Moncloa enfila al Tribunal de Cuentas: "Nos hace un daño tremendo en el exterior"

El plan de la Generalitat para cubrir las fianzas de 5,4 millones de euros que demanda el Tribunal de Cuentas a una cuarentena de miembros de los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont acusados de malversación ha situado al Gobierno en una compleja situación. Por un lado, se mueve entre la necesidad de estudiar un recurso al decreto catalán para avalar las fianzas impuestas por el órgano fiscalizador y, por otro, se reconoce que la sentencia no solo no se entiende en Europa, sino que incluso haría un "daño tremendo" a la imagen exterior del país. Como ejemplo, estas fuentes del Ejecutivo que avisan de los costes reputacionales fuera de España señalan el apoyo internacional que ha cosechado frente a esta causa el profesor y 'exconseller' Andreu Mas-Colell, con quien se han solidarizado más de 30 premios nobel y una larga lista de prestigiosos economistas, emprendiendo una campaña de desprestigio contra el Tribunal de Cuentas.

Ante todo, prevalecerá la ley, y si el texto no se ajusta a la legalidad, una vez analizado en profundidad, se recurrirá. Así lo explicaban en el Ejecutivo central tras aprobarse el decreto este martes y así lo ratificaba unas horas después el propio Pedro Sánchez: "Nosotros siempre hemos defendido que todo lo que se apruebe por los gobiernos autonómicos tiene que estar sujeto a derecho. Por tanto, vamos a estudiar la decisión que se ha tomado por parte de este Gobierno". El ministro de Política Territorial y primer secretario del PSC, Miquel Iceta, admitía por su parte que si el plan de la Generalitat para cubrir las multas no fuese lícito, supondría "un problema", en referencia al proceso de diálogo. El portavoz de los socialistas catalanes, Salvador Illa, sorteaba esta cuestión durante la sesión de control de este miércoles en el Parlament.

Se asume con cierta resignación que, de tener que recurrirse, la victimización por parte del independentismo volvería a coger vuelo en Europa. Pero no solo, puesto que también sería utilizado por Junts, el sector del Govern más rupturista y contrario a la mesa de diálogo, para presionar a ERC y tratar de deslegitimar este proceso. La CUP, que apoyó desde fuera la investidura de Pere Aragonès, ya urgió este miércoles a preparar la "alternativa" a la mesa de diálogo, esto es, la vía unilateral, debido a las causas del órgano fiscalizador.

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El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ya llegó a reconocer que las causas del Tribunal de Cuentas suponían "piedras en el camino" para avanzar hacia la normalización institucional con Cataluña. Nadie más del Gobierno secundó estas palabras, si bien en privado se reconoce el daño a la imagen en el exterior que aprovecharían los independentistas para encajar su relato sobre la "represión". En público, el argumentario se centra en destacar que las investigaciones sobre la presunta malversación de excargos del Govern entre 2011 y 2017 todavía está en curso y que, en cualquier caso, es recurrible ante los tribunales.

Una de las justificaciones para conceder los indultos a los presos del 'procés', además de allanar el terreno de la normalización para abrir el proceso de diálogo, fue que estos contribuirían a mejorar la deteriorada imagen de España en el exterior porque la Justicia europea no entendería que las condenas hubiesen sido tan elevadas, según señalaron en su momento fuentes de Moncloa. Una impresión que también destacaron desde Exteriores, afirmando que la respuesta a la medida de gracia está siendo muy buena y que así se lo estarían transmitiendo a sus socios comunitarios, porque supone "normalizar" la situación.

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"Fueron hechos muy graves", reconocía otra fuente de Moncloa que estuvo entre las personas encargadas de redactar los informes de los indultos, pero matizando que "el hecho de que haya líderes políticos encarcelados en una democracia occidental suponía que no se entendiera bien ni en Europa ni en el resto del mundo". Por otra parte, se justificaba, en línea con algunos de los informes sobre los indultos, que su permanencia en prisión fomentaba tanto el "victimismo" del independentismo como la "desafección" de una buena parte de la sociedad catalana, que consideraría que el encarcelamiento de los líderes del 'procés' era un impedimento para retomar la normalización de las relaciones entre Gobierno y Govern.

El independentismo ya se ha apresurado a enarbolar esta causa dentro de la 'represión' del Estado y a recabar apoyos internacionales

Las fianzas preventivas y la amenaza de embargos tendrían todavía un peor encaje al menos en el exterior, según estas tesis. El independentismo ya se ha apresurado a enarbolar esta causa dentro de la 'represión' del Estado y a recabar apoyos internacionales.

Si el Gobierno no recurriese finalmente el decreto de la Generalitat, este sistema ideado para cubrir las fianzas necesitaría también para poder sostenerse que el Tribunal de Cuentas le diese luz verde. Un extremo que está en duda después de que desde el órgano fiscalizador no viera con buenos ojos otro plan anterior que finalmente se descartó y que implicaba un aval directo del Govern paralelo a la reclamación a las aseguradoras que, según fuentes consultadas, rozaba la prevaricación. Sin embargo, el decreto finalmente aprobado viene muy bien armado para afrontar las sospechas de que sus efectos sean delictivos. El Ejecutivo, de momento, guarda cautela, al tiempo que desvía el foco a la oposición por su negativa a renovar el órgano fiscalizador, cuyo mandato de nueve años caducará el próximo 21 de julio.