La Fiscalía abre diligencias por el contrato del que se benefició el hermano de Ayuso

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación a raíz de las tres denuncias presentadas la pasada semana por el PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid que reclamaron que se investigue el contrato de adquisición de mascarillas vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso. El pasado viernes, la presidenta de la Comunidad de Madrid aclaró que Tomás Díaz Ayuso cobró 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive, la adjudicataria, no las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid.

El departamento dirigido por Alejandro Luzón analizará el contrato sospechoso para determinar si existen indicios delictivos. Ayuso se anticipó este lunes y remitió el expediente de forma voluntaria. Los tres partidos de la oposición madrileña han reclamado que se investiguen los puntos oscuros del contrato que se encuentra en el centro de la guerra abierta entre el presidente popular Pablo Casado y la propia Ayuso. De hecho, las primeras sospechas de corrupción partieron del seno del partido que investigó de forma interna presuntas irregularidades. Fontaneros de la formación llegaron a contactar con una agencia de detectives para tratar de comprobar el cobro con la idea de que era muy superior, de 286.000 euros.

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Los grupos parlamentarios de la izquierda acudieron al Ministerio Público de forma individual y atribuyen a Ayuso delitos de tráfico de influencias, cohecho, malversación y prevaricación. En el caso de que esta investigación que acaba de arrancar acabara provocando la presentación de una querella, será el Supremo el tribunal competente dado que el estatuto madrileño determina que los presidentes, vicepresidentes y consejeros de la región sean aforados ante la Sala de lo Penal de este alto tribunal.

En un comunicado, Ayuso concretó horas después de que estallara la crisis que su hermano percibió un total de 55.850 euros y aclaró que fueron cuatro facturas las que envió durante el año 2020. Según el documento difundido por la presidencia de la CAM, la factura de 30 de junio de 2020 fue por gestiones para la compra de mascarillas en China, vendidas a la Comunidad de Madrid a cinco euros cuando los precios en ese momento llegaban a 10,5. "Del resto de las facturas no tengo que dar cuenta porque no tienen relación con la Comunidad de Madrid y mi hermano tiene derecho a su privacidad", agregó sin concretar a qué corresponden los tres contratos adicionales.

Coincidiendo con el envío voluntario de documentación a Anticorrupción, la Comunidad de Madrid precisó que ha enviado la documentación completa relativa al contrato en cuestión. Además de lo ya facilitado a los medios, adjuntó los albaranes de las entregas, que se hicieron en dos días en el hospital temporal de Ifema (182.000 mascarillas el 17 de abril y 68.000 el 20 de abril); imagen de las mascarillas en cuestión FFP2/KN95; las facturas; la autorización, y la diligencia de la fiscalización por parte de la Intervención General de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Indicios aún débiles

En el decreto por el que se abren las diligencias, que firma el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, se indica que las tres denuncias expresan "claras reservas sobre la legalidad de la adjudicación y del papel que en ella habría desempeñado el hermano de la presidenta". "Resulta procedente la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados", indica el escrito.

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Como justificación del arranque de las pesquisas, el Ministerio Público menciona "el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública" y "la indiscutible trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos descritos en las denuncias, que se refieren a la, sin duda, necesaria y urgente compra de mascarillas en un momento singularmente difícil para la población madrileña".

Pese a ello, Luzón precisa que los indicios en este punto no son sólidos. "Las hipótesis se sustentan en una secuencia de hechos que, en estos momentos, no permiten acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo, pues no constituyen indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada", indica.