Las mascarillas de Madrid abren una vía para actuar contra decenas de contratos públicos

Barcelona, Madrid, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Alicante, Murcia, Bilbao... El caso de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid, ya judicializado, es solo uno más entre otros muchos en los que comisionistas e intermediarios se lucraron con dinero público a cambio de proporcionar material sanitario. Quirúrgicas, FFP2 y KN95, pero también gel hidroalcohólico o guantes de nitrilo se convirtieron en aquellos meses en los productos más demandados. Los contratos fueron fiscalizados hace meses por el Tribunal de Cuentas, que detectó en decenas de casos justificaciones "indebidas" de la tramitación de emergencia, defectos en la "gestión contractual", acuerdos que no se formalizaban por escrito o precios desorbitados.

Fuentes fiscales confirman a El Confidencial que las diligencias en torno al Consistorio de la capital no son las únicas que mantiene abiertas Anticorrupción. Todavía sigue pendiente la decisión sobre la denuncia presentada por el contrato de la Comunidad de Madrid en el que intervino el hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Ella replicó aportando información de contratos "vinculados" a miembros del Gobierno central. Pero, según las fuentes consultadas, más allá de estos casos mediáticos, hay más investigaciones como la que ha llevado a Luis Medina y su socio a tener que responder ante un juez por la presunta comisión de tres delitos tras año y medio de pesquisas discretas a cargo del fiscal Luis Rodríguez Sol.

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Se les investiga por estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental. Mientras que los dos últimos son ilícitos aplicables al caso concreto, la estafa abre la vía para perseguir los abusos cometidos durante los peores momentos del covid-19. Anticorrupción estima que la actuación de Medina y Luceño encaja en el artículo 248.1 del Código Penal, según el cual, "cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizasen engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno". La Fiscalía también apunta al artículo 250, que castiga la estafa con hasta seis años de prisión cuando afecta a "cosas de primera necesidad" o "bienes de reconocida utilidad social". Recuerdan que la pena puede aumentar hasta los ocho años de cárcel si "el valor de la defraudación supera los 50.000 euros". En este caso, se acusa a ambos investigados de quedarse con seis millones de euros de dinero público en concepto de comisiones.

La Fiscalía también apunta a otra conducta propia de la estafa, que recoge el artículo 248.2. Tiene que ver con abusar de la firma de otro u ocultar algún expediente o documento. Según la investigación, cuando el banco pidió al socio de Medina que justificase el ingreso de dinero en su cuenta, el empresario aportó una carta que le acreditaba como agente exclusivo de la empresa proveedora de productos sanitarios desde 2018. Anticorrupción sostiene que ese documento no era auténtico y que el querellado falsificó una firma. Luego repitió la operativa cuando a Medina también le pidieron explicaciones.

"Ni tenía experiencia significativa en negocios de importación, ni disponía de fábricas en China, ni era agente exclusivo de ninguna empresa"

En el escrito remitido al juzgado, el Ministerio Público explica así su acusación de estafa agravada contra Medina y Alberto Luceño: "Actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico, ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China". Añade que Luceño, además, "se presentó como experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición y como agente exclusivo de una empresa malaya". Sin embargo, "ni tenía experiencia significativa en negocios de importación, ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa".

Intermediarios y comisionistas

Medina y Luceño firmaron sus acuerdos con el Ayuntamiento de Madrid en los primeros compases del confinamiento, en el peor momento de la pandemia. En aquellas fechas, el mercado internacional de productos sanitarios se colapsó y las administraciones tuvieron serias dificultades para adquirir material. Se habilitó la compra por la vía de urgencia, que no precisa licitar los contratos con publicidad, y entraron en acción intermediarios y comisionistas de todo tipo. Amparados en la inusitada demanda, los precios aumentaron por encima de lo normal. Muchas de las empresas que participaron carecían de experiencia, hubo remesas de material que nunca llegaron o lo hicieron en condiciones defectuosas.

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Uno de los aspectos en los que se fija el Tribunal de Cuentas es si las administraciones hicieron un trabajo previo de comprobar la capacidad y la solvencia de las empresas con las que firmaban los contratos. No se refiere solo a la solvencia económica, sino también a su capacidad "técnica o profesional". El órgano fiscalizador admite que no es imperativo para los contratos tramitados de emergencia, pero advierte que "reduce el riesgo de que el contratista no se encuentre finalmente en condiciones de ejecutar correctamente la prestación, con el consiguiente perjuicio para el interés público".

Según sus trabajos, los ayuntamientos de Madrid y Barcelona comprobaron tanto la capacidad de obrar como la solvencia para contratar del adjudicatario en un 42 por ciento y un 39 por ciento de los contratos examinados respectivamente. Destaca que en todos los contratos del Ayuntamiento de Alicante consta la comprobación, pero que, por el contrario, en ninguno de los contratos examinados de Zaragoza y Murcia se constata la acreditación ni de la capacidad ni de la solvencia de la empresa adjudicataria.

Diferencias de precio

El Tribunal de Cuentas detectó diferencias de precio reseñables en distintos productos. En los dos contratos de Madrid con la empresa malaya se detectó un mayor sobrecoste que en ninguno otro. El Consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida pagó en concreto 6,2 euros por cada unidad de FFP2 y 16 euros por cada test de anticuerpos. Pero el órgano fiscalizador encontró precios abusivos en otros lugares. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Sevilla pagó en mayo de 2020 las mascarillas de esa categoría o similar a 5,50, el de Murcia a 3,99 y el de Palma a 3,95.

Respecto a las mascarillas quirúrgicas, fue Sevilla quien pagó el precio más elevado con 1,15 euros la unidad en un contrato para la adquisición de 50.000 mascarillas del 15 de abril del 2020. Solo 13 días después, en un contrato para la adquisición de la misma cuantía y con el mismo proveedor, el precio disminuyó a 0,65, más en consonancia con los precios pagados en esas fechas por otros ayuntamientos. En esas fechas, Barcelona había pactado un precio de 0,7 euros y Madrid, 0,55.

En los test de detección rápida, Madrid volvió a estar a la cabeza pagando 16,03 euros cada unidad en marzo de 2020. De la misma fecha son los contratos del Ayuntamiento de Barcelona con un precio, en todos ellos, de 7,36 euros. El precio más barato de todos los contratos examinados es el del contrato del Ayuntamiento de Zaragoza, que ascendió a 6,40 euros/unidad. Con los guantes, vuelve a verse el mismo fenómeno y diferencias de precio. El máximo fue de 0,21 euros/unidad por unidad de un contrato marzo cerrado por el Ayuntamiento de Barcelona. En fechas similares, Madrid pagaba 0,20 y Málaga 0,16. El precio más bajo fue el de 0,06 euros la unidad del contrato del Ayuntamiento de Zaragoza.

Por el momento, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, a quienes la Fiscalía Anticorrupción atribuye la supuesta comisión de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por irregularidades en una operación de compraventa de material sanitario en marzo de 2020. Según informan fuentes jurídicas, el juez tiene previsto tomar declaración a los dos empresarios, así como a distintos testigos para esclarecer los hechos. El desarrollo de esa causa marcará la vía para el resto de investigaciones que mantiene abiertas el Ministerio Público.