La Fiscalía Europea pide investigar el uso de fondos comunitarios en el contrato de Ayuso

La Fiscalía Europea ha pedido investigar si se produjo una malversación de fondos comunitarios en el polémico contrato adjudicado por la Comunidad de Madrid del que acabó beneficiándose el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Según informan fuentes fiscales, la representante del departamento en España, Concepción Sabadell, se ha puesto en contacto con la Fiscalía Anticorrupción para que se le facilite acceso a las diligencias abiertas al considerar que pudo realizarse un mal uso de las ayudas. La cuestión ha provocado discrepancias entre ambas Fiscalías hasta el punto de que se ha elevado un conflicto de competencia que tendrá que resolver la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

El encontronazo se produjo hace unos días después de que el Servicio Nacional de Cooperación Antifraude remitiera un informe a la Fiscalía Europea sobre la cuestión en el que se daba cuenta de la posibilidad de que el dinero procediera de las cantidades que destina la UE al desarrollo regional. Fue entonces cuando Sabadell reclamó la información para comprobar si se produjo alguna irregularidad con los fondos comunitarios. A partir de ese momento se inició un tira y afloja entre ambas fiscalías. El jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicitó conocer el informe de Antifraude y su solicitud le fue denegada. Posteriormente Sabadell se encontró con la negativa de este a ceder las diligencias, tras considerar que el departamento europeo no es competente fuese cual fuese el origen de los fondos.

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En concreto, Anticorrupción no aprecia que existan indicios que justifiquen estas diligencias. Asegura que en las pesquisas llevadas a cabo por el momento no se ha detectado que los fondos europeos se vieran afectados puesto que el material adquirido se facilitó de forma efectiva, indican estas fuentes. Precisan, además, que el resto de posibles delitos investigados, los conexos, habrían sido cometidos por ciudadanos españoles y eso garantiza su competencia sobre los hechos. La Junta de Fiscales de Sala se reunirá el próximo lunes para decidir quien asume la investigación.

Fuentes de la Comunidad de Madrid indican que la reclamación de la Fiscalía Europea es una acción con "nula repercusión judicial", que desde luego no cuestiona la legalidad del contrato, que cuenta con el respaldo de la Cámara de Cuentas. En su opinión, la reclamación puede obedecer a que las diligencias abiertas por la fiscalía española van camino del archivo. "Se trataría, por tanto, de un intento de alargar el asunto en los medios de comunicación, al no tener recorrido en los tribunales", indican estas fuentes.

La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias a finales de febrero a raíz de las tres denuncias presentadas por el PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid que reclamaron que se investigue el contrato de adquisición de mascarillas vinculado al hermano de Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid aclaró que Tomás Díaz Ayuso cobró 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive, la adjudicataria, por las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid.

El departamento dirigido por Alejandro Luzón se encontraba analizando el contrato sospechoso para determinar si existen indicios delictivos. Los tres partidos de la oposición madrileña han reclamado que se investiguen los puntos oscuros del contrato que se encuentra en el centro de la guerra abierta entre el presidente popular Pablo Casado y la propia Ayuso. De hecho, las primeras sospechas de corrupción partieron del seno del partido que investigó de forma interna presuntas irregularidades. Fontaneros de la formación llegaron a contactar con una agencia de detectives para tratar de comprobar el cobro con la idea de que era muy superior, de 286.000 euros.

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Los grupos parlamentarios de la izquierda acudieron al Ministerio Público de forma individual y atribuyen a Ayuso delitos de tráfico de influencias, cohecho, malversación y prevaricación. En el caso de que esta investigación que acaba de arrancar acabara provocando la presentación de una querella, será el Supremo el tribunal competente dado que el estatuto madrileño determina que los presidentes, vicepresidentes y consejeros de la región sean aforados ante la Sala de lo Penal de este alto tribunal.

En un comunicado, Ayuso concretó horas después de que estallara la crisis que su hermano percibió un total de 55.850 euros y aclaró que fueron cuatro facturas las que envió durante el año 2020. Según el documento difundido por la presidencia de la CAM, la factura de 30 de junio de 2020 fue por gestiones para la compra de mascarillas en China, vendidas a la Comunidad de Madrid a cinco euros cuando los precios en ese momento llegaban a 10,5. "Del resto de las facturas no tengo que dar cuenta porque no tienen relación con la Comunidad de Madrid y mi hermano tiene derecho a su privacidad", agregó sin concretar a qué corresponden los tres contratos adicionales.

La propia presidente madrileña se ha pronunciado sobre la petición de la fiscalía: "Ya no sé en cuántos más organismos se va a fiscalizar esta historia. No sé a quién le interesa hacerlo así pero, sinceramente, después de tantos organismos falta la ONU por pronunciarse al respecto", ha ironizado.