La Fiscalía de la UE investiga si las mascarillas del contrato de Ayuso eran de peor calidad

El conflicto abierto entre la Fiscalía General del Estado y la de la Unión Europea por el caso Ayuso se ha recrudecido en las últimas horas. La Fiscalía de la UE considera el gesto de Dolores Delgado un desafío en toda regla y reclama la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que sea este quien determine quién debe investigar los hechos. Según refleja el decreto por el que abrió diligencias, al que ha tenido acceso El Confidencial, considera indispensable aclarar las conductas presuntamente irregulares vinculadas con la adjudicación de la que se benefició el hermano de la presidenta de Madrid. El escrito explica que debe determinarse si, con motivo de la adjudicación y la ejecución del contrato de suministro de las FPP2-3 adquiridas, se produjo "un posible suministro de mascarillas de inferior calidad y, consecuentemente, [inferior] precio a las contratadas".

Concepción Sabadell también reclama conocer si fue la Comunidad de Madrid quien sufragó el transporte de las mascarillas. Por último, "la posible intervención irregular del hermano de la presidenta madrileña", precisa el decreto de incoación del procedimiento de investigación, firmado el 11 de marzo. El escrito se encuentra en manos del juez de garantías designado por la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, que dictará de forma inminente el auto por el que se oficializarán las diligencias. La Fiscalía de la UE no funciona como la española e instruye sometiendo su acción al control de un magistrado que vela por los derechos de las partes.

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En una situación sin precedentes, el polémico contrato de la comisión de Tomás Díaz Ayuso será investigado de forma paralela por dos departamentos distintos del Ministerio Público. Sabadell considera que se ha acreditado de manera "plena", por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, que la integridad de los 1.512.500 euros dedicados al pago de las 250.000 mascarillas que proporcionó la empresa Priviet Sportive provenía del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Eso marca, a su entender, "la competencia de la Fiscalía europea en el momento en que las conductas denunciadas pueden afectar a esos fondos".

La escalada de la tensión fue evidente en las últimas horas después de que la fiscal general europea, Laura Kövesi, hiciera público un comunicado en el que aseguraba que mantener las diligencias en manos de Anticorrupción constituye "un desafío a la supremacía del derecho de la UE". "La Fiscalía europea considera que esta decisión no se ajusta a la legislación de la UE y continuará su investigación". De momento, la investigación sobre la prevaricación, el cohecho y el tráfico de influencias seguirá en manos del departamento que dirige Alejandro Luzón, mientras el departamento dependiente de la UE conduce su propia investigación sobre una presunta malversación de fondos europeos.

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El decreto argumenta que el artículo 22.1 del Reglamento establece que la Fiscalía europea será competente respecto de los delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión, con independencia de que el mismo comportamiento constitutivo de delito pueda clasificarse como constitutivo de otro tipo de delito con arreglo al derecho nacional. Los Estados deben adoptar "las medidas necesarias para garantizar que el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea constituye una infracción penal cuando se cometa intencionadamente".

Añade que en el caso que salpica a Ayuso, "puede haberse cometido un delito de malversación de caudales públicos" que castiga a la autoridad o funcionario público con penas de prisión de dos a seis años. Incluso en el caso de que solo concurriera alguno de los otros delitos, "los hechos investigados podrían igualmente ser competencia de la Fiscalía europea y la cuantía del perjuicio a los fondos europeos sería el valor total del contrato", dice.

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En un mensaje directo a Anticorrupción, Sabadell explica que abrió las diligencias de investigación penal el pasado 22 de febrero, "por lo que es obvio que tal investigación no se puede encontrar tan avanzada ni en un estado de 'madurez' tal que pueda justificar llegar a considerar que la autoridad nacional, por esta razón, se encuentra en mejor posición que la Fiscalía europea para desarrollar la misma".

Estos argumentos no se comparten ni por Anticorrupción, ni por Delgado ni por la Junta de Fiscales de Sala, a quien se elevó el conflicto. Fuentes fiscales españolas aseguran que el departamento de la UE olvida que en caso de discrepancia debe resolver la autoridad nacional, que en este caso es la Fiscalía General. Consideran, además, que no hay indicios de malversación y sin el delito principal, la hipotética competencia sobre el resto desaparece.

Un perfil duro

Laura Kövesi es una contrincante dura. Llegó al cargo de fiscal anticorrupción de Rumanía en mayo de 2013 y mantuvo un durísimo pulso con el Gobierno socialista rumano, que acabó por cesarla en 2018 con la oposición del presidente de la república, el conservador Klaus Iohannis. Fue poco después cuando, en el momento de buscar candidatos para dirigir la recién creada Fiscalía europea (EPPO), algunos países y especialmente el Parlamento Europeo apostaron por la rumana, con la total oposición de Bucarest. Aunque un candidato francés tenía más opciones, la Eurocámara apoyaba políticamente a Kövesi, que había sido capaz de plantar cara al Gobierno en Bucarest. El apoyo cerrado del Parlamento Europeo facilitó que fuera confirmada en septiembre de 2019. La Fiscalía empezó a funcionar el pasado 1 de junio.

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Desde entonces, la EPPO, con sede en Luxemburgo, ha ido empezando a trabajar poco a poco en delitos contra el presupuesto europeo. El primer gran golpe real fue hace solamente unos días, cuando se detuvo en Bulgaria al antiguo primer ministro Boyko Borisov, que unos meses antes había perdido las elecciones contra un nuevo partido anticorrupción tras un largo periodo de protestas en las calles de Sofía. Kövesi estaba en la capital búlgara de visita el día en que se detuvo a Borisov. Cuando todavía era primer ministro de República Checa, Andrej Babis también vio cómo su caso de posibles conflictos de intereses acababa en manos de la EPPO.

En todos estos casos ha habido una cooperación total entre las autoridades del Estado y la oficina dirigida por Kövesi. En cuestión de unos meses, la oficina ya había abierto unos 300 casos por daños al presupuesto europeo, que ascendían a más de 4.500 millones de euros. Kövesi contó con el apoyo de España, cuyos diplomáticos en Rumanía fueron buenos aliados a la hora de poner en marcha la Fiscalía Anticorrupción, pero en poco tiempo se ganó la oposición del Gobierno, que la acusó en repetidas ocasiones de sobrepasar sus poderes e incluso de haber puesto en marcha una "caza de brujas", pero durante su tiempo en el cargo logró un gran apoyo popular y confianza de los ciudadanos en la institución.