Moncloa da otra vuelta de tuerca y planea poner un plazo al CGPJ para renovar el TC

La renovación del Tribunal Constitucional (TC) continúa provocando dolores de cabeza al Ejecutivo de Pedro Sánchez, que trata de acelerar el trámite sin conseguir del todo cuadrar una fórmula que le garantice su objetivo. Después de anunciar una nueva reforma legal que, en principio, le despejaría el camino para sustituir a los cuatro magistrados cuyo mandato caducó el pasado 12 de junio y abriría la vía a un TC de mayoría progresista, Moncloa ha comenzado a desconfiar de las intenciones del otro actor esencial para que la estrategia salga adelante: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Hasta tal punto es así, que el Gobierno se plantea fijar un plazo para evitar que el Consejo dilate el recambio en el tribunal de garantías, según confirman fuentes cercanas al PSOE.

La proposición ya registrada en el Congreso por los socialistas por vía de urgencia tiene como objetivo modificar de nuevo la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir ahora al CGPJ nombrar a los dos magistrados que le corresponden para renovar el Tribunal Constitucional. La reforma, sin embargo, mantiene la prohibición de que el órgano de gobierno de los jueces realice nombramientos en otros tribunales como el Supremo o los tribunales superiores de Justicia. De esta forma, el PSOE se ahorra pasar por una negociación con el PP que podría dilatar las cosas y pretende acelerar el cambio en el TC para que este pase a contar con mayoría progresista y un presidente o presidenta de esta sensibilidad.

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Sin embargo, tiene un problema en contra. Un total de nueve de los 20 vocales del Consejo ya han mostrado de forma pública su discrepancia. Su queja, en la que piden dirigirse al Congreso y a la UE para reclamar que la devolución de atribuciones para realizar nombramientos sea completa y no parcial e "interesada", se iba a votar este mismo jueves en el pleno de la institución. Pese a ello, la muerte de la vocal del CGPJ Victoria Cinto Lapuente ha obligado a aplazar el mismo.

A falta de fijar una nueva fecha para su celebración, el Ejecutivo teme que esas pegas ya mostradas por vocales conservadores se agraven y que el CGPJ retrase o paralice completamente la elección de los dos magistrados que le toca designar. Sin ellos, el Gobierno no podrá nombrar a sus dos y todo el plan se vendrá abajo.

Por ello, los de Pedro Sánchez se plantean aprovechar la reforma para añadirle un paso más e incluir en la ley un límite de tiempo para que el Consejo se pronuncie. Aún se debate la fórmula exacta, pero algunas voces ya plantean fijar la obligación de que el CGPJ vote a sus candidatos en la primera de las reuniones que tenga convocada después de la aprobación de la proposición de ley. No es un secreto que Moncloa quiere lograr la renovación completa este próximo mes de julio, aunque lo tiene complicado si al componente del Consejo se suma la tramitación parlamentaria de su reforma.

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La pega añadida es que, ahora, el Ejecutivo se lo juega todo a una carta. Su estrategia rompió cualquier esperanza de pacto con el PP que, antes del anuncio, veía encaminada una negociación sobre la base de un programa de "regeneración democrática". Interpretaron la maniobra como una ofensa y los planes de pactar se fueron al traste o, al menos, han quedado aplazados sin fecha.

Las otras opciones tampoco parecen viables. Antes de optar por la reforma, el PSOE coqueteó con la idea de nombrar de forma directa a sus dos candidatos sin esperar al Consejo, pero, para ello, tendría que contar con la aprobación del TC, que debe avalar cualquier nombramiento en un pleno prescriptivo. La mayoría actual, conservadora, no estaba dispuesta a permitirlo y preveía rechazar los nombramientos o, directamente, optar por no convocar esa reunión obligatoria sin la que los escogidos no podrían tomar posesión.