Ayuso recupera su norma educativa para hacer frente a la ley Celaá

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha recuperado la tramitación de la norma educativa con la que pretenden hacer frente a la ley Celaá y que había quedado en el cajón después de que se convocaran elecciones anticipadas y se disolvieran las Cortes el pasado mes de marzo. El Ejecutivo rescata ahora el texto para que continúe el proceso necesario para su aprobación en la Asamblea de Madrid, donde previsiblemente obtendrá el apoyo del PP y no parece que Vox vaya a oponerse.

La nueva regulación, bautizada como Ley Maestra, fue anunciada el pasado mes de enero como reacción a la normativa impulsada a nivel nacional por la ministra del ramo, Isabel Celaá. El propio Enrique Ossorio, consejero regional, ha insistido este miércoles en que el anteproyecto nace con esa vocación de frenar alguno de los efectos del texto aprobado por Moncloa. En la Puerta del Sol entienden que tienen margen de maniobra en sus competencias para disminuir o eliminar algunas medidas incluidas en el documento al que dio luz verde definitivamente el Senado en diciembre de 2020.

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Ossorio ha insistido en rueda de prensa en que incluirán el concepto de "demanda social" en la nueva norma, un punto que fue eliminado por la ministra en lo relativo a los conciertos con colegios privados y que la derecha entendió como un atropello a estos. PP, Vox y Ciudadanos se echaron a la calle tras aprobarse para clamar, precisamente, contra este punto y la concertada se llenó rápidamente de unos lazos naranjas en señal de protestas que aún perduran.

El consejero ha explicado que a su parecer la eliminación de ese concepto facilitaba a los gobiernos regionales la posibilidad de no renovar convenios con estos centros y favorecer su cierre. "La ley viene a defender la calidad y la libertad educativa", ha enfatizado el popular, que ha hecho hincapié en que Madrid mantendrá el concepto de distrito único por el que las familias eligen centros independientemente de su lugar de residencia.

Otro de los apartados más destacados del documento es aquel en el que se recoge que el español es la lengua oficial y vehicular en la educación de los menores, un aspecto que se eliminaba en la ley impulsada por la socialista. La derecha consideró desde un primer momento que era un atentado contra el idioma oficial, mientras que PSOE y Podemos han defendido siempre que la oficialidad de esta lengua está más que garantizada con la Constitución.

Pero, si hubo un campo que enervó especialmente a PP, naranjas y Vox, ese fue el relativo a la educación especial. El texto aprobado incluía una referencia a este aspecto en el que apostaba por que en un plazo de 10 años los centros ordinarios se adaptaran para poder integrar a los alumnos con necesidades especiales que se encontraban actualmente en aquellos de educación especial. La derecha entendió esto como un intento a largo plazo de cerrar los centros de educación especial y así lo dejó claro al Ejecutivo central en todo momento. La comunidad trata ahora de blindarlos para garantizar su supervivencia, apostando por ellos como un pilar para el colectivo de estudiantes que atienden.

Aunque la norma madrileña llega ahora, meses después tras la convulsa actualidad política regional, se trata de la segunda iniciativa de calado que llega a la Asamblea tras la polémica reforma de la ley de Telemadrid, que se aprobará este jueves. El PP nacional ya interpuso el pasado mes de marzo un recurso de inconstitucionalidad contra la ley Celaá.