Un juez admite la querella sobre los contratos de mascarillas del Ayuntamiento de Madrid

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, a quienes la Fiscalía Anticorrupción atribuye la supuesta comisión de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por irregularidades en una operación de compra-venta de material sanitario en marzo de 2020. Según informan fuentes jurídicas, el juez tiene previsto tomar declaración a los dos empresarios, así como a distintos testigos para esclarecer los hechos. Las diligencias no son secretas y el magistrado ha ofrecido acciones al Ayuntamiento de Madrid para personarse en el procedimiento como perjudicado.

La Fiscalía Anticorrupción se querelló este miércoles contra dos empresarios al considerar que se aprovecharon de la pandemia para lucrarse trayendo mascarillas a España. Para ello firmaron varios contratos con el Ayuntamiento de Madrid por un valor superior a 13 millones de dólares. Luis Medina, hijo de Natividad Abascal. Según el escrito del Ministerio Público, fue la persona que contactó con el Consistorio “aprovechando su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid”, José Luis Martínez-Almeida. Aunque la querella no lo especifica, fuentes consultadas por este diario precisan que ese familiar del dirigente del PP sería un primo que ejerce como abogado y se llama Carlos Martínez-Almeida.

La Fiscalía acusa también a un socio de este, Alberto Javier Luceño. Según los hechos que relata la querella, "actuaron de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico, ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario (mascarillas, guantes, etc.) fabricado en China".

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Las pesquisas de Anticorrupción, avanzadas hace días por 'elDiario.es', tienen su origen en el año 2020. Los hechos se enmarcan en los primeros meses de la pandemia, cuando existían carencias de materiales y el covid causaba estragos en la población. Los investigadores sostienen que el material que trajeron era de ínfima calidad. En las pesquisas también se detalla en qué se gastaron el dinero extraído los empresarios de la operación y alude a coches de alta gama y relojes de lujo. Cifra tres Rolex y siete vehículos.

El contacto surtió efecto

La querella sugiere que el contacto de Luis Medina con el familiar de Martínez Almeida surtió efecto porque "inmediatamente se le facilitó el nombre de la Coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado Martínez, como persona a la que se debía dirigir para concretar los términos de las operaciones". Se da la circunstancia de que esta persona era, además, consejera de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid con la que el Consistorio había firmado un convenio el 20 de marzo de 2020 para garantizar el material sanitario al personal del Ayuntamiento.

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Las negociaciones ulteriores se llevaron a cabo entre esa coordinadora y el investigado Alberto Luceño. Este empresario se presentó como experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de una empresa malaya a través de la cual se iba a realizar la importación. Asimismo, según destaca la Fiscalía, dijo actuar movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia. "En realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista", sostienen los investigadores.

Se firmaron tres contratos entre la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid —como compradora— y la compañía malaya —como vendedora— para adquirir el siguiente material fabricado en China. El primer contrato consistía en traer un millón de mascarillas KN95 por un precio total de 6,6 millones de dólares. El segundo era para traer 2,5 millones de guantes de nitrilo por valor de cinco millones de dólares. El tercero era por 250.000 test rápidos covid-19, por un precio total de 4,2 millones de dólares. El montante total de esta estafa a las arcas públicas madrileñas fue de más de 13 millones de dólares.

Cuatro millones de beneficio

"Estos precios —explica la querella— los fijó Alberto Luceño y los impuso al Ayuntamiento de Madrid, amparándose en su falsa posición de fabricante y agente exclusivo de la compañía vendedora. Al hacerlo, ocultó que un elevado porcentaje del precio ofertado (aproximadamente el 60 por ciento en el caso de las mascarillas, el 81 por ciento en el caso de los guantes y casi el 71 por ciento en el caso de los test) correspondía a comisiones que los querellados iban a percibir". En la investigación se acredita el recorrido del dinero, desde la empresa municipal hasta las cuentas de los querellados a través de la citada empresa malaya. Por las mascarillas se embolsaron cuatro millones de beneficio.

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En el caso de los guantes, hubo problemas entre Alberto Luceño y Elena Colllado. El empresario investigado había asegurado que se trataba de guantes de 40 milímetros de longitud, de gran calidad y que cubrían la mayor parte del brazo. Sin embargo, los guantes que se recibieron en Madrid eran guantes de ínfima calidad y que solo llegaban hasta la muñeca. Al advertirlo, Elena Collado avisó inmediatamente a Alberto Luceño y le pidió que solucionase el problema. Además, le envió una fotografía tomada en un supermercado de Madrid ese mismo día y en la que se podía comprobar que un par de guantes de la misma calidad y características por los que el Ayuntamiento había pagado dos dólares se ofrecían al público por poco más de 0,08 euros.

Alberto Luceño intentó calmar a su contacto en el Consistorio. Le dijo que había hablado con los responsables de la empresa de Malasia y había conseguido que rebajaran el precio inicial del par de guantes fijándolo en 0,39 dólares, por lo que le devolvería al Ayuntamiento de Madrid cuatro millones. “En efecto, dicha devolución tuvo lugar poco después, mediante transferencia bancaria. En realidad, había sucedido algo muy distinto, pues 0,38 dólares era el precio por cada par de guantes que la empresa había fijado a Alberto Luceño desde un principio”. El resto, el margen de beneficio, eran el montante de la comisión.

Ocultó otra comisión a su socio

En el apartado de los test covid, Luceño cobró una comisión adicional sin decirle nada a Luis Medina. De nuevo, "gran parte de los test Covid-19 que recibió el Ayuntamiento de Madrid eran defectuosos". Concretamente, de los 250.000 test recibidos, solo 75.000 tenían un nivel de sensibilidad aceptable (94 por ciento). Elena Collado se puso en contacto de nuevo con Luceño, al que le instó a devolver un lote especialmente defectuoso y así poder recuperar el dinero. El empresario investigado le dijo que el dinero no era posible, pero, si acaso, se podría pedir otra remesa nueva. Nunca llegó. En total, el Ayuntamiento se gastó al final por todo 11.914.330 dólares.