El choque en fiscalidad entre PSOE y PP aleja un acuerdo en el plan de respuesta a la guerra

Las diferencias en fiscalidad entre el Gobierno y el principal partido de la oposición asoman como uno de los principales escollos para alumbrar un "gran acuerdo de país" que responda a las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania y que pretende emular unos nuevos Pactos de la Moncloa, una fórmula que Pedro Sánchez ya intentó en 2020 con motivo de la pandemia para la "reconstrucción" económica y social del país, pero cuyas conclusiones fruto del consenso político quedaron prácticamente en el olvido. Como entonces, y al menos sobre el papel, el llamado Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas de la Guerra, impulsado por el Gobierno, busca un convenio casi inédito entre los dos principales partidos políticos y la participación de todas las fuerzas del arco parlamentario. Pero el proyecto no ha empezado precisamente con buen pie.

En esta ocasión, PSOE y PP han partido de posiciones antagónicas. Si los populares abogan por la eliminación de impuestos para hacer frente a la inflación, rebajando al mínimo los que ya se aplican a la luz y extenderlos a los carburantes, el Ejecutivo ha abierto el abanico de opciones poniendo sobre la mesa alternativas que pasan por promover ayudas del Estado. Tras la primera reunión negociadora entre el Gobierno y el PP, ha quedado constatado que ambas fuerzas coinciden en los objetivos —rebajar los precios del gas, la luz y la gasolina—, pero no en los mecanismos para alcanzarlos. Mientras los socialistas se guardan sus cartas, desde el primer partido de la oposición titubean respecto a la "mano tendida" al Gobierno y ponen en cuarentena su respaldo. Al menos de momento, aunque tampoco ha quedado agendado un nuevo encuentro.

Desde el Ministerio de Hacienda, se pone en duda que la eliminación de impuestos reclamada por los populares para combatir la escalada de precios sea la mejor opción. María Jesús Montero ya allanaba la posición del Ejecutivo incluso antes de iniciarse la ronda negociadora este miércoles para consensuar el proyecto que el Gobierno quiere llevar al Consejo de Ministros el próximo 29 de marzo, cuestionando el planteamiento de los populares “como solución mágica ante cualquier problema durante toda la legislatura”. Solo las actuales rebajas fiscales en la factura de la luz supondrían una merma en la recaudación de entre 10.000 y 12.000 millones de euros hasta final de año y no contendrían la inflación si siguen subiendo los precios. De ahí que se focalicen las expectativas en la reforma del mercado eléctrico para topar el gas.

TE PUEDE INTERESAR

Sánchez y Díaz no sofocan el temor de los socios parlamentarios a un adelanto electoral

Iván Gil

A la caída de ingresos si se baja el IVA de los carburantes y el impuesto especial sobre los hidrocarburos, que más de la mitad se cede a las comunidades autónomas incluidas en el régimen común tributario, se suma la eventualidad de adelantar el aumento del gasto en Defensa para alcanzar el 2% del PIB comprometido con la OTAN. Todo ello generaría un problema de déficit por el que se vuelve a mirar a la UE para mantener la suspensión de las reglas fiscales, como defiende el Gobierno. De lo contrario, asomaría el fantasma de los recortes. Máxime cuando la Comisión Europea ha descartado por el momento crear un nuevo fondo, a través de una mutualización de la deuda, para destinar al gasto en Defensa, al coste de la energía y a la ayuda de emergencia a Ucrania.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistía en el mismo argumento para despejar la bajada de impuestos como la panacea para mitigar la crisis económica. “Podemos bajar impuestos y aumentar las ayudas, pero si no actuamos sobre el origen del problema, que es el funcionamiento disfuncional del mercado eléctrico, tenemos poco margen para poder amortiguar” el impacto económico por la escalada de precios, sostenía ayer durante su comparecencia conjunta con el primer ministro croata, Andrej Plenković, en la Moncloa.

Un encuentro con el que, precisamente, Sánchez ha iniciado otra ronda de contactos con líderes europeos para buscar apoyos de cara al Consejo Europeo de los próximos 24 y 25 de marzo para topar el precio del gas, principalmente, y empujar por mantener la suspensión de las reglas fiscales. Por la tarde se desplazó a Eslovaquia para reunirse con su primer ministro, Eduard Heger, y hoy lo hará a Bucarest, para verse con Nicolae Ciucă. Mañana acudirá a Roma, donde mantendrá un encuentro con Mario Draghi, y los primeros ministros de Portugal y Grecia, António Costa y Kyriakos Mitsotakis, respectivamente. Tras esta reunión viajará a Berlín, para celebrar una cena de trabajo con el canciller, Olaf Scholz, uno de los Veintisiete más reticentes a desacoplar el gas del cálculo del precio de la electricidad, y cerrará la gira el próximo martes en Dublín, con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin.

El jefe del Ejecutivo defiende que la bajada de impuestos o incluso subvencionar la gasolina, como baraja el Gobierno, serían medidas insuficientes sin otras reformas estructurales. En España, según ha argumentado, la producción energética del gas representa entre el 10 y el 15% del total, frente al 45% de las energías renovables, que son más baratas, y es el primero el que justifica la evolución de los precios. La baja de impuestos y la racionalización del gasto tampoco es el camino que defienden los socios minoritarios del Ejecutivo.

