El texto de la reforma del Poder Judicial: "Para evitar dificultades en la renovación"

El Gobierno pretende tener cobertura legal para renovar con garantías el Tribunal Constitucional y sin necesidad de tener que esperar a un dilatado pacto con el PP. Para ello, el texto de la reforma al que ha tenido acceso este diario, y que presentarán los socialistas esta mañana, comprende "su tramitación por el procedimiento de urgencia". Se solicita también a la Mesa del Congreso, debido "a su naturaleza y a la simplicidad de su formulación", que se proponga "su tramitación directa y en lectura única". De este modo, la reforma podría estar lista antes del verano.

La proposición de ley se circunscribe a la modificación de un artículo de la Ley del Poder Judicial para introducir el siguiente apartado: “1ª. Proponer el nombramiento de dos Magistrados del Tribunal Constitucional, en los términos previstos por el artículo 599.1. 1ª de esta Ley Orgánica”. Esta reforma legal, precisamente, corrige una anterior de los propios socialistas permitiendo al Consejo General del Poder Judicial hacer nombramientos pese a estar en funciones, aunque solo los que afectan al TC. Cuatro de sus magistrados deben ser sustituidos desde el pasado 12 de junio y esa renovación no puede hacerse sin que el Consejo designe a dos.

El borrador del texto que se presentará este viernes preveía incluir la firma de los dos grupos parlamentarios que sostienen al Ejecutivo de coalición, PSOE y Unidas Podemos. Sin embargo, estos últimos no la han apoyado de momento. En su exposición de motivos se hace hincapié en que, para evitar la actual situación, "que puede causar dificultades en la renovación de los órganos constitucionales, se debe modificar el artículo 570 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de introducir entre las facultades conferidas al Consejo General del Poder Judicial en funciones la de nombrar a los dos Magistrados del Tribunal Constitucional que, en los términos previstos en el artículo 599 de la misma norma, le corresponde designar".

"Actualmente, se da la situación de que el Consejo General del Poder Judicial carece del presupuesto legal habilitante para elegir a los dos Magistrados que por mandato constitucional le corresponde proponer", reconoce el texto de la reforma. Una realidad que se debe a que "la facultad para poder proponerlos se encuentra reconocida en el artículo 560.1.2ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, precepto que regula el conjunto de facultades que legalmente se le atribuyen a este órgano con carácter general", se argumenta la proposición de ley.

Sin embargo, la propia reforma sacada adelante por los socialistas en marzo del pasado año para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones introduce un nuevo artículo, el 570 bis, "con el propósito de restringir las facultades atribuidas con carácter general al Consejo General del Poder Judicial, una vez que finaliza el plazo para su renovación sin que hayan podido ser designados los nuevos Vocales". Y, entre las facultades que el Consejo deja de poder ejercer, se señala, "se encuentra precisamente el nombramiento de los dos Magistrados del Tribunal Constitucional que por imperativo constitucional debe designar".

La nueva reforma, por tanto, se centra en corregir este punto para forzar la renovación de magistrados. "Para evitar esta situación, que puede causar dificultades en la renovación de los órganos constitucionales, se debe modificar el artículo 570 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de introducir entre las facultades conferidas al Consejo General del Poder Judicial en funciones la de nombrar a los dos Magistrados del Tribunal Constitucional que, en los términos previstos en el artículo 599 de la misma norma, le corresponde designar".

En el grupo de magistrados salientes que acaban su mandato en julio hay tres conservadores y un progresista. Deben ser sustituidos, en concreto, el actual presidente, González-Trevijano, Antonio Narváez, Santiago Martínez Vares y Juan Antonio Xiol. Las fuerzas se encuentran ahora repartidas en un siete a cinco con mayoría para los conservadores. Una renovación de dos cambiaría las cuentas. Además, cambiará el presidente, que será previsiblemente cercano a las tesis de izquierda. El magistrado Cándido Conde-Pumpido es el mejor posicionado.

Antes de decidirse por esta salida, el Gobierno ha explorado otras opciones. En un primer momento, confió en que fuera el propio TC quien resolviera la cuestión, considerando inconstitucional el artículo que ahora modifica. No salió por falta de consenso en el Constitucional. Después se planteó dividir los nombramientos y designar a sus dos sin esperar al Consejo. Las dudas sobre si esta opción se sostenía la han hecho decaer.