El Sepblac sí vio indicios de malversación de fondos públicos en los contratos de Luis Medina
"Un informe de inteligencia financiera" remitido a Anticorrupción en julio de 2020 por parte del Sepblac apuntaba a los posibles delitos de malversación y blanqueo de capitales
Estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales. Esos son los tres delitos que el juez imputa a Luis Medina y Alberto Luceño, los dos empresarios que se embolsaron seis millones de dólares en comisiones tras cerrar una serie de contratos con el Ayuntamiento de Madrid en los primeros meses de la pandemia. Pese a ello, el sumario del caso, al que ha tenido acceso El Confidencial, refleja que al arranque de la investigación se planteó otro posible delito: malversación de caudales públicos.
"Los hechos descritos podrían constituir, sin perjuicio de ulterior calificación, un delito de malversación de caudales públicos de los artículos 432 y siguientes del Código Penal", advertía el fiscal jefe de Anticorrupción en noviembre de 2020. El artículo en cuestión castiga con cárcel a "la autoridad o funcionario" que cometiere delito sobre el patrimonio público, lo que refleja que, nada más abrirse las diligencias, sospecharon que las supuestas irregularidades podían extenderse a cargos del consistorio.
La investigación, de hecho, tuvo su origen en "un informe de inteligencia financiera" remitido a Anticorrupción por parte del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) en julio de 2020. La unidad de inteligencia financiera de España apuntaba en el mismo a los posibles delitos de malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, tesis que se refleja a su vez en las preguntas que el fiscal Luis Rodríguez Sol lanzó a Medina y Luceño durante los interrogatorios que se practicaron en abril de 2021. Una y otra vez, el representante de Anticorrupción se interesó por sus contactos con el ayuntamiento:
- Luis Rodríguez Sol: "¿Nos puede decir cuáles fueron esas gestiones que hizo usted con el Ayuntamiento de Madrid?".
- Luis Medina: "Simplemente, poner en contacto a...".
- LRS: "Sí, ¿pero con quién habló del Ayuntamiento de Madrid?".
- LM: "Con Elena...".
- LRS: "Con Elena Collado".
- LM: "Sí".
- LRS: "¿Y antes de con Elena Collado, habló con alguna otra persona?".
- LM: "A ver, a mí quien me pasa el contacto del ayuntamiento es la directora de mi antigua universidad, que me dice que tiene contacto".
- LRS: "¿Y nos puede decir el nombre de esta persona?"
- LM: "Es María Díaz de la Cebosa, y ella me dice: 'Luis, yo conozco bien al hermano del alcalde: Carlos'. Entonces me da su número, yo le escribo a Carlos y Carlos me dice: 'Mira, Luis, yo te voy a pasar el contacto de la persona...'".
- LRS: "¿Habló usted con el alcalde?".
- LM: "¿De esto? En ese momento, no".
- LRS: "¿Y más adelante?".
- LM: "Él me escribió una vez se vio todo. Elena me dijo: 'Oye, que el alcalde te quiere agradecer y tal'. Me escribió para darme las gracias y ya está".
Elena Collado era la responsable de las compras de material sanitario y, tras imputar a Luceño y Medina, el juez le tomará declaración como testigo el 9 de mayo. En cuanto al supuesto "hermano del alcalde" al que Medina identifica como Carlos, El Confidencial ha podido comprobar que en realidad se trata de un primo del regidor. Respecto al supuesto mensaje de agradecimiento del regidor, las conversaciones entre Luceño y Collado apuntan a que en realidad fue una llamada, pero Medina trató de quitar peso a esta cuestión cuando el fiscal apuntó a la contradicción: "Bueno, me llamó... Si es que no me acuerdo bien. Pero sí, vamos, me llamó o me escribió".
El ayuntamiento no consta como investigado y el magistrado ya ha aceptado su personación como perjudicado. No obstante, en su escrito de querella, la Fiscalía destaca que Medina aprovechó su condición de persona conocida y su contacto con este familiar del alcalde para iniciar las gestiones que derivaron en la firma de los contratos, tal como él mismo admitió durante este interrogatorio. Según sus palabras, se trataba de un papel de "facilitador" por el que cobró una comisión de un millón de dólares.
Almeida, por su parte, ha negado cualquier trato de favor. Para reforzar esta idea, el propio ayuntamiento difundió este miércoles por la tarde un mensaje a través de sus canales de prensa: “El alcalde llamó a Luis Medina una sola vez para agradecer la donación de 183.000 mascarillas, como hizo con todas aquellas personas y entidades que donaron alimentos, material o dinero al ayuntamiento. El consejo de administración de Funeraria, por unanimidad de todos los grupos, acordó realizar el 24 de marzo los tres contratos. El alcalde llama a finales de marzo, después de la formalización de los contratos y cuando le comunican la donación de las mascarillas, que llegan en abril”.
Mascarillas, guantes y test
La investigación se centra en que Medina y Luceño supuestamente inflaron los precios de tres contratos suscritos con el consistorio para adquirir mascarillas, guantes y test covid para quedarse con seis millones de dólares en concepto de comisiones. El juez considera que el caso es “grave” y recuerda que en esos momentos había “miles de fallecimientos diarios”. El fiscal, por su parte, fue un paso más allá durante los interrogatorios de hace un año e insistió también en los favores que pedían al consistorio.
En el caso de Luceño, insistió en que sus mensajes a Collado muestran que, a la hora de donar las mascarillas a Madrid, pidió que se cumpliera una condición a cambio: que 50.000 fueran a parar al hospital Puerta de Hierro, donde trabajaba su mujer. Medina enmarcó esta donación como una acción altruista, pero también reconoció al fiscal la petición de un favor: "Lo único que le pedí a Elena [Collado] es que tenía mucha familia cercana... 'Oye, me puedes mandar 500'... O no sé cuántas le pedí".
Otra tanda de wasaps revela que esta petición de favores también se extendió a los test. "Lo que sí te pediré como favor es que cuando lleguen los test pueda tener cuatro para cada miembro de la familia", le escribió Luceño a Collado el 24 de abril de 2020. La trabajadora le dijo que "claro que sí" y, un mes después, ella misma le recordó esta promesa: "Cuando queráis haceros los test, dímelo; unos u otros o ambos". Para entonces, ambos empresarios ya no los necesitaban: "Ya me los hice y Luis también".
Estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales. Esos son los tres delitos que el juez imputa a Luis Medina y Alberto Luceño, los dos empresarios que se embolsaron seis millones de dólares en comisiones tras cerrar una serie de contratos con el Ayuntamiento de Madrid en los primeros meses de la pandemia. Pese a ello, el sumario del caso, al que ha tenido acceso El Confidencial, refleja que al arranque de la investigación se planteó otro posible delito: malversación de caudales públicos.
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