Delgado defiende que es Anticorrupción quien debe investigar el contrato sobre Ayuso

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ya tiene formado un criterio propio en relación con el conflicto surgido entre dos departamentos del Ministerio Público sobre la investigación del contrato adjudicado por la Comunidad de Madrid del que acabó beneficiándose el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Según informan fuentes fiscales, defiende que la investigación debe continuar en manos de Anticorrupción en lugar de ser asumida por la Fiscalía Europea, dado que el delito principal de los existentes a nivel indiciario sería un tráfico de influencias de relevancia nacional prioritario sobre la presunta malversación de cantidades procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La decisión sobre quién asume las pesquisas se adoptará el próximo lunes tras la celebración de una Junta de Fiscales de Sala cuyo criterio recabará Delgado antes de pronunciarse. La desavenencia entre los dos departamentos arrancó hace unos días después de que la Fiscalía Europea pidiera investigar si se produjo una malversación de fondos comunitarios en la adjudicación de la que se benefició Tomás Díaz Ayuso.

Según informan fuentes fiscales, la representante del departamento en España, Concepción Sabadell, se puso en contacto con la Fiscalía Anticorrupción para que se le facilitara el acceso a las diligencias abiertas al considerar que pudo realizarse un mal uso de las ayudas. La solicitud se realizó después de que el Servicio Nacional de Cooperación Antifraude remitiera un informe a la Fiscalía Europea en el que se daba cuenta de la posibilidad de que el dinero procediera de las cantidades que destina la UE al desarrollo regional.

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Fue entonces cuando Sabadell reclamó la información para comprobar si se produjo alguna irregularidad con los fondos comunitarios. A partir de ese momento, se inició un tira y afloja entre ambas fiscalías. El jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicitó conocer el informe de Antifraude y su solicitud le fue denegada. Posteriormente, Sabadell se encontró con la negativa de este a ceder las diligencias, tras considerar que el departamento europeo no es competente fuese cual fuese el origen de los fondos. El conflicto de competencias y la decisión de Delgado aparece como la única vía para fijar quién debe ocuparse.

Anticorrupción no aprecia que existan indicios que justifiquen ceder estas diligencias. Asegura que en las pesquisas llevadas a cabo por el momento no se ha detectado que los fondos europeos se vieran afectados puesto que el material adquirido se facilitó de forma efectiva, indican estas fuentes. Aunque la presunta malversación que esgrime Sabadell fuera de fondos europeos, los delitos conexos, es decir el fraude, el tráfico de influencias y el cohecho son de interés superior para la fiscalía española que para la europea, ha defendido Luzón.

La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias a finales de febrero a raíz de las tres denuncias presentadas por el PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid, que reclamaron que se investigara el contrato de adquisición de mascarillas vinculado al hermano de Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid aclaró que Tomás Díaz Ayuso cobró 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive, la adjudicataria, por las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid.

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El departamento dirigido por Alejandro Luzón se encontraba analizando el contrato sospechoso para determinar si existen indicios delictivos y no descarta citar al familiar de la presidenta madrileña. Los tres partidos de la oposición madrileña han reclamado, en concreto, que se investiguen los puntos oscuros de la adjudicación que estuvo en el origen de la guerra abierta entre el presidente popular, Pablo Casado, y la propia Ayuso. De hecho, las primeras sospechas de corrupción partieron del seno del partido, que investigó de forma interna presuntas irregularidades. Fontaneros de la formación llegaron a contactar con una agencia de detectives para tratar de comprobar el cobro con la idea de que era muy superior, de 286.000 euros.

Los grupos parlamentarios de la izquierda acudieron al Ministerio Público de forma individual y atribuyen a Ayuso delitos de tráfico de influencias, cohecho, malversación y prevaricación. En el caso de que esta investigación que acaba de arrancar terminara provocando la presentación de una querella, será el Supremo el tribunal competente, dado que el estatuto madrileño determina que los presidentes, vicepresidentes y consejeros de la región sean aforados ante la Sala de lo Penal de este alto tribunal. Si no afectaran a la presidenta, el tribunal competente sería la Audiencia Nacional.

Ayuso respondió este mismo viernes a la reclamación de la Fiscalía Europea. "Ya no sé en cuántos más organismos se va a fiscalizar esta historia. No sé a quién le interesa hacerlo así pero, sinceramente, después de tantos organismos falta la ONU por pronunciarse al respecto", ironizó.