El juez imputa a Luis Medina y Luceño por los contratos con Madrid y embarga sus bienes

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha imputado a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por supuestas irregularidades en los contratos que firmaron con el Ayuntamiento de Madrid para traer material sanitario a España en los primeros meses de la pandemia por un valor superior a los 13 millones de dólares. Ambos tendrán que declarar el próximo 25 de abril a las 12:30 como investigados por estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales, delitos que se enmarcan en la sospecha de que inflaron el precio del material para lucrarse: Medina se llevó un millón de dólares y Luceño otros 5,1.

El magistrado, de hecho, también ha acordado el embargo de sus bienes, tal y como solicitó la Fiscalía Anticorrupción. Según los investigadores, Luceño se costeó con las comisiones el pago de una estancia en un hotel de Marbella que ascendió a 60.000 euros, tres relojes marca Rolex valorados en más de 42.000 euros y siete coches de alta gama que cuestan más de un millón. Medina se compró a su vez un velero de 325.515 euros que, según el Ministerio Público, no figura a su nombre, sino que está controlado por una sociedad gibraltareña cuyos titulares son él mismo y su hermano.

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La querella del Ministerio Público apunta a que Medina, hijo de Naty Abascal y del duque de Feria Rafael Medina, fue la persona que contactó con el Ayuntamiento “aprovechando su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid”, José Luis Martínez-Almeida. Aunque el escrito de Anticorrupción no lo especifica, fuentes consultadas por este diario precisan que ese familiar del dirigente del PP sería un primo que ejerce como abogado y se llama Carlos Martínez-Almeida.

La querella sugiere que el contacto de Luis Medina con el familiar de Martínez Almeida surtió efecto porque "inmediatamente se le facilitó el nombre de la Coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado Martínez, como persona a la que se debía dirigir para concretar los términos de las operaciones". A partir de ahí, el socio de Medina, Alberto Luceño, entró en contacto con ella para cerrar los contratos. Según apuntan las fuentes consultadas, Collado también ha sido citada a declarar como testigo.

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Luceño se presentó ante ella como experto en importaciones desde Asia y como agente exclusivo de una empresa malaya a través de la cual iban a traer el material sanitario. También dijo actuar movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia, pero "ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista", subraya la Fiscalía.

Los investigadores sostienen que Luceño recibió en concepto de comisiones un total de 5,1 millones de dólares mediante transferencias remitidas desde Malasia a una cuenta personal abierta en una sucursal bancaria de Madrid. Medina, por su parte, confirmó en una entrevista concedida a El Confidencial que cobró un millón de euros, pero negó irregularidad alguna: "Entiendo que a mucha gente quizá no le parezca bien. Pero es el 8% del contrato. Es una comisión normal de intermediación, que se cobra muchas veces".