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El Gobierno asume ya que las medidas se quedan cortas y habrá que prolongarlas
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DEBATE EN EL CONGRESO

El Gobierno asume ya que las medidas se quedan cortas y habrá que prolongarlas

El PP enfría las expectativas de sumarse al decreto-ley del Ejecutivo con un rapapolvo de Feijóo desde fuera del hemiciclo, aunque elude fijar una posición firme en el no

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE/Chema Moya)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE/Chema Moya)
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Fueron ocho intensas horas de debate en el Congreso, con Pedro Sánchez haciendo llamadas a la unidad y al acuerdo para sacar adelante el plan de choque contra los efectos de la guerra. Un decreto-ley que llegó con la noticia previa de la mayor inflación en 37 años. Desde 1985 no se disparaban los precios en una cifra cercana a los dos dígitos (9,8%). El plan nacional deberá ser convalidado por la Cámara Baja, pero tiene fecha de caducidad: la mayoría de medidas decaerán al final de junio. La oposición consideró que el paquete anticrisis era insuficiente y el propio Gobierno ya admite que habría que prorrogarlo si perduran los efectos económicos de la invasión rusa de Ucrania. Los aliados parlamentarios del Ejecutivo dieron a entender su apoyo al decreto, mientras que Vox se descartó con rotundidad. El PP sigue nadando entre dos aguas, pero con mucha más distancia y críticas que en días anteriores.

“A ese clavo me agarro”. Con esa frase se subió Sánchez al coche oficial después de una jornada interminable en el escaño, tras interpelar en varias ocasiones a la portavoz popular, Cuca Gamarra, sin éxito. Se refería a que el PP eludió fijar una posición concreta sobre si apoyará el decreto-ley o se abstendrá para que pueda seguir su curso. Desde el Gobierno, dan por hecho que el plan de choque saldrá adelante y que el resto de grupos tiene muy difícil oponerse a las medidas. Desde la oposición, le reclaman que sea más ambicioso. La lectura de los populares es que es un plan demasiado endeble para lo que viene por delante, un mal presagio confirmado por el dato de la inflación, que deja al aire todas las debilidades de la economía española y augura que, pare o no la guerra de Putin de forma inmediata, los efectos se dejarán notar por mucho tiempo.

Ese fue uno de los argumentos más repetidos por los partidos de la oposición, que discrepan del diagnóstico del presidente del Gobierno, que achacó en un 73% el terrible dato de inflación a la guerra de Ucrania. El PP insistió en la bajada de impuestos como receta y Sánchez fue tajante: “Sería suicida desarmar el estado de bienestar”.

El enfado en las filas populares ha llegado este miércoles a su máxima expresión. Cuca Gamarra, convertida en máxima representante del PP en la Cámara Baja tras la caída de Pablo Casado, movía la primera ficha. Desde la tribuna del Congreso, despreció el “plan primavera” del Gobierno y acusó a Sánchez de “arruinar” a las clases medias con políticas de gasto “irresponsables” e “insuficientes”. Un poco más tarde, Alberto Núñez Feijóo iba un paso más allá y ponía directamente en duda que el PP fuese a avalar con sus votos un plan que, a su juicio, solo podía servir de “parche” ante una situación “límite”.

Sánchez rechaza una rebaja fiscal: "Sería suicida desarmar el estado de bienestar"

Esta semana, a tan solo unos días de ser entronizado como nuevo presidente del PP, el gallego ha endurecido el tono contra el Gobierno. Ha modulado su oferta de pactos de Estado y ha pasado directamente al ataque. “Si Sánchez quiere engañar a los españoles diciendo que todos nuestros males han empezado hace cuatro semanas, que no cuente con el PP”, aseguró este miércoles ante la prensa, ante la insistencia del jefe del Ejecutivo de vincular el galopante incremento de los precios con el escenario bélico en que se encuentra Europa. “Intentar pactar con decisiones ya publicadas en el Boletín Oficial del Estado es algo absolutamente impropio. Los pactos se hacen para elaborar los acuerdos, no para imponerlos”, añadía Feijóo, que lanzaba un ultimátum a Sánchez: “Si cambia su política económica y su política de gasto, podremos hablar. Si lo hace unilateralmente, comprenderá que no nos pone las cosas fáciles”.

