Aragonès deja en el aire la legislatura si Sánchez no explica el espionaje de Pegasus

En mitad de una gran expectación, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, compareció a las puertas del Congreso de los Diputados tras reunirse con los partidos independentistas y Unidas Podemos por el caso de espionaje masivo con el sistema Pegasus a más de 60 dirigentes catalanes. Aragonès encabezó un frente común contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que exigió que mueva ficha de forma inmediata si quiere tener los apoyos de ERC y el resto de fuerzas socios habituales. El presidente catalán exigió que se restaure la confianza, lo que consideró imprescindible para restablecer “cualquier colaboración política”. “Si no hay esta mínima confianza es inviable” que siga existiendo esa colaboración, es “imposible”, enfatizó.

Aragonès eludió aclarar si ERC dará sus votos para convalidar, el próximo jueves, el decreto ley del plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. De lo que no cabe duda es de que mientras que el Gobierno resta importancia y sitúa dentro de la legalidad el supuesto espionaje masivo desde 2017 a 2020 a catalanes y también diputados vascos, los partidos independentistas insisten en que la brecha es profunda y la pérdida de la confianza grave. Aragonès pidió que se depuren responsabilidades y se dé paso a una comisión de investigación en el Congreso que han solicitado hasta diez formaciones, entre ellas Podemos, para que se aclare quién mandó espiar, si había o no resolución judicial para autorizar estas escuchas y qué se hizo con esta información.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno se desvincula del espionaje con Pegasus a políticos sin aclarar el rol del CNI

EFE

Esa comisión de investigación es “un requisito indispensable” para seguir dialogando con el Gobierno, advirtió el presidente de la Generalitat. “No podemos dejarlo pasar, no lo toleraremos”, enfatizó rodeado de una nube cámaras y micrófonos a los pies de los leones del Congreso y dejando muy claro que es “el mayor escándalo de espionaje de la democracia” y que no puede quedar impune. Aragonès habló de un caso “extremadamente grave” que no se diluirá con el paso del tiempo, advirtiendo al Gobierno de que si su estrategia es dejarlo pasar se les volverá en contra.

Desde el Gobierno aseguran que no hay una fecha cerrada para un encuentro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quien han pedido su comparecencia en el Congreso, y el presidente de la Generalitat. Si el Ejecutivo quiere allanar el camino a la aprobación de su plan de choque contra los efectos de la guerra de Rusia se espera que mueva ficha y tenga algún gesto antes del próximo jueves. “La pelota está en el tejado del Estado”, subrayó Aragonès, que se mostró muy ofendido porque se dé menos importancia al espionaje por tratarse de los líderes del ‘procés’. “No hay excusas que valgan. Si consideran que porque somos independentistas no tenemos los mismos derechos”, avisó Aragonès, están empujándolos a que constituyan a la mayor brevedad posible un estado independiente donde sí tengan sus derechos garantizados, advirtió.

TE PUEDE INTERESAR

Abren juicio contra el ex alto cargo del PSOE andaluz que usó dinero público en prostíbulos

EP

El ciberespionaje fue destapado por Citizen Lab, una organización de la Universidad de Toronto, y publicado por 'The New Yorker'. Entre los espiados por el software israelí Pegasus, un programa de ciberespionaje que solo se vende a los gobiernos, figuran los cuatro últimos presidentes de la Generalitat, los dos expresidentes del Parlamento, diputados catalanes y vascos.

PDeCAT, Junts y la CUP su suman al 'frente común'

Otros partidos como el PdeCAT sí que han desvinculado su indignación con el Gobierno de su apoyo a ese plan de choque con medidas para los ciudadanos, asegurando que esta ruptura no significa que vayan a decir que no a todo. La CUP o Junts dejaron en el aire su apoyo al decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 29 de marzo. En el caso concreto del PDeCAT, que cuentan con cuatro diputados en el Congreso, no votarán en contra del plan económico, pero sí ponen en duda si se inclinarán por el 'sí' o por una abstención. "No corre peligro", ha aclarado el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel.

TE PUEDE INTERESAR

Los socios de Sánchez equiparan a Ucrania con el Sáhara y piden una rectificación al Gobierno

Ana Belén Ramos Isabel Morillo

Mucho más crítica ha sido la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, que ha extendido la responsabilidad del escándalo a Unidas Podemos por su puesto en el Ejecutivo de coalición. "PSOE y Podemos tienen que decidir qué hacen", instaba, al tiempo que reafirmaba su respaldo al "frente común" de las fuerzas independentistas -con ERC y Bildu- contra el Gobierno. Nogueras ha puesto en duda el respaldo de su grupo al plan económico de Sánchez, y ha asegurado que el Ejecutivo no se ha puesto en contacto con su formación, ni sobre las escuchas a dirigentes independentistas ni sobre el propio decreto.

La CUP, que desde el principio se mostró distante con el plan anticrisis del Gobierno, ha avanzado que se están "estudiando" las acciones judiciales pertinentes para depurar "responsabilidades". "No puede ser que el Gobierno de PSOE y Podemos siga lavándose las manos", censuran desde la formación.

El 'sí' del PNV y las dudas de Ciudadanos

El que por el momento mantiene su voto afirmativo al decreto económico del Gobierno es el PNV, cuyo portavoz, Aitor Esteban, también se ha puesto en contacto con Pere Aragonès para brindarle el apoyo de su grupo de cara a crear una comisión de investigación en el Congreso. Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha anunciado este jueves que su grupo no votará a favor del plan de Sánchez el próximo jueves, aunque ha evitado aclarar si optarán por el 'no' o la abstención a la espera de que continúen las negociaciones con los socialistas. Los 'naranjas' creen que el conjunto de medidas publicadas por el Gobierno son "insuficientes" en el marco de la crisis económica ocasionada por la guerra, y piden a Sánchez que valore su propuesta de mantener activos los reactores nucleares para frenar la escalada de precios y la dependencia energética.