Anticorrupción continuará con las diligencias sobre el contrato del hermano de Ayuso

La mayoría de los miembros de la Junta de Fiscales de Sala ha decidido esta tarde respaldar la competencia de la Fiscalía Anticorrupción en el conflicto de competencia abierto con la Fiscalía Europea sobre la investigación del contrato adjudicado por la Comunidad de Madrid del que acabó beneficiándose el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Según informan fuentes fiscales, los miembros de la cúpula fiscal han apoyado de forma abrumadora la tesis que ya respaldaba la fiscal general del Estado y defienden que la investigación sobre la prevaricación, el cohecho y el tráfico de influencias debe continuar en manos del departamento que dirige Alejandro Luzón. Esto no evitará que el departamento dependiente de la UE conduzca su propia investigación sobre una presunta malversación de fondos europeos y exclusivamente por este delito, indican estas fuentes.

Tras oírles, Delgado avalará la competencia de la Fiscalía que abrió diligencias hace semanas. Hace unos días, la representante de la Fiscalía Europea, Concepción Sabadell, se puso en contacto con Anticorrupción para reclamar que se le facilitara el acceso a las diligencias abiertas al considerar que pudo realizarse un mal uso de las ayudas. La solicitud se realizó después de que el Servicio Nacional de Cooperación Antifraude remitiera un informe a la Fiscalía Europea en el que se daba cuenta de la posibilidad de que el dinero procediera de las cantidades que destina la UE al desarrollo regional.

Fue entonces cuando Sabadell reclamó la información para comprobar si se produjo alguna irregularidad con los fondos comunitarios. A partir de ese momento, se inició un tira y afloja entre ambas fiscalías que ha acabado ganando el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. Anticorrupción argumentaba que el delito principal de los investigados a nivel indiciario sería un tráfico de influencias de relevancia nacional prioritario sobre la presunta malversación de cantidades procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), único motivo que habría atraído la competencia a la Fiscalía Europea.

Anticorrupción no aprecia que existan indicios que justifiquen ceder estas diligencias cuando existen aún dudas sobre si la adjudicación se pagó con estos fondos. Asegura que en las pesquisas llevadas a cabo por el momento no se ha detectado que los fondos europeos se vieran afectados puesto que el material adquirido se facilitó de forma efectiva, indican estas fuentes. Aunque la presunta malversación que esgrime Sabadell fuera de fondos europeos, los delitos conexos, es decir el fraude, el tráfico de influencias y el cohecho son de interés superior para la fiscalía española que para la europea, ha defendido Luzón.

La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias a finales de febrero a raíz de las tres denuncias presentadas por el PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid, que reclamaron que se investigara el contrato de adquisición de mascarillas vinculado al hermano de Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid aclaró que Tomás Díaz Ayuso cobró 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive, la adjudicataria, por las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid.

El departamento dirigido por Alejandro Luzón se encontraba analizando el contrato sospechoso para determinar si existen indicios delictivos y no descarta citar al familiar de la presidenta madrileña. Los tres partidos de la oposición madrileña han reclamado, en concreto, que se investiguen los puntos oscuros de la adjudicación que estuvo en el origen de la guerra abierta entre el presidente popular, Pablo Casado, y la propia Ayuso. De hecho, las primeras sospechas de corrupción partieron del seno del partido, que investigó de forma interna presuntas irregularidades. Fontaneros de la formación llegaron a contactar con una agencia de detectives para tratar de comprobar el cobro con la idea de que era muy superior, de 286.000 euros.