Los contratos bajo sospecha de Ayuso que activaron el espionaje de Génova

El terremoto que ha sacudido al Partido Popular tiene su origen en los primeros meses de la pandemia. El millón y medio de euros adjudicado a la mercantil Priviet Sportive SL para la compra de mascarillas, con una supuesta comisión irregular para el hermano de Isabel Díaz Ayuso, es solo la punta del iceberg de una gestión que vuelve a estar bajo sospecha. La Comunidad de Madrid tramitó cerca de 5.000 contratos por la vía de emergencia en el inicio de la crisis sanitaria, sin concurrencia ni publicidad, por un montante de casi mil millones de euros. O lo que es lo mismo: a dedo. La Cámara de Cuentas, en paralelo a la sombra de nepotismo, ya puso el foco en las presuntas irregularidades de estos expedientes con un anteproyecto de informe en noviembre del año pasado. “Se ha observado que en algunas ocasiones los expedientes carecen de la documentación mínima necesaria que todo expediente de contratación precisa, aún tramitado por la vía de emergencia”, apuntaba el escrito.

El espionaje de Génova apunta directamente a Tomás Díaz Ayuso y su papel como presunto comisionista en la adjudicación de contratos para la compra de material sanitario. Como ha revelado en exclusiva El Confidencial, Ángel Carromero y otros cargos de confianza del PP creen que se llevó un cuantioso pellizco en abril de 2020 en la compra de mascarillas FFP2 y FFP3 para el pabellón 10 de Ifema, donde se instaló un hospital de campaña. Con un importe total de 1.512.500 euros, el expediente se tramitó por la vía de emergencia y se otorgó a Priviet Sportive a pesar de que no tenía experiencia previa en este ámbito. Su administrador, Daniel Alcázar Barranco, reside en la localidad abulense de Sotillo de la Adrada, el pueblo del padre de la presidenta de la Comunidad y donde ella y su hermano han veraneado durante años.

Ayuso ha negado cualquier irregularidad durante su comparecencia de este jueves. La presidenta ha reconocido que su hermano cobró una comisión, aunque aseguró que todo está en orden y regulado ante Hacienda, un extremo que contrasta con el planteamiento de la dirección. “Pregunté a mi hermano y me confirmó que había mantenido relaciones comerciales con esa empresa y que todo era completamente legal”, declaró. "El contrato está firmado y promovido por un médico que era el máximo responsable asistencial del Sermas. Fue fiscalizado por la Intervención General, se llevó a dación de cuentas al Consejo de Gobierno y está colgado en el Portal de Transparencia", señaló.

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Las sospechas se extienden a buena parte de las contrataciones en aquellos meses críticos. La oposición ha insistido que no existe ninguna relación entre el covid-19 y el objeto de muchas de las licitaciones, requisito imprescindible para utilizar la fórmula de la emergencia. Como informó este diario, hay varios ejemplos. Uno de ellos es la compra de dos cuchillas para vehículos quitanieves y dos expendedores de sal para el equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil, por valor de 21.337,14 euros. La explicación del Gobierno regional es que fueron adquiridos para facilitar el acceso a lugares de difícil acceso.

También se tramitaron expedientes para adquirir maquinaria de tala de árboles, un nuevo sistema de drones para el Cuerpo de Bomberos, básculas para bebés y hasta un potro de ginecología. "Existe un abuso espectacular de los contratos de emergencia", señalaron entonces desde Más Madrid, el principal partido de la oposición. No fue algo aislado, el PSOE y Unidas Podemos cargaron con dureza contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y también Vox, que incluso impulsó un pleno monográfico para tratar esta problemática. "Transparencia" fue la demanda principal de su socio en la región.

Informe de la Cámara de Cuentas

El anteproyecto de informe de la Cámara de Cuentas ahondó en estas cuestiones. El órgano fiscalizador dio cuenta de decenas de adjudicaciones que podrían haber incurrido en algún tipo de anomalía e hizo dos apreciaciones sobre el trabajo de la Comunidad de Madrid. Por un lado, insta a "establecer un marco legal y un protocolo procedimental para emergencias en las que, tanto los daños como la evolución en el tiempo, sean indeterminados, de forma que, en la medida de lo posible, se garanticen los principios básicos de la contratación pública". Y, por otro, puso de manifiesto la laxitud de los controles en la contratación: “Extremar el celo en el cumplimiento de los procedimientos administrativos procurando que en el expediente consten realizadas todas las fases preceptivas del mismo”.

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Según los datos disponibles en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, entre 2020 y noviembre de 2021, cuando se hizo público el escrito de la Cámara de Cuentas, se habían tramitado por el procedimiento emergencia un total de 4.890 expedientes, con un importe de 1.006.345.195 euros. A estos se sumaban otros 1.446 firmados sin publicidad, que alcanzan 972.416.676 euros. Tras las alegaciones del Gobierno regional, el ente trabaja aún en el escrito definitivo.

Pero más allá de las cifras, el elemento clave y perturbador en esta tormenta es el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Su nombre no solo está vinculado al contrato con Priviet Sportive. Según informó eldiario.es, la Comunidad de Madrid también adjudicó 150.000 euros a una empresa vinculada con Artesolar, la sociedad para la que trabaja Tomás Díaz Ayuso. El Gobierno de la Comunidad de Madrid compró mascarillas a Arteconfort SL, cuyo administrador es el socio mayoritario de la anterior. No obstante, no hay nada judicializado y hasta la fecha ni nadie ha presentado ninguna prueba de ilegalidades.

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Esta polémica hace tiempo que concentra los ataques contra el Gobierno regional. En la misma línea que Génova, la oposición en bloque considera que las adjudicaciones durante los peores momentos de la pandemia ocultan algo. Y ese algo tiene relación directa con el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Tanto los grupos de izquierda (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) como Vox basan su consideración en la reacción que el PP tuvo en la Asamblea cuando una diputada socialista mencionó a Tomás Díaz Ayuso en los mismos términos que la trama de espionaje. La presidenta de la cámara, Eugenia Carballedo. expulsó a la diputada Carmen López por decir que el hermano de la dirigente popular "se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar". Tras su negativa, todos los grupos abandonaron el hemiciclo. "Están muy nerviosos, es evidente", dijeron entonces. Pero la guerra ni había empezado.