Vox presiona a Ayuso con una ley de igualdad durante la negociación de presupuestos
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Vox presiona a Ayuso con una ley de igualdad durante la negociación de presupuestos

La formación de Rocío Monasterio insiste en la derogación de las normas regionales de género y LGTBI y en la gratuidad de la educación de cero a tres años

Foto: Rocío Monasterio e Isabel Díaz Ayuso, durante una reunión. (EFE)
Rocío Monasterio e Isabel Díaz Ayuso, durante una reunión. (EFE)

Una de las principales exigencias de Vox para apoyar los Presupuestos de Isabel Díaz Ayuso es la derogación de las normas autonómicas de género y LGTBI que impulsó Cristina Cifuentes. Y a apenas 48 horas para que la presidenta regional exponga las líneas maestras de sus cuentas, en plena negociación, la formación que lidera Rocío Monasterio ha presentado públicamente su propia ley de Igualdad, que ahonda precisamente en esa solicitud. Así, las conversaciones entre los equipos del consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, y Monasterio tratan de forma paralela el proyecto de Presupuestos de los populares, el nuevo texto sobre igualdad y no discriminación y la gratuidad de la educación de 0 a 3 años como temas centrales.

El contenido de la negociación, no obstante, se está llevando en absoluto secreto y no han trascendido más mensajes que la buena predisposición de ambas partes por alcanzar un acuerdo. Nada de contenidos o fechas, aunque tampoco descartan que puedan entenderse antes del miércoles. "Nosotros somos muy fáciles", insisten en Vox, en referencia a que sus demandas son de sobra conocidas. La clave está en cuántas de estas exigencias aceptarán en Sol y en qué medida, con las advertencias de que no son partidarios de derogar las leyes y de que no consideran viable la implantación de la educación infantil gratuita. Cabe recordar en ese sentido que la fuerza del partido liderado por Santiago Abascal no es la misma en la región que antes del 4-M, cuando PP y Ciudadanos compartían Gobierno, y que a Ayuso ahora le bastan con cuatro abstenciones para sacar adelante sus cuentas.

Foto: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (EFE)

Sea como fuere, registrar la ley de Igualdad en este momento se reconoce como un claro elemento de presión por parte de Vox, o al menos como un planteamiento en positivo para acercar posturas. Fuentes del partido señalan que no se trata de un canje por los Presupuestos, sino una negociación más de las que tienen abiertas, junto a las enmiendas a la Ley Maestra de Libertad Educativa para extender la gratuidad a la etapa infantil, el Bachillerato y FP. Sin embargo, que los tres temas están estrechamente relacionados es una obviedad, tanto como que las propuestas de Monasterio sobre educación e igualdad son las mismas que la propia formación ha establecido como algunas de las líneas rojas para apoyar las cuentas.

Si la denominada Ley de Igualdad y No Discriminación es acogida o aceptada de buen grado por el Ejecutivo de Ayuso está aún por ver, pero en Sol tampoco han ocultado que sí son partidarios de modificar algunos preceptos de las leyes de género y LGTBI, especialmente en lo referido a la presunción de inocencia y la carga de la prueba, dos de los elementos regulados precisamente por la norma planteada ahora. Esta, no obstante, se ha presentado de forma unilateral por Vox.

Foto: Teodoro García Egea, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. (EFE)

El proyecto que la formación ha presentado en la Asamblea de Madrid plantea la derogación de la ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no discriminación y la de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación Sexual, ambas de 2016, durante el mandato de Cifuentes. A juicio de Vox, suponen un quebranto de los artículos 24.2 y 14 de la Constitución Española, que tratan el derecho a la presunción de inocencia y la igualdad entre los españoles, respectivamente, una posición compartida en parte por Ayuso.

Proyecto de ley

La intención de Vox es "respetar la verdadera igualdad de todos los españoles". Bajo ese paraguas, el texto elaborado prevé medidas de formación de cuerpos y fuerzas de seguridad y la atención a víctimas de maltrato y protección en el ámbito familiar. Siempre con ese matiz de "cualquier forma de violencia que se ejerza en el ámbito familiar", que resume el rechazo de la formación a las leyes de violencia de género con carácter general. Además, contempla un capítulo con actuaciones en el plano educativo, entre las que destaca la elaboración de un plan integral contra la discriminación y el acoso en colegios y universidades.

Foto: Rocío Monasterio e Isabel Díaz Ayuso, durante una reunión. (EFE)

La ley también recoge los casos de supuesta discriminación en el mundo laboral. El proyecto señala que “ninguna persona podrá ser objeto de discriminación alguna en el acceso al mercado de trabajo” y plantea diversos mecanismos de intervención en supuestos de acoso o discriminación, siempre con el artículo 14 de la Constitución como única interpretación. También prohíbe cualquier forma de arbitrariedad en otros ámbitos, como el derecho de admisión de los establecimientos o comercios, algo asociado a la negativa de los de Abascal a la imposición del pasaporte Covid para acceder a la hostelería, por ejemplo. "Se adoptarán medidas específicas de apoyo, mediación y protección a menores y jóvenes que estén sometidos a presión o maltrato psicológico y /o físico en el ámbito familiar, escolar o relacional, garantizando en su caso un recurso residencial que les proporcione una vida digna”, añade la norma.

El borrador también regula los protocolos de atención a los víctimas, de nuevo sin distinciones de género. Recibirán una atención especializada en las oficinas judiciales, asesoramiento jurídico y asistencia sanitaria, incluyendo atención especializada y medidas sociales si fuera necesario. En el caso de que se incumpla la ley, esta prevé también un régimen sancionador en función de la gravedad del ilícito. Las infracciones leves serán castigadas con multas de 200 a 3.000 euros; las graves, con sanciones de entre 3.001 y 20.000 euros y la posibilidad de prohibir el acceso a cualquier ayuda pública de la Comunidad de Madrid o contratar con la Administración en un período de hasta un año; y las muy graves, entre 20.001 y 45.000 euros y el mismo veto pero en un plazo de hasta tres años.

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