Moncloa no rompe el hielo del espionaje y ERC amaga con tumbar el decreto económico

ERC amenaza con tumbar este jueves el decreto ley con las medidas económicas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania que se ha de votar en el Congreso, a causa de la tibieza del Gobierno a la hora de responder al caso de espionaje de Pegasus. La reunión entre la 'consellera' de Presidència, Laura Vilagrà y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ayer en Barcelona, fue un fracaso y Vilagrà amenazó con "consecuencias graves". Traducción: la batería de medidas para dar respuesta a la crisis desencadenada tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, cuantificada por el Gobierno en unos 16.000 millones de euros, entre ayudas, rebajas fiscales y línea de avales públicos, pende de un hilo.

Por eso Bolaños se trasladó a Barcelona, para acabar asegurando que "el Gobierno tiene la conciencia tranquila". Vilagrà fue mucho más dura. Según ella, la reunión "no fue bien". Además, Laura Vilagrà calificó de "insuficientes y de resultados inciertos" las explicaciones y medidas propuestas por Bolaños. Según la 'consellera' de Presidència, el espionaje de Pegasus a 65 líderes del independentismo es el "más grave que ha habido en la democracia en España". Por eso exigió la "asunción de responsabilidades". Vilagrà no presentó pruebas, pero en su opinión "no hay nadie que dude que España ha espiado a líderes independentistas por el hecho de pensar como piensan" y aseveró que el Gobierno de Pedro Sánchez que no se puede "escudar" en la ley de secretos oficiales.

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El Gobierno convoca la comisión de secretos oficiales e investigará al CNI por el caso Pegasus

E. D.

Bolaño ofreció a la Generalitat una investigación interna del CNI, que el defensor del pueblo abrirá una investigación de oficio y convocar la comisión de secretos oficiales en el Congreso, que lleva años sin reunirse por el veto cruzado de los grupos, en la que podrán participar. Pero la Generalitat no se fía y todo esto le parece insuficiente. Vilagrà sobreactuó tanto que obligó a Bolaños a dejar los móviles fuera de la sala de la reunión, reflejo de cómo fue el encuentro.

El defensor del pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos constitucionales, anunció que actuará de oficio y analiza ya las informaciones sobre una eventual utilización inadecuada de las herramientas de 'software' Pegasus que haya podido poner en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales, en particular los relacionados con el derecho a la privacidad. Dependerá de los datos que para ello le entregue Defensa.

Marco legal vigente

Desde el Ministerio de Defensa se insiste en que todo lo que se ha hecho es absolutamente legal, con la correspondiente autorización judicial pertinente. El problema es que al ser secreto, por ley no se pueden dar explicaciones. Según estas fuentes, "el CNI ha actuado de forma legal, correcta e impecable".

La Generalitat ha planteado una batería de preguntas que sigue sin respuesta

Vilagrà planteó una batería de preguntas a las que por ahora el Gobierno no ha dado respuesta. Entre otras: "¿Cuándo se harán públicos los resultados de la investigación? ¿A cuánta gente ha afectado el espionaje? ¿Quién ordenó las escuchas y con qué objetivo? ¿Quién tenía conocimiento? ¿Qué se ha hecho de la información obtenida y quién la custodia? ¿Cómo sabemos que no nos están espiando ahora y cómo sabemos que no volverá a producirse?".

La mayoría de las intervenciones

Las escuchas y ataques informáticos empezaron en 2017. Pero se intensificaron, y mucho, a partir de marzo de 2020, cuando el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, ya había empezado a viajar a Rusia a contactar con espías rusos. Más allá de la complejidad y dificultad de trazabilidad y de probar la responsabilidad de las escuchas, a partir del desembarco de Alay, Gonzalo Boye y otras personalidades cercanas a los rusos, parece obvio que a partir de entonces no solo el Gobierno español estaba interesado en espiar a los independentistas. En ese momento ya estaba claro que Rusia utilizaba la política catalana como un factor de desestabilización de la UE. A partir de los contactos del independentismo con los servicios secretos rusos, los candidatos a ser responsables de las tareas de espionaje se multiplican. Pero el independentismo no asume ninguna responsabilidad ni tampoco actúa de manera coherente, si de verdad le preocupan las escuchas, más allá de instrumentalizarlas contra el Estado español.