Delgado accedió a la investigación del contrato de Madrid y ordenó prorrogarla

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, avaló la investigación de Anticorrupción sobre los contratos del Ayuntamiento de Madrid con los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina para adquirir material sanitario durante la peor parte de la pandemia. Tuvo conocimiento del rumbo de las pesquisas y en noviembre de 2021 firmó un decreto por el que daba orden de prorrogar los trabajos para hacer todas las diligencias necesarias.

El documento obra en el sumario del caso al que ha tenido acceso El Confidencial y lleva la firma de la exministra de Justicia. Delgado hace un somero repaso de las líneas principales de la investigación, que partió de una alerta del Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales), organismo que depende del Ministerio de Economía. En el momento en que la fiscal general redactó este escrito, el 18 de noviembre, la investigación ya llevaba un año en marcha y se centraba en Luceño y Medina y su relación con el Ayuntamiento de Madrid.

“Como fruto de los contactos entre los investigados y responsables del Ayuntamiento de Madrid, se firmaron tres contratos entre la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid y la compañía malaya Leno para adquirir material sanitario”, recoge el documento, que detalla las cantidades económicas del caso que cerca políticamente la gestión del alcalde del PP José Luis Martínez-Almeida.

El consistorio pagó 11,9 millones de dólares por mascarillas, guantes y test covid, de los cuales 5,1 fueron a parar a las cuentas de Luceño y un millón para Medina. En el decreto de Delgado, se incluye una descripción del papel que jugó el hijo del duque de Feria, “siendo su intervención poner en contacto a Alberto Luceño con los responsables del Ayuntamiento de Madrid”. Ahora se ha conocido que Medina y Almeida hablaron al menos una vez en fechas próximas a la formalización del contrato.

El contacto con el ayuntamiento

El edil popular dice que fue para agradecerle la donación de 183.000 mascarillas. Ese material llegó varias semanas después, según las propias explicaciones del alcalde, quien niega haber dado ningún trato de favor. Anticorrupción sostiene que la trama contó con la intervención de un familiar del alcalde para acceder a la funcionaria que gestionaba los contratos. Cibeles sostiene que tan solo se les dio un correo electrónico, como a todo el que se mostraba interesado, pero en su declaración ante el fiscal Luceño dice que lo que le dio Medina fue un teléfono de la responsable de la materia, Elena Collado.

Cuando Delgado firmó su decreto ampliando las pesquisas, hacía meses que Medina y Luceño habían prestado declaración en la sede de la Fiscalía Anticorrupción. Lo hicieron los días 13 y 14 de abril por tiempo aproximado de una hora. Los hechos “serían constitutivos”, según el documento, de un delito de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.

La prueba pendiente

La fiscal general del Estado contestó, por tanto, afirmativamente a la petición de prórroga que le había formulado dos semanas antes el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón. Estaba pendiente una comisión rogatoria cursada a las autoridades de Malasia. Los investigadores buscan, todavía sin éxito, al dueño de la empresa malaya que pagó las comisiones a los investigados, San Chin Choon. Quieren que preste declaración como testigo, aunque sea desde su país.

Dolores Delgado fundamenta su decisión en la competencia que la ampara para, “mediante decreto motivado, acordar la prórroga de las diligencias de investigación, siempre que tal decisión sea acorde con la naturaleza del hecho investigado”. El plazo de la investigación vencía al día siguiente y la fiscal general otorgó al encargado del caso, Luis Rodríguez Sol, seguir indagando el tiempo “imprescindible” hasta un año más como máximo antes de decidir si archivar o judicializar el asunto. A su entender, la consideración de que la diligencia pendiente “pudiese resultar decisiva” hacía “pertinente” la continuación de la investigación, por lo que “procede conceder la prórroga solicitada”.

Fuentes fiscales de Anticorrupción consultadas informan de que la prórroga de una investigación debe contar siempre con el visto bueno de la fiscal general y que es la secretaría técnica la que lo tramita. En la documentación que obra en poder de este periódico, figura un escrito del fiscal jefe de la secretaría técnica, Álvaro García, dando traslado a Anticorrupción del aval de Delgado para continuar las pesquisas.

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Finalmente, la Fiscalía Anticorrupción no agotó el plazo de un año. El responsable del departamento, Alejandro Luzón, remitió a los juzgados de Madrid el escrito de querella el pasado 5 de abril a las 10 de la mañana. El asunto ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 47 que dirige Adolfo Carretero. En apenas unas horas abrió una causa penal, citó como investigados a Luceño y Medina, accedió a embargar sus bienes y califica como graves los hechos que se les imputan. Recuerda que en el momento en el que ambos se lucraron con las comisiones había miles de muertos diarios por la pandemia.