la Democracia en 1974 y en 1995 se incorpora a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. José Luis Rodríguez Zapatero le propone para la Fiscalía General del Estado en 2004. Siempre vinculado a la lucha contra el terrorismo, promovió durante su mandato la especialización, creando las fiscalías de violencia de género, medio ambiente, seguridad laboral, vial y extranjería.

Le sucede Eduardo Torres-Dulce, que tuvo un polémico pasado siendo fiscal del Tribunal Constitucional al ejercer a la vez de presidente del Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol. Tuvo que dimitir de su cargo en 1988, aunque luego se convertiría en fiscal general de 2011 hasta el final de la primera legislatura de Mariano Rajoy.

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Consuelo Madrigal, ahora muy conocida por ser una de las fiscales del juicio al 'procés' catalán en el Tribunal Supremo, fue la primera mujer en ocupar el cargo del Ministerio Público.

Su sucesor, José Manuel Maza, murió estando en el cargo en 2017. Su nombramiento fue muy polémico porque, según una nota de prensa del PSOE de ese momento, "su trayectoria como magistrado no garantiza en absoluto el perfil independiente que requiere la figura de fiscal general". Poco después, una vez ya en el cargo, fue reprobado por el Congreso de los Diputados por obstaculizar las investigaciones del caso Lezo, sobre la corrupción política en la empresa pública del Canal de Isabel II, vinculada al PP.

Tras su repentino fallecimiento, ocupó el cargo en funciones durante unos meses Luis Navajas Ramos, hasta que nombran al abogado Julián Sánchez Melgar, que ve su cargo interrumpido por la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018.

Con Pedro Sánchez ya como presidente, María José Segarra se convirtió en la segunda mujer en el cargo y en la predecesora de Dolores Delgado. Estuvo al frente de la Fiscalía de Sevilla hasta que el socialista llamó a su puerta para ocupar el Ministerio Público. Pertenece a la Unión Progresista de Fiscales, de cariz progresista, que han salido este lunes en defensa del nombramiento de la exministra de Justicia entre las críticas del resto de fiscales.