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Juicio político a la contratación de Díaz Ayuso: más de 4.800 adjudicaciones, a examen
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Contratos de emergencia

Juicio político a la contratación de Díaz Ayuso: más de 4.800 adjudicaciones, a examen

La Asamblea de Madrid debate este jueves sobre los contratos de emergencia concedidos en el peor momento de la pandemia, con la denuncia de la oposición de un abuso de las adjudicaciones a dedo

Foto: Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)
Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

El pleno de la Asamblea de Madrid debate este jueves un pleno monográfico sobre los contratos concedidos por la vía de emergencia durante la pandemia por el Gobierno regional. Impulsado por Vox y apoyado por todos los partidos de izquierdas (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos), será una suerte de juicio político a la gestión de Isabel Díaz Ayuso en los peores momentos de la crisis sanitaria por el covid-19, con una sospecha generalizada en torno a las adjudicaciones a dedo y sin publicidad. La oposición en bloque habla de un "abuso" de esta fórmula, con casi 5.000 contrataciones entre todo 2020 y junio de 2021.

El principal argumento que sustenta la consideración de estas formaciones, que expondrán durante la sesión todas sus impresiones, es el anteproyecto de un informe de la Cámara de Cuentas que pone el foco precisamente en estas cuestiones. Según adelantó 'El País', el órgano fiscalizador señala algunas anomalías en una serie de expedientes tramitados por emergencia, fundamentalmente relacionadas con la falta de justificación. “Se ha observado que en algunas ocasiones los expedientes carecen de la documentación mínima necesaria que todo expediente de contratación precisa, aún tramitado por la vía de emergencia”, apunta el escrito.

Foto: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), entrega un papel al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (i). (EFE)

En Más Madrid, el principal partido de la oposición, denuncian que muchas de estas contrataciones se hicieron a pesar de que no existe una relación directa con el covid-19, requisito indispensable para utilizar esta fórmula. Es el caso, por ejemplo, de la compra de dos cuchillas para vehículos quitanieves y dos expendedores de sal para el equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil, por valor de 21.337,14 euros, supuestamente adquiridos para facilitar el acceso a lugares remotos. Esta cifra, no obstante, es solo una mínima parte de todo el desembolso que se hizo durante año y medio en este tipo de contrataciones. Según los datos actualizados en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, se adjudicaron por emergencia un total de 4.890 expedientes, con un importe de 1.006.345.195 euros. A estos hay que sumar otros 1.446 firmados sin publicidad, que suman otros 972.416.676 euros. El total de contratos durante la pandemia reflejados en el mismo portal es de 13.461, sin contar todos los de tipo menor.

"Existe un abuso espectacular de los contratos de emergencia", declara a El Confidencial Alberto Oliver, diputado de la formación liderada por Mónica García. En una opinión compartida con Unidas Podemos, Oliver considera que se recurrió a este procedimiento para eludir cualquier tipo de control y principios de concurrencia. Con esta fórmula la Comunidad de Madrid ha dado miles de euros a gente cercana al PP, como una exconcejala en Alcorcón, a 'OkDiario' o al hermano de Ayuso", añaden en la formación morada, sin más detalles. Desde el PSOE, el portavoz Juan Lobato aludió este miércoles a las conclusiones de la Cámara de Cuentas y avanzó una "fiscalización milimétrica" para "corregir graves errores de gestión", pero también sin profundizar en la materia.

Foto: José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso, frente a la Almudena. (EFE)

El escrito, que no es definitivo y contra el que caben alegaciones, hace dos apreciaciones respecto a la labor contractual de la Comunidad de Madrid y su margen de maniobra. En primer término, insta a "establecer un marco legal y un protocolo procedimental para emergencias en las que, tanto los daños como la evolución en el tiempo, sean indeterminados, de forma que, en la medida de lo posible, se garanticen los principios básicos de la contratación pública". Y también, en relación con una presunta laxitud de los controles de la Administración: “Extremar el celo en el cumplimiento de los procedimientos administrativos procurando que en el expediente consten realizadas todas las fases preceptivas del mismo”.

1,5% del total

Desde el Gobierno regional, sin embargo, niegan cualquier tipo de irregularidad y sostienen que su valoración sobre el informe de la Cámara de Cuentas es "positivo". "En una situación que nadie ha vivido utilizamos el sistema de contratación de emergencia para que los madrileños estuvieran protegidos en circunstancias extraordinarias", explicó este miércoles el portavoz del Ejecutivo regional, Enrique Ossorio. El también consejero de Educación, Universidades y Ciencia ha puesto de manifiesto que las apreciaciones del órgano fiscalizador únicamente remiten a un 1,5 por ciento del total, todas de tipo administrativo.

El pleno monográfico se produce en plena negociación de Presupuestos con Vox y con la presidenta regional en mitad de la tormenta por el pulso interno en el PP de Madrid. Se celebrará por una iniciativa de Vox, que este mismo miércoles lo utilizó para señalar su compromiso con el control de dónde va el dinero del contribuyente. "La transparencia es fundamental", subrayó la líder de la formación Rocío Monasterio, con un tono menos beligerante que la izquierda.

El pleno de la Asamblea de Madrid debate este jueves un pleno monográfico sobre los contratos concedidos por la vía de emergencia durante la pandemia por el Gobierno regional. Impulsado por Vox y apoyado por todos los partidos de izquierdas (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos), será una suerte de juicio político a la gestión de Isabel Díaz Ayuso en los peores momentos de la crisis sanitaria por el covid-19, con una sospecha generalizada en torno a las adjudicaciones a dedo y sin publicidad. La oposición en bloque habla de un "abuso" de esta fórmula, con casi 5.000 contrataciones entre todo 2020 y junio de 2021.

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