TE PUEDE INTERESAR

Sánchez necesitará al PP para subir el gasto militar ante el rechazo frontal de sus socios

Iván Gil

Unidas Podemos está negociando en el seno de la coalición un plan de choque basado en un fuerte incremento del gasto social. Solo la propuesta de un cheque energético de 300 euros costaría alrededor de 5.700 millones de euros. Buscaría beneficiar a 19 millones de hogares y los morados entienden que es "perfectamente viable" y que evitaría la pérdida de poder adquisitivo y la reducción del consumo de los hogares. Otras de las medidas que han propuesto pasan por aumentar el ingreso mínimo vital, incluso por encima de la subida del IPC, hasta en un 18%, o ampliar el bono social en energía para aumentar el número de beneficiarios.

El PP pone en cuarentena su "mano tendida"

El enfado en las filas populares tras su primer toma de contacto con el Gobierno era mayúsculo. "No ha cubierto las expectativas", resumía este miércoles una comedida Cuca Gamarra, que informaba a los medios de que Moncloa no había llevado "ni un papel" a su cita en el Congreso. Tampoco se habían discutido las "medidas específicas" que los populares habían puesto encima de la mesa. El primer partido de la oposición reclama que se ponga el foco en la racionalización del gasto público, comenzando por reducir el número de ministerios, así como "revisar" las cuentas públicas. Según sus cálculos, se podrían reorientar partidas por valor de 60.000 millones sin "mermar los servicios públicos".

Pero la auténtica punta de lanza del PP en la negociación es la rebaja fiscal. Los populares no conciben un plan de respuesta a la guerra sin reducir la presión fiscal, y aseguran que no aceptarán las "trampas" del Gobierno en esta cuestión. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, prometió iniciativas para "bajar el precio de la gasolina, la electricidad y el gas", un compromiso que no implica necesariamente reducir impuestos, tal y como destacan en el PP. De hecho, según fuentes presentes en la reunión de este miércoles, no hubo ni una sola alusión a la rebaja fiscal por parte del equipo del Gobierno.

TE PUEDE INTERESAR

¿Cuánto es un gasto en defensa del 2% del PIB? Superaría todo el déficit de la Seguridad Social

Javier Jorrín

El equipo del PP, capitaneado por Cuca Gamarra tras la salida de Pablo Casado, incidió en su paquete de medidas urgentes, con el foco en la reducción del IVA al 4% en la factura de la energía, el gas y los combustibles o "deflactar" el IRPF para contener la inflación y compensar la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos. Tanto PSOE como Podemos ya rechazaron una iniciativa similar, impulsada por Ciudadanos en el Congreso hace poco más de una semana. Además, el primer partido de la oposición exigió paralizar tanto la subida de las cotizaciones como todas las subidas de impuestos previstas en la reforma fiscal, pero también se fueron con las manos vacías. "Una sonrisa, y adiós", resume un diputado presente en las negociaciones.

Desde el PP, no aclaran si darán su respaldo al Gobierno en caso de que el documento final no incluya ninguna de sus propuestas, sobre todo en materia fiscal. No censuran la intención de Moncloa de promover ayudas directas que repercutan en el bolsillo de las familias y en la protección de los más vulnerables, pero sí entienden que este tipo de medidas deben ser "complementarias" a la bajada de impuestos.

Advierten, además, de que no darán un "cheque en blanco" al Gobierno pese a la fuerte tormenta económica por el conflicto internacional, pero el pesimismo se ha instalado en las filas del primer partido de la oposición, donde creen que Sánchez no volverá a llamar, y que solo lo ha hecho para hacerse la "foto" de cara a Bruselas. "Tomarán sus propias decisiones y luego pedirán que les apoyemos a ciegas", lamentan en el PP.

Otra de las principales críticas de los populares pasa por la gestión de los tiempos que ha hecho el Gobierno. El PP censura que Sánchez no haga "nada" en 15 días para contener la escalada de precios, mientras los socialistas esperan a las conclusiones del Consejo Europeo del día 24 para construir su plan económico para España. "En el peor momento, tenemos al peor Gobierno de España", censuraba este miércoles Alberto Núñez Feijóo en un mitin en Santiago. "El martes hubo Consejo de Ministros, e hicieron como si la guerra no existiera. Han dicho que habrá bajada de precios dentro de 15 días, con o sin Europa. Pues si es con o sin Europa, ¡por qué no bajan los precios ya, por qué no tomamos decisiones ya!", proclamaba el próximo líder de la oposición.

Así las cosas, las dos ópticas con que socialistas y populares conciben la respuesta económica a la guerra anticipan el naufragio de los nonatos 'pactos de país'. Cualquier alianza entre los dos partidos tradicionales obligaría, además, a una reestructuración del Ejecutivo de coalición y a modificar el acuerdo con Unidas Podemos para restar peso a los morados en las negociaciones. Ese escenario, sin embargo, está por ver.