El Gobierno rastrea apoyos a su plan económico sin mirar a Feijóo

Una vez más, el Gobierno vuelve a llegar apurado a una votación clave. Moncloa no quiere volver a experimentar la tensión que se vivió durante el debate de la reforma laboral, que salió adelante por el error de un diputado del PP en la votación telemática, pero el escándalo ya conocido como 'Catalangate', relacionado con el espionaje a más de 60 dirigentes independentistas, ha vuelto a poner la legislatura contra las cuerdas. Moncloa ha encendido las luces de alarma, y ya desde la semana pasada inició una ronda de contactos con los distintos grupos para sondear el nivel de lealtad de los suyos o posibles cambios de postura en fuerzas que se plantean la abstención. El PSOE ha sacado la calculadora, pero evita mirar al PP, con el que la interlocución en materia económica ha sido "inexistente", según denuncian los populares. Feijóo aprieta a Sánchez y saca punta a su plan fiscal, consciente de que los apoyos del Ejecutivo comienzan a tambalearse.

El primer partido de la oposición ha dado un ultimátum a Sánchez: antes del jueves, día en que tendrá lugar la convalidación del decreto estrella del Gobierno en el Congreso, debe haber recibido algún gesto para abrirse a apoyar su propuesta. Fuentes populares animan a Moncloa a celebrar un nuevo encuentro, a primer o segundo nivel, para al menos discutir algunas de las propuestas incluidas en el plan de Feijóo, pero al PP le valdría incluso una llamada de Sánchez para empezar a reconsiderar su negativa a respaldar el decreto económico para paliar los efectos de la guerra.

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El nuevo jefe de la oposición volvió a tomar la iniciativa este lunes, cuando escribió un wasap a Sánchez para informarle oficialmente de la designación de Esteban González Pons como nuevo interlocutor en materia de Justicia, y Juan Bravo como negociador económico. Feijóo aprovechó ese intento de acercamiento para recordar a Sánchez la "urgencia" de buscar un entendimiento en materia económica, "dada la proximidad de la votación" sobre el decreto del Gobierno, y redoblará la presión en las próximas horas: la economía será el motor central de las preguntas de control que este miércoles formulará el PP al Ejecutivo, y el Grupo Parlamentario Popular defenderá, además, una moción sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para "combatir la escalada de precios y evitar que la economía española entre en un escenario de estanflación".

Alberto Núñez Feijóo ha convertido la economía en la prioridad absoluta de su aún corto mandato, y envió el pasado viernes a Moncloa un detallado documento madurado durante semanas con exministros y agentes sociales con un conjunto de medidas fiscales "moderadas" y "limitadas", que nace con el objetivo de lograr aglutinar un apoyo transversal, incluido el del PSOE. En el PP no piden que Sánchez asuma todo su programa económico, pero sí exigen que se abra a discutir al menos algunas de las propuestas, que incluyen la deflactación "temporal" del IRPF para rentas medias y bajas o un programa de ayudas directas, orientado a atraer el apoyo de sectores socialdemócratas.

Pero el Gobierno mantiene la puerta cerrada a sentarse siquiera a debatir el plan de Feijóo, aun a sabiendas de que el futuro de su decreto contra los efectos de la guerra está en manos de unos socios con un profundo malestar por "el mayor escándalo de la historia de la democracia", en palabras del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que hace peligrar incluso la viabilidad de un proyecto vital para mantener el rumbo de la legislatura. Una derrota de Sánchez el próximo jueves dejaría en evidencia su debilidad parlamentaria, pero evita aferrarse a la salida que le ofrece el PP.

"El plan presentado por el PP solo puede definirse con dos palabras: populismo fiscal", reiteró el portavoz de la ejecutiva del PSOE, Felipe Sicilia, que negaba toda posibilidad de debatir un plan que implica "recortar las pensiones, la sanidad pública, la educación pública" y, en suma, "el estado de bienestar". En el PP lamentan la cerrazón de Moncloa, y fuentes populares subrayan que Feijóo ha moderado las recetas fiscales planteadas por el PP en sus comunidades autónomas, precisamente para buscar un entendimiento con el PSOE. "Se está produciendo un bloqueo total por parte del Gobierno", reiteran.

El PSOE mantiene, por su parte, una interlocución constante con el resto de fuerzas parlamentarias, sin desactivar la 'vía Ciudadanos' por si ERC decide consumar su amenaza y retirar su apoyo al Ejecutivo por la implicación del mismo en el caso Pegasus. Sin ir más lejos, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, contactó este lunes con el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, que será el encargado de defender la posición de su partido el próximo jueves. Según fuentes conocedoras de estas conversaciones, no hubo intento de negociación por parte de ninguna de las partes, pero no se descartan nuevos contactos en este sentido en las próximas horas.

Ciudadanos mantiene una posición parecida a la del PP en la votación del decreto 'anticrisis'. Fuentes autorizadas del partido no cierran la puerta a una negociación, pero advierten de que el PSOE les podría arrancar como mucho la abstención, sin descartar aún el voto en contra. En la formación naranja justifican su rechazo al hecho de que el Gobierno no ha atendido ninguno de sus planteamientos económicos —incluyen también la deflactación del IRPF—. Sostienen que un voto favorable de su formación es una "vía imposible" en estos momentos, ya que vinculan esa posibilidad a que el Gobierno acceda a cambiar su política nuclear para extender la vida útil de las centrales, algo que el Ejecutivo ya ha rechazado de plano.

En estos momentos, el Gobierno de coalición tiene garantizado el respaldo del PNV, que mantiene su voto favorable a pesar de unirse al resto de socios de investidura para promover una investigación interna y exigir responsabilidades dentro del propio Ejecutivo. También el PDeCAT desvinculó la votación del decreto económico de la polémica por el presunto espionaje a líderes independentistas y, del mismo modo, parece probable el respaldo de Más País y Compromís. Por contra, ERC, Bildu, la CUP, Junts y el BNG dejan su voto en el aire, al tiempo que redoblan la presión a Sánchez y piden abiertamente que rueden cabezas para restaurar una confianza malherida.