Sánchez necesita aún el apoyo de 12 vocales de un CGPJ conservador para renovar el TC

El plan impulsado por el Gobierno para lograr la mayoría de jueces progresistas en el Tribunal Constitucional necesita el apoyo de al menos doce vocales en el Consejo del Poder Judicial (CGPJ). Este órgano tiene que nombrar a dos de los cuatro jueces en la renovación del TC y para eso es necesaria una mayoría cualificada de 3/5, es decir, el apoyo de al menos 12 de sus 20 miembros actuales. Pero el CGPJ cuenta con una mayoría conservadora que arrastra todavía desde la victoria electoral de Mariano Rajoy en 2011. Dicho de otro modo, el plan de Pedro Sánchez no está garantizado, según advierten voces del sector conservador del Consejo, que en declaraciones a El Confidencial rechazan de plano esta última maniobra de Moncloa.

El Tribunal Constitucional lo componen 12 magistrados que se renuevan en ternas de cuatro cada tres años. Una la elige el Congreso, otra el Senado y la tercera corresponde al Gobierno y al CGPJ. Esta última caducó en junio, se tiene que renovar y es clave porque por primera vez en muchos años el Ejecutivo tiene la capacidad de invertir la correlación de fuerzas en el máximo garante constitucional que tiene sobre la mesa aspectos claves como los recursos de los líderes catalanes condenados por sedición. El Ejecutivo tiene la capacidad de elegir a dos sin necesidad de llegar a acuerdos con nadie, pero los otros dos dependen del CGPJ. Y si no hay acuerdo en el órgano de Gobierno de los jueces la renovación no sale adelante. O los cuatro o ninguno.

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"La reforma puede obligar a que nos reunamos en un pleno, pero no a que haya una mayoría cualificada de acuerdo con un candidato", advierte uno de los vocales consultados. En este punto es clave la postura que adopte el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, en funciones desde hace tres años y medio. Lleva desde entonces denunciando la parálisis de la Justicia en España por la falta de acuerdo de PP y PSOE. Las tensiones con el Gobierno se agravaron cuando Sánchez impulsó una reforma legal que les impedía seguir nombrando jueces en funciones. Aquella medida que se entendió como una manera de forzar al PP a un acuerdo está generando un problema en plazas claves de la Justicia como el Tribunal Supremo porque no se pueden cubrir vacantes por jubilación. Sin embargo, todos los consultados coinciden en que Lesmes hará valer su perfil institucional.

"Me parece un escandalazo"

Se da por hecho que el Pleno para elegir a los candidatos al TC se convocará si sale adelante esta reforma en el Congreso. Al tramitarse como una Proposición de Ley, los plazos son más rápidos y no es necesario solicitar informes al CGPJ, la Fiscalía o el Consejo de Estado. Sin embargo, la opinión de los vocales del bloque conservador es de rechazo. "Un poder del Estado no puede tratar así a otro poder del Estado, hombre","Me parece un escandalazo", "No creo que siente muy bien", "Es un contrasentido". Estas son algunas de las reacciones que trasladan en privado los miembros del CGPJ a este periódico.

El Consejo vio cómo el Gobierno impulsó hace un año una reforma para impedir los nombramientos en funciones y ahora articula otra para dejarles nombrar, pero solo lo que afecta a la renovación del Tribunal Constitucional. "Va a haber un conflicto con la casa de enfrente [el Tribunal Supremo], que se va a preguntar por qué se puede nombrar para el TC y no para el Supremo". Uno de los consultados admite que este escenario no les ha cogido de sorpresa y que ya lo barajaron hace tiempo como posibilidad en el Consejo. Algunos avanzaron que, de producirse, no irían al Pleno alegando alguna cuestión. Otra opción es votar en blanco al candidato y, por tanto, impedir la mayoría cualificada, avisan.

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Recuerdan además que el TC tiene sobre la mesa el recurso de inconstitucionalidad presentado en su día contra la reforma que les prohibía los nombramientos en funciones: "Lo que tiene que hacer el Constitucional es fijar una fecha para deliberar y decidir sobre ese recurso". Otros se lamentan de no haber elevado en su día un conflicto de competencias ante el TC por lo que entienden como una intromisión del poder político –en este caso el Ejecutivo a través del Legislativo– en las competencias del poder Judicial. Los organismos europeos ya han llamado en varias ocasiones la atención respecto a la parálisis de la renovación judicial que España arrastra desde hace años.

Esta última maniobra se ha producido en medio del enésimo acercamiento entre PP y PSOE para renovar el CGPJ. Los populares lo ven como un desafío de Pedro Sánchez que pone en peligro los acuerdos de Estado en lo que resta de legislatura. Los socialistas, en cambio, justifican estas reformas por el inmovilismo del PP para renovar, ya que no quiere renunciar a sus mayorías conservadoras heredadas de sus victorias electorales de antaño.

La derivada política

Al menos de momento, el socio de Gobierno del PSOE, Podemos, tampoco lo ve con buenos ojos. Algunas voces en el Consejo ven en el rechazo inicial de los morados una manera de presionar para que uno de los jueces elegidos para el TC sea su eterno candidato, José Ricardo de Prada. Este magistrado de la Audiencia Nacional es al que se le atribuye la redacción de las frases más contundentes contra el PP en la primera sentencia del caso Gürtel que motivó la moción de censura que aupó a Sánchez a la Moncloa en 2018. El PP siempre ha puesto como línea roja de las negociaciones a De Prada por considerarlo afín a Podemos. Las fuentes judiciales consultadas indican que lo normal es que los jueces que vayan al TC salgan del Supremo.

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Otro vocal con experiencia en las intrigas judiciales advierte del riesgo al que se enfrenta Sánchez si permite la entrada de De Prada en su plan de hacerse con la mayoría en el TC por medio de la figura de Cándido Conde Pumpido como nuevo presidente. Explican que, entre los 12 jueces, ya hay algún nombre como el de María Luisa Balaguer, más próxima al mundo de Podemos que al del PSOE. "Las cuentas que hace La Moncloa son de siete progresistas y cinco conservadores, pero a ver si en el bloque progresista no hay tres que acaben por hacer pinza con los conservadores", especulan desde el Consejo.

Este viernes los vocales compartían impresiones a través de sus móviles sobre la decisión del Gobierno, conocida en la noche del jueves. Todavía es pronto para anunciar algún tipo de estrategia conjunta en el bloque conservador, dicen. Entre ellos había un comentario general asumido con resignación: parece que otro año más el mismo Consejo en funciones estará presente en septiembre en el acto solemne de la apertura del año judicial. Si tras las elecciones andaluzas había esperanzas de un acuerdo PP-PSOE para su renovación antes de la próxima contienda electoral, se han vuelto a enfriar.