¿Vulnera los derechos de los ciudadanos esperar tres años para un juicio? El TC decide

La excesiva lentitud de los tribunales ha llegado ante el Tribunal Constitucional (TC). En una reciente resolución, el tribunal ha admitido a trámite el recurso de amparo interpuesto por un abogado en contra de un juicio por despido señalado para 2024, tres años más tarde de la presentación de la demanda. Ahora, el TC deberá decidir si esta demora supone una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, recogido en el artículo 24 de nuestra Constitución.

En su escrito, los magistrados considera que esta cuestión tiene una "especial trascendencia constitucional" y advierte de que la jurisdicción ordinaria —es decir, los juzgados de primera instancia— podrían estar vulnerando la ley "de modo general y reiterado". Por ello, han indicado al juzgado de Sevilla que fijó la fecha tardía para la vista que, en un plazo de diez días, envíe la documentación relativa al procedimiento para que los magistrados puedan estudiar el asunto

"Es un gran triunfo de los justiciables", celebra Daniel Sánchez Bernal, el letrado sevillano detrás del recurso. Y no es para menos. La mera admisión a trámite del recurso ya supone un paso importante, ya que, de media, el Constitucional suele rechazar el 97% de los recursos que recibe.

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Este profesional, que ha hecho de la lentitud de la Administración de Justicia su cruzada particular, presentó el recurso el pasado 21 de diciembre. En ella, argumentó que la excesiva tardanza de los jueces a la hora de fijar vistas infringe la tutela judicial efectiva, así como el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Preceptos constitucionales que, a sus ojos, incluyen la garantía de "obtener una decisión definitiva dentro de un plazo razonable".

La pelota queda ahora en el tejado del alto tribunal, que deberá pronunciarse próximamente sobre el juicio por despido en concreto que ha desencadenado este proceso judicial y, en última instancia, sobre el fondo del asunto. Es decir, sobre si los señalamientos de juicios demasiado demorados en el tiempo infringen los derechos fundamentales de los ciudadanos.