Feijóo salió de la Conferencia de Presidentes con su primer “acuerdo” con el Gobierno como (próximo) líder de la oposición. Aunque lo único que el PP consiguió arrancar a Sánchez fue que la declaración conjunta de La Palma incluyese un compromiso vago sobre rebajas fiscales, el gallego interpretó el gesto del Ejecutivo como un “avance”. “Es un mensaje de esperanza a las industrias y a las familias”, resumió el futuro presidente de los populares. Pero, con el paso de las semanas, el partido ha ido modulando el tono y enfriando la mano que había tendido a Sánchez para firmar el que se hubiese convertido en el primer gran acuerdo entre PSOE y PP de la ‘era Feijóo’, aunque evitan fijar una posición firme en el no.

Los socios de Sánchez se suman al plan

El Gobierno no tiene dudas de que el decreto-ley saldrá adelante y fuentes del Ejecutivo dieron por hecho el apoyo de los socios habituales, ERC, PNV, EH-Bildu y Más País-Equo, que desde la tribuna criticaron el plan por insuficiente pero siempre dejando la puerta abierta a respaldarlo. La mayoría de las críticas fueron destinadas a preguntar quién pagará el plan de choque con llamadas claras a que recaiga sobre los grandes beneficios de las eléctricas y las petroleras.

'Unidad' fue la palabra que más repitió Sánchez en su intervención, con llamadas constantes a lo largo de todo el pleno a aparcar “rencillas y sectarismos” y sumar fuerzas en un momento excepcional. PP, Cs y Vox fueron claros sobre esa oferta de diálogo, dejando claro que no hay negociación, sino un decreto que se les pone sobre la mesa para que lo apoyen sin margen de enmiendas o de mejora. “Es usted como el rey Sol”, dijo el portavoz de Cs, Edmundo Bal. “¿Unidad? Viene usted aquí a pedir apoyo porque yo lo valgo”, dijo Santiago Abascal (Vox).

El presidente aseguró que este es "un plan abierto y dinámico", que incluye aportaciones de los grupos políticos, las comunidades autónomas y los agentes económicos y sociales, y que podría extenderse más allá de junio si la guerra se alarga y no se recupera la normalidad. No concretó cómo meterán mano en los llamados 'beneficios caídos del cielo' de las eléctricas, aunque insistió en que se limitarán sus beneficios. Sí dejó claro que la vía del PP de bajar impuestos no está en su hoja de ruta.

Foto: Moreno y Feijóo, el pasado domingo en La Palma. (EFE/Elvira Urquijo A)

Desde el equipo del presidente, destacaron la solemnidad de su intervención. Sánchez confió en "la inteligencia, la capacidad y el sentido común de los grupos políticos para entender bien la gravedad del momento que vivimos", cuando se toman decisiones "en medio de la profunda irracionalidad de una guerra" y para no perderse "en debates menores ni en rencillas estériles". "Solicito su apoyo. No me parece que pedir unidad sea demasiado pedir. No pierdo la esperanza. Hagamos lo posible, esta vez se lo pido por el bien de España y por el bien de Europa", concluyó el presidente.

El Gobierno no tiene plan B, o al menos eso transmiten. Dan por bueno el plan de choque y confían en una bajada inmediata de los precios de la energía en cuanto puedan, junto a Portugal, limitar el precio del gas. Sánchez se mostró convencido de que en las “próximas semanas” se adoptarán medidas “de impacto muy rápido” no solo de la evolución de los precios de la electricidad, sino también de los costes de la vida. La ministra para la Transición Ecológica habló días atrás de unas cuatro semanas. España y Portugal enviarán esta misma semana la propuesta que se prepara junto a Portugal a la Comisión Europea. Esperan que la aprobación se produzca “en un muy breve espacio de tiempo”. Un paquete que, dijo el presidente, no supone subvenciones al gas, no distorsiona los incentivos a las energías limpias ni altera el mercado europeo. Condiciones todas que tendrá en cuenta Bruselas para dar luz verde a esa ‘excepcionalidad ibérica’.

Fueron ocho intensas horas de debate en el Congreso, con Pedro Sánchez haciendo llamadas a la unidad y al acuerdo para sacar adelante el plan de choque contra los efectos de la guerra. Un decreto-ley que llegó con la noticia previa de la mayor inflación en 37 años. Desde 1985 no se disparaban los precios en una cifra cercana a los dos dígitos (9,8%). El plan nacional deberá ser convalidado por la Cámara Baja, pero tiene fecha de caducidad: la mayoría de medidas decaerán al final de junio. La oposición consideró que el paquete anticrisis era insuficiente y el propio Gobierno ya admite que habría que prorrogarlo si perduran los efectos económicos de la invasión rusa de Ucrania. Los aliados parlamentarios del Ejecutivo dieron a entender su apoyo al decreto, mientras que Vox se descartó con rotundidad. El PP sigue nadando entre dos aguas, pero con mucha más distancia y críticas que en días anteriores.